Claudio Pontillo, esposo de Katherine Martorell y exjefe de la avanzada presidencial durante el gobierno de Sebastián Piñera, ha sido designado como el nuevo administrador municipal de Santiago, bajo la gestión del recién asumido alcalde Mario Desbordes (RN), pero en 2021, fue oficiado por la millonaria compra de una vivienda por parte de la exsubsecretaria de Prevención del Delito Katherine Martorell.
En 2021, el diputado Rubén Moraga (PC) solicitó a la Contraloría General de la República que investigara posibles irregularidades en la adquisición de una vivienda por parte de la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, y su esposo, Claudio Pontillo. El oficio apunta a una discrepancia entre sus remuneraciones y el valor del inmueble adquirido, que podría revelar irregularidades -según el documento difundido por @BotCheckerCL-.
De acuerdo con el oficio presentado, Martorell y Pontillo compraron el 15 de mayo de 2020 una propiedad ubicada en la comuna de Las Condes. El valor de la vivienda, según el certificado del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, fue de 13.500 Unidades de Fomento (UF).
La denuncia del diputado señala que la propiedad, posiblemente no calificaría bajo el régimen de inmuebles adquiridos a través del DFL2, lo que acrecienta las dudas sobre el origen de los fondos empleados en la transacción. «Por las razones esgrimidas (…), es que solicitó, se investigue la forma en la cual se adquirió el bien inmueble», señaló Moraga en el oficio.
El Ciudadano tuvo acceso a los documentos del oficio emitido por Contraloría -los que fueron obtenidos por Transparencia-, en donde se señala que la Declaración de Intereses y Patrimonio presentada por la denunciada, correspondiente a su actualización anual del año 2021, se informa que la propiedad en cuestión, un monto de tiene un avalúo fiscal de $179.776.716, precisando que es propietaria de un 50% del inmueble, registrando la existencia de gravámenes y prohibiciones que la afectan, declara además un nuevo pasivo de tipo hipotecario, el cual asciende a $185.704.216, del cual se infiere que corresponde al medio de financiamiento para adquirir la propiedad en cuestión.
El documento aclara que en base a las revisiones ejecutadas fue posible constatar que el avalúo fiscal declarado coincide con el valor definido por el Servicio de Impuestos Internos respecto a la propiedad en cuestión. Además de la declaración de porcentajes, gravámenes y pasivos asociados por parte de la subsecretaria llevaron a concluir a que no se observan incumplimientos normativos.
Sin embargo, Contraloría determinó que cualquier eventual discrepancia entre las rentas percibidas por la autoridad denunciada y su capacidad financiera para realizar la adquisición en cuestión corresponde al ámbito de acción del Servicio de Impuestos Internos (SII). Según el documento, la Contraloría, conforme al artículo 14 de la Ley N° 19.880 que regula los procedimientos administrativos, remitió la presentación al SII, indicando que este organismo es el encargado de resolver el caso y responder directamente al diputado que realizó el requerimiento, con copia a la Contraloría.
«Es una cuestión que se encuentra en el ámbito de competencia del Servicio de Impuestos Internos, motivo por el cual esta Contraloría General cumple con remitir al citado servicio copia de la presentación de la especie, por corresponderle resolver a su respecto«, señala el escrito. Además, se establece que el SII deberá entregar una respuesta formal sobre el asunto al parlamentario Moraga, garantizando la debida transparencia en el proceso.