La iniciativa conocida como «ley anti-encapuchados», que fue presentada por los diputados Gabriel Silber, Daniel Farcas, Gonzalo Fuenzalida y Marcela Sabat, comenzará a ser discutida durante la tarde de este miércoles en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja.
La propuesta fue aprobada en general el pasado 21 de junio por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara con 7 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, lo que terminó por dar luz verde al proyecto que busca modificar el artículo 494 del Código Penal, estableciendo la posibilidad de detener a quien «con ocasión de alteraciones al orden público, oculte su rostro para evitar su identificación”, y sumando una multa de entre 1 a 4 UTM.
La iniciativa ha sido comparada con la llamada «Ley Hinzpeter» que fue propuesta durante el gobierno de Sebastián Piñera y finalmente terminó siendo rechazada luego de dos años de tramitación. De la misma manera, la «ley anti-encapuchados» ha acaparado las críticas de diversas organizaciones en defensa de los derechos humanos, así como del propio Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que se ha manifestado contrario a su aprobación.
En entrevista con ElCiudadano.cl, Marta Cisterna, coordinadora de la Comisión de Observadores de Derechos Humanos de la Casa Memoria José Domingo Cañas, quienes trabaja en las calles observando los hechos acontecidos en las movilizaciones, dio a conocer sus críticas al proyecto.
«Es un proyecto absurdo que apunta a seguir criminalizando la protesta social, pero nos resulta extraño porque ya existe una normativa relacionada con los encapuchados: el artículo 85 del Código Procesal Penal, que es el control de identidad. Ahí dice claramente que en el caso de que haya personas encapuchadas, el funcionario policial está obligado a hacerle un control de identidad», señala Cisterna.
La ambigüedad de la norma es otro de los flancos de crítica, ya que la ley señala que cualquier persona -que esté en un hecho de «alteración al orden público», a juicio de un Carabinero- podrá ser detenida y sancionada por el hecho de cubrir su rostro, lo que no siempre responde al objetivo de delinquir.
Así lo explica la observadora de DD.HH: «Hay mucha gente que cubre su rostro en las manifestaciones por la cantidad de químicos que están tirando a la población, porque hay una guerra química contra la ciudadanía, no sólo contra el manifestante. Entonces la gente se ve obligada a cubrir su rostro porque no se soporta de otra manera y en medio de eso efectivamente hay algunas personas que cubren su rostro para cometer delitos».
LA FALTA DE ACCIÓN DE CARABINEROS ANTE ENCAPUCHADOS
En diversos momentos críticos de represión al movimiento estudiantil, los dirigentes sociales han asegurado que Carabineros no pone especial cuidado en controlar a los grupos de encapuchados que provocan desórdenes, lo que parece contradictorio debido a la vinculación que hace la autoridad en estos casos.
Marta Cisterna ejemplifica con lo ocurrido en la manifestación del 21 de mayo en Valparaíso, donde falleció el trabajador municipal Eduardo Lara, a raíz del incendio que habría comenzado tras un supuesto ataque de bomba incendiaria.
«En Valparaíso para el 21 de mayo que fue súper evidente. Cerca de Plaza Victoria, frente a una tienda de Ripley, había 7 ó 10 personas con capucha rompiendo los vidrios y Carabineros estaba a 30 ó 50 metros con todos sus arietes y no hicieron absolutamente nada. Después fueron y detuvieron a la gente que se manifestaba pacíficamente en la plaza», denuncia.
En este contexto, señala la observadora de Derechos Humanos: «No hemos visto que Carabineros tenga preocupación particular por las personas que delinquen en una manifestación. Hacen vista gorda y lo hemos denunciado. La actitud es dejar hacer a esos grupos, que son pequeños». Justamente, el triste episodio ocurrido en el puerto durante el día de la cuenta pública es el argumento que los parlamentarios utilizaron en la presentación del proyecto.
Para muchos, la propuesta representa una vieja estrategia empleada en Chile y la región para criminalizar al movimiento estudiantil. Así lo recalca Hervi Lara, coordinador de la Comisión Ética Contra la Tortura.
«Es un viejo truco que las policías han empleado en América Latina para desvirtuar los movimientos sociales y políticos contrarios a los regímenes de turno. Todo el mundo se pregunta por qué Carabineros nunca detiene a los encapuchados que están en las manifestaciones y la prensa se esmera en mostrar esas situaciones», argumenta.
En opinión de Lara, la iniciativa no tendrá ningún efecto real «porque el problema no radica en esa situación. Es mas bien un efecto, un síntoma de un problema mucho más de fondo. Hay alrededor de 750 mil jóvenes entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan».
La propuesta también recibió las críticas de Lorena Fríes, ex directora del INDH, quien señaló que hay delitos dentro del Código Penal que establecen sanciones para aquellos que oculten su identidad, por lo que la nueva normativa sería innecesaria.
LA IMPUNIDAD DEL ABUSO POLICIAL SE MANTIENE
Desde los puntos más álgidos del movimiento estudiantil, vividos en 2011, la discusión sobre la violencia de la protesta ha estado en el tapete de los medios de comunicación y la clase política.
De la misma forma, los estudiantes y organizaciones defensoras de DD.HH han realizado numerosas denuncias sobre los cuestionables protocolos de la policía, que en ocasiones han terminado en experiencias de abuso y torturas.
El argumento de la clase política para explicar la falta de acción de Carabineros ante los grupos específicos de encapuchados apunta a señalar que no cuentan con las herramientas necesarias, lo que ha provocado la presentación de leyes de este tipo. Durante esta semana, incluso, comenzó a regir el control de identidad preventivo y la institución ya aseguró haber realizado 2 mil controles en la Región Metropolitana durante sus primeros días.
Sin embargo, ha escaseado la preocupación de las autoridades a la hora de establecer responsabilidad y actuar ante la evidente situación de abuso policial que se vive en las manifestaciones.
«Lo que nosotros vemos es que las policías tienen protocolos de acción que no son tan públicos y que además generalmente tienen que ver con el criterio o descriterio de la institución. No es un tema de casos aislados, ellos están mandatados y se les está dando más poder para que sigan funcionando con impunidad«, sentencia Marta Cisterna.
Los observadores de DD.HH aseguran que estos derechos fundamentales de la sociedad están siendo violados sistemáticamente por Carabineros y que, por lo tanto, «las policías están siendo amparadas por el Estado para que hagan y deshagan. Esto tiene un objetivo político, que es criminalizar a los movimientos sociales».
Desde la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT) aseguran que los hechos de violencia policial han sido denunciados una y otra vez, sin resultados consistentes. «Las autoridades siempre dicen que van a tomar medidas, nos reciben muy bien, pero naturalmente nunca han hecho nada porque a lo que más temen los represores siempre es a que se hagan públicas sus represiones y delitos», sentencia Lara.
Este tipo de iniciativas, señalan las organizaciones en defensa de los Derechos Humanos, están hechas para incrementar el miedo en la población y desmovilizar.
«Son leyes de represión para impedir y crear miedo en la población y lo consiguen. El respaldo al movimiento estudiantil ha bajado y es comprensible por la propaganda en contra que hay», reflexiona el coordinador de la CETC.
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