El abogado Jorge Cash ingresó una una solicitud ante la Contraloría General de la República, para que revise la legalidad del acuerdo suscrito entre el Estado de Chile y la OCDE, para «asesorar» el proceso constituyente.
De acuerdo a Cash, el documento, firmado por el canciller Andrés Allamand y denominado «Acuerdo de acompañamiento técnico del proceso constitucional en Chile», concede facultades «de carácter intrusivas en el ordenamiento interno», cuyo contorno «jurídico y político no es de fácil delimitación».
«No es compatible la valoración personal que hace el Canciller para fundamentar el acuerdo, con frases como que las constituciones europeas son las que consagran de mejor manera los derechos de las personas y particularmente los derechos sociales», agregó el abogado.
En ese sentido, Cash advirtió que el acuerdo «restringe y limita el ejercicio pleno de la soberanía que tendrán los convencionales democráticamente electos que conformarán la próxima Convención Constituyente».
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