¿Nuevo perdonazo a la industria salmonera? Solo el 20 % de concesiones acuícolas en condiciones de caducar fueron revocadas

Solo 78 de 428 concesiones acuícolas fueron caducadas por la Subsecretaría de FFAA, lo que ha generado reacciones críticas desde organizaciones y comunidades sobre falta de sanciones hacia salmoneras, denuncias que vienen exigiendo una mayor fiscalización de la industria desde el 2022.

¿Nuevo perdonazo a la industria salmonera? Solo el 20 % de concesiones acuícolas en condiciones de caducar fueron revocadas

Autor: Seguel Alfredo

Subsecretaría de de FF.AA caduca 78 concesiones salmoneras

La Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SS.FF.AA.) anunció la caducidad de solo 78 de las 428 concesiones acuícolas analizadas durante los últimos tres años, informó el Subsecretario Galo Eidelstein a Prensa Austral. Según la autoridad, en los restantes 350 casos no se verificaron incumplimientos punibles, pese a denuncias reiteradas por organizaciones ambientales desde 2022.

El informe de la Contraloría General de la República (CGR) emitido en agosto de 2024 resaltó graves deficiencias en la fiscalización de 170 centros de cultivo de salmones inactivos. La CGR señaló que Sernapesca no comunicó dichas situaciones a la SS.FF.AA., obstaculizando la declaración de caducidad. El documento también subrayó que 79 procesos relacionados con centros inactivos siguen pendientes desde 2016, mientras otros 36 excedieron los plazos legales.

“El procedimiento es altamente técnico y complejo,” justificó Eidelstein ante las consultas por las irregularidades detectadas por la Contraloría. Sin embargo, las organizaciones denunciantes argumentan que las autoridades han actuado con negligencia al no sancionar casos evidentes de caducidad, como paralizaciones de más de dos años, estipuladas en la Ley General de Pesca y Acuicultura.

En junio de 2022, la Fundación Terram solicitó evaluar la caducidad de 646 centros de cultivo inactivos en las regiones de Los Lagos, Aysén, Magallanes y la Antártica Chilena. Según el informe de la CGR, Sernapesca no respondió al requerimiento ni tomó acciones tras las reiteraciones hechas en noviembre de 2023.

Cabe recordar que durante gran parte del año 2023 y 2024, organizaciones de Chiloé, Aysén y Magallanes sostuvieron reuniones con subsecretarías de Medio Ambiente, Pesca y FF.AA, además de participaciones en comisión de Pesca de la Cámara de Diputados y Diputadas, insistiendo en que se investigue y se sancione a los responsables.

Según la reciente publicación de Prensa Austral, en julio de 2022, el subsecretario Eidelstein solicitó un informe respecto del estado de las hipotecas acuícolas en el país.”Dicho informe, apunta que 587 concesiones acuícolas estarían hipotecadas a bancos internacionales y nacionales, con compromisos de miles de millones de euros, lo que implica una nueva dificultad para su caducidad”, consigna el medio.

Agrega Prensa Austral: “Según este mismo informe, a junio de 2022, en la Región de Los Lagos había 233 concesiones que estaban hipotecadas; en Aysén encontraron 277 en esta condición y en Magallanes 77 de las 133 concesiones acuícolas”.

Sin embargo, sobre esta situación, el subsecretario se limitó a responder al medio patagónico que “las hipotecas deben ser registradas en el Registro de Concesiones de Acuicultura, de competencia de la Subpesca», haciendo entrever que que «no se aplicarán las causales de caducidad de las concesiones y autorizaciones de acuicultura sobre las cuales se haya trabado embargo o dictado una medida prejudicial o precautoria fundada en la hipoteca, entre la fecha de la resolución que los decrete y la fecha de inscripción de la concesión o autorización del nuevo titular que se la haya adjudicado en venta forzada», consigna Prensa Austral.

¿Nuevo perdonazo a la industria del salmón?

Por su parte, organizaciones como Defendamos Chiloé cuestionaron la falta de acción institucional y calificaron la caducidad parcial como un perdonazo. En un comunicado público, denunciaron la complicidad de organismos estatales para proteger concesiones hipotecadas en bancos internacionales y facilitar la sobreproducción ilegal.

“Tras más de 2 años de la primera presentación del caso , múltiples reuniones con organismos del Estado, con autoridades , la subsecretaría de FFAA , a cargo del tema , entregó el resultado del estudio de más de 400 concesiones de salmones en causal de caducar (…) El Subsecretario Galo Eidelstein entregó las cifras resultantes de la revisión de más de 400 concesiones salmoneras , arrojando que solo 78 de estas (cerca del 20%) fueron caducadas”.

Agrega Defendamos Chiloé: “Cerca del 80% podrán continuar su actividad. ¿Es esto un nuevo perdonazo del Gobierno  a la industria? ¿Cuáles fueron los criterios para esta decisión?, se pregunta la organización.

También comenta: “La opinión pública necesita saber qué pasó en esta revisión entre 4 paredes. Vergonzoso que hasta aquí no hay ninguna sanción en los años en que este caso caducidades tuvo salmoneras operando fuera de la normativa vigente”.

Denuncia de larga data.

Más de una treintena de organizaciones y comunidades de la Patagonia se manifestaban por estos hechos en julio de 2024: “La situación permite sospechar de corrupción y colusión, ya que muchas salmoneras operan sin resoluciones ambientales, excediendo sus proyectos técnicos. Este es un caso de elusión ambiental a gran escala,” declararon. Además, recordaron las denuncias contra empresas como Mowi, Aquachile y Cermaq, entre otras, por actividades ilegales desde 2022.

El informe de agosto de la Contraloría General de la República,  también instruyó a la SS.FF.AA. y Sernapesca iniciar procedimientos disciplinarios para determinar responsabilidades administrativas por la inacción. Hasta ahora, ninguna otra entidad pública ha anunciado proceso alguno y tampoco se han derivado los antecedentes al Ministerio Público.

Cabe recordar, que el conflicto escala desde 2022, cuando grupos de Patagonia comenzaron a exponer irregularidades en concesiones acuícolas. Pese a la gravedad de las denuncias, no se han aplicado medidas concretas para sancionar ni revertir el daño ambiental asociado a las operaciones de la industria.

 “El Estado no puede seguir permitiendo que estas empresas operen bajo un manto de impunidad,” señalaban las organizaciones en el comunicado público, sobre este caso como parte  de los conflictos ambientales y sociales en el sur de Chile que vinculan a la industria acuícola.


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