En el marco de la ley que despenaliza el aborto en tres causales, el ministro de Salud, Emilio Santelices, rectificó el reglamento que impulsó a principios de este año con la instalación del gobierno de Sebastián Piñera, cuando firmó un decreto que modificaba el protocolo emitido por la anterior administración de la ex presidenta Michelle Bachelet, ratificando finalmente que se limitan los fondos públicos para aquellos recintos asistenciales que se declaren objetores de conciencia.
Tras conocerse la publicación en el Diario Oficial del Decreto Supremo Nº 67, la diputada del Partido Por la Democracia (PPD) y miembro de la Comisión de Familia y Adulto Mayor, Carolina Marzán, sostuvo que “en definitiva, es así como siempre debió ser, no puede haber objeción de conciencia, ni sobreponer valores personales en cuestiones de salud pública y resultaba totalmente impensable una objeción de instituciones”.
“Yo no quiero sentir que el ministro (Santelices) veía desde una posición lejana estos temas, no quiero pensar que el protocolo era una vulneración deliberada de los derechos y autonomía de las mujeres, que las dejaba en total indefensión ante un protocolo injusto, que más allá que de las consideraciones de salud pública también se debe considerar el involucramiento emocional y el dolor de tomar esta decisión”, añadió la parlamentaria.
Bajo esa lógica, Marzán sostuvo que el Estado debe velar siempre por la integridad de todos los ciudadanos: “El desamparo ante el cual el Estado no puede mostrarse indolente, por lo tanto, lo que debe primar es la empatía, es el ponerse en la piel del otro y saber que no se pueden anteponer valores de manera injustificada cuando se involucra el derecho a la salud pública, a la certeza que no se es delincuente por abortar”, concluyó la diputada.
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