La Contraloría detectó que dos helicópteros AS532 Cougar, comprados entre el 2013 y 2014 por el Ejército, por el valor de 60 millones de dólares, se pagaron con un sobreprecio de 8,6 millones de dólares, equivalentes a unos 6.782 millones de pesos chilenos.
Ante esta situación, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella criminal contra quienes resulten responsables por el delito de fraude al fisco.
Entre los involucrados se encuentran C&M, compañía cuyo representante es Virgilio Cartoni, uno de los principales proveedores de la entidad castrense bajo la administración del excomandante en jefe del Ejército de Chile, Juan Miguel Fuente-Alba
La Unidad de Investigación de BioBioChile reveló que la Brigada de Aviación del Ejército de Chile (BAVE) desembolsó, además, “millonarios sobrepagos por concepto de repuestos y otros servicios a la empresa C&M”.
Por esta razón, el Consejo de Defensa presentó la acción legal ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y se acusó a funcionarios públicos militares de concertar compras de las piezas por intermedio de la empresa C&M, “aumentando ficticiamente su valor y, de este modo, defraudando al Fisco-Ejército de Chile”.
Según refiere la investigación, en 2011, el Ejército buscaba aumentar la dotación de helicópteros militares.
Para esta tarea, estaban encargados el mayor Sergio Vilches y el teniente coronel Orlando López, quienes encabezaron el proyecto “Rotor”, que tenía como fin adquirir dos nuevas aeronaves y completar la flota de 10.
Entre 2013 y 2014, el Ejército concretó la compra de ambas aeronaves a Eurocopter S.A. y Airbus Helicopters, respectivamente, por un total que bordeaba los 60 millones de dólares. Ambas firmas representadas en Chile por C&M, la compañía del propio Cartoni.
Aunque existían sospechas, fue en 2018 – cuatro años después – que la Contraloría develó un informe, titulado Sobre Auditoría y Examen de Cuentas en la Brigada de Avión del Ejército de Chile, donde se reveló el sobreprecio de ambos helicópteros, por el monto de 8,6 millones de dólares.
Según consta en la acción legal, el Ejército pagó un total de 57,4 millones de dólares por ambas naves, en circunstancias que “requerida información a la Fuerza Aérea de Chile, se verificó que esa institución cotizó el mismo tipo de aeronaves en los años 2010, 2015 y 2016 por una cifra total de 48,7 millones dólares”.
Además, se detectaron sobreprecios en la adquisición de repuesto por la suma de 222.000 dólares, a lo que se le suma 3.285 millones de pesos para la adquisición de repuesto entre 2014 y 2015 a C&M.
A su vez, se determinaron sobrevaloraciones en productos cuyos pagos aún no se han concretado, respecto de repuestos adquiridos y entregados a la Brigada de Aviación sin orden de compra, por otros 215.000 dólares, refiere la investigación publicada por el portal.
La “justificación” del Ejército
Tras presentarse la querella, la “respuesta” del Ejército fue que la compra se hizo por una cotización de la plataforma Keycopter – que tiene su casa matriz en Francia – y está los precios en euros.
Esta empresa – se excusó el cuerpo castrense – aumentó el precio final debido al pago de fletes, seguros, licencias y su llegada hasta el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, refiere el portal.
Sin embargo, la empresa Airbus declaró que, hacia Santiago, y al valor de 2018, solo se consideraba un 5% adicional a cada ítem, por lo que no coinciden el costo total con lo pagado por la BAVE.
Por esta razón, consigna el portal, el CDE busca -entre otras diligencias- que se oficie al Ejército a fin de que remita sumarios administrativos, se ordene una pericia contable y se cite declarar, por ejemplo, a altos ejecutivos de las empresas.