Los motivos que determinaron que el 22 de julio fuese el “Día mundial contra la minería a cielo abierto” se han ido acumulando a través de la historia de esta actividad en el planeta. Ha sido principalmente la creciente conciencia socioambiental y de derechos humanos, sumada a la evidencia científica, la que ha puesto a la minería entre las actividades mas contaminantes y destructivas del mundo.
También, y por eso mismo, la creciente resistencia y oposición de las comunidades afectadas por proyectos de extracción minera han dado forma a la conflictividad socioambiental y a la falta de licencia social que caracteriza a la minería en el mundo.
Sólo en América Latina existen 277 conflictos mineros sistematizados y con información que da cuenta del rechazo de las comunidades a esta actividad en la región (ver https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db-v2/). En los últimos tiempos se ha mencionado además la relación entre minería y cambio climático, despertando alarmas sobre la incidencia de la actividad en la crisis climática global.
Se suma a lo anterior el efecto de la pandemia que golpea a la humanidad. La incidencia de contagios y riesgos provocados por el funcionamiento de actividades mineras, contra toda lógica de cuidado y limitación de la expansión del virus, se transforma en una de las preocupaciones, sobre todo en aquellos centros de población con alta incidencia de actividades mineras. Allí han aumentado los contagios de forma exponencial.
Ya es conocido que los territorios intervenidos por la minería son más vulnerables ante la pandemia, por falta de agua y por contaminación. Esas condiciones fragilizan la condición de salud de la población para enfrentar la necesaria prevención de la pandemia. Tal vez, el caso mas dramático se ubica en la localidad de Calama, en el norte de Chile, afectada por el funcionamiento de grandes empresas mineras, entre las que se destaca la estatal Codelco, que a nivel nacional, al 10 de julio, sumaba casi 3.000 trabajadores contagiados y ocho fallecidos (Fuente: Diario Financiero del 10 de julio).
No se quedan atrás Brasil y Perú, que junto a Chile han sido países que han permitido el funcionamiento de la minería a pesar de las alertas sobre los riesgos de tal disposición.
Las medidas de bioseguridad implementadas para el control de contagios entre trabajadores mineros han sido insuficientes a la luz de los resultados de contagios en ese sector extractivo.
Frente a la indolencia de los gobiernos extractivistas, han surgido llamados urgentes de autoridades locales y nacionales para imponer medidas altamente restrictivas a la minería. El ultimo, nuevamente en Chile, fue de un grupo de parlamentarias y parlamentarios que llamó a decretar cuarentena para la minería por dos semanas.
Por otro lado, comunidades afectadas por proyectos mineros han mantenido su rechazo con manifestaciones físicas y virtuales, frente a una verdadera arremetida de las empresas mineras usando la emergencia para ganar terreno, sobre todo en aquellas localidades donde la falta de licencia social es uno de sus mayores problemas.
Por ello, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL, consciente de los riesgos de la minería en las circunstancias que se viven producto de la pandemia, lanzó una Red de Vigilancia sobre Minería y Covid-19 para dar cuenta de los efectos de la actividad en esta nueva realidad y al mismo tiempo dar a conocer la situación en varios países de la región.
Hoy presentamos la primera versión, esperando actualizar periódicamente la información y hacer de esta forma un llamado a estar alertas frente a los intentos de empresas y gobiernos de usar la excusa de la pandemia para ampliar las actividades mineras.
Vea el informe acá: https://www.ocmal.org/red-de-vigilancia-ocmal-mineria-y-covid-19/
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