Nuevo informe comprueba una vez más que Anglo American vulneró el derecho a huelga de sus trabajadores

La Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente acogió una denuncia por vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores interpuesta en contra de la minera Anglo American S.A. por la Federación de Trabajadores Sindicalizados Nº 1 Los Bronces, confirmando que la firma tergiversó información para deslegitimar a la organización y tomó represalias en contra de sus miembros.

Lo anterior, en el contexto de la paralización que se llevó a cabo en la ex Disputada Las Condes entre el 25 y 31 de noviembre de 2016, que buscaba obtener respuesta a un petitorio con demandas sociales y económicas de la asociación, la cual representa a 20 sindicatos de empresas contratistas.

Según los antecedentes obtenidos por El Ciudadano, la fiscalización comprobó que Anglo American afectó el derecho a negociar colectivamente de los trabajadores y obvió el rol de representación de la Federación, lo cual contrarió «la buena fe» y «significó en parte de los casos, una imposición de condiciones de forma unilateral».

Esto porque Anglo obligó a sus empleados a firmar anexos individuales que contenían los beneficios negociados por la Federación, todo bajo amenaza de despido y restricción de acceso a la faena, «dejando de paso disminuido con ello, en gran medida, el carácter consensual del contrato de trabajo», arguye el informe del abogado Claudio Salas González, de la fiscalía de la DT Regional.

El servicio concluyó que el solo hecho de suscribir anexos individuales o acuerdos de condiciones laborales con los sindicatos de base por parte de los contratistas, «no es reprochable en sí mismo, pero sí lo es la existencia de presiones por parte de Anglo American Sur para la suscripción de dichos acuerdos, más aun atendido el contexto en el cual se realizan, toda vez que es evidente la existencia de un proceso de negociación llevado adelante a nivel superior por los mismos beneficios pactados».

En virtud de aquello, señaló que «todo parece ser una decisión motivada como represalia hacia la organización sindical por la paralización realizada».

Refiriéndose a la procedencia de la movilización, la DT precisó que la Corte de Apelaciones de Santiago ha indicado en fallos de sus ministros que «la huelga se trata de un derecho fundamental, cuyo fundamento se sustenta en tratados internacionales de derechos humanos», y que por tanto el paro de Los Bronces «fue la manifestación de un derecho fundamental» que convierte en ilícito las represalias que se pudieron constatar en el proceso.

El informe del abogado Salas vuelve a golpear la credibilidad de la empresa, que en sus descargos acompañó una serie de fotografías de barricadas, una maquinaria quemada y neumáticos pinchados, para alegar el supuesto «carácter delictivo» de la jornada de paralización.

La DT indicó que «no hay constancia de la fecha de las imágenes, su autenticidad, ni tampoco la autoría de los hechos que en aquellas se exhiben», y por ende, es imposible «calificar la paralización en sí misma como un hecho de carácter delictual, ni atribuir a la Federación como persona jurídica responsabilidad panela al respecto, siendo la responsabilidad en estos casos individual y no correspondiendo las represalias tomadas por Anglo American hacia el colectivo la vía idónea para sancionar aquellas conductas».

Otro hecho detectado fue una «instrucción por parte de Anglo American, reconocida por parte del Gerente General de la compañía», para que las empresas contratistas requirieran la firma de declaraciones juradas a sus trabajadores en las que manifestaban, falsamente, que habían sido «secuestrados en contra de su voluntad» durante el paro.

Cabe señalar – como informó este medio el 30 de enero del presente – que en otro informe elaborado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en el marco de un recurso presentado por Anglo en contra de la misma Federación, el gobierno tildó las acusaciones que hablaban de presuntos secuestros como «exageradas», «arbitrarias» e «infundadas», expuestas en un «tenor exacerbado» que implicó una «tergiversación de la gravedad de los hechos».

En tal oportunidad, contrario a lo que la empresa argumentaba ante la justicia, los organismos técnicos no pudieron probar que «la imposibilidad de contar con cal para el tratamiento de relaves tuviese como consecuencia inmesurable e inmediata la contaminación de los cauces de agua que son afluentes del Río Mapocho».

En este sentido, manifestó el abogado Luis Correa Bluas, el hecho que más afectó la posición de Anglo y que posteriormente la hizo desistirse del recurso, fue que “tras la intervención de la fuerza pública en la zona, se constató que sólo habían 4 camiones disponibles para trasladar cal hacia las faenas mineras, y no los 10 que deberían haber estado disponibles para tales efectos… Todo esto da cuenta de una exageración de la empresa».