El diputado Fidel Espinoza ofició a la directora nacional de Gendarmería, Claudia Bendeck, para conocer el tratamiento institucional al caso de Linda Cerpa Mena, teniente que en el año 2015 denunció ser víctima de tratos vejatorios y humillantes en la ciudad de Copiapó, de parte de un grupo de oficiales.
El caso adquirió ribetes penales cuando Cerpa dio a conocer a su mando las conversaciones de un grupo de WhatsApp denominado “El Club de Toby”, donde oficiales de la institución se referían a ella en términos sexistas y discriminatorios. Pero no solo eso, puesto que un subteniente había compartido en el mismo espacio imágenes de una menor de edad teniendo relaciones sexuales, hecho que llevó a la institución a derivar los antecedentes al Ministerio Público para iniciar una investigación penal por distribución de material pornográfico infantil.
Espinoza solicitó además a Gendarmería explicaciones por la nula respuesta a los requerimientos presentados por Linda Cerpa, así como por las razones por las cuales se la denunció al sumario, “sin mediar el mismo celo profesional respecto a los oficiales agresores”. También pide conocer las medidas sancionatorias para los oficiales involucrados en el caso de tenencia y distribución de pornografía infantil y por acoso sexual y laboral.
El caso
En enero de 2016, El Ciudadano reportó una denuncia realizada por la Asociación de Funcionarios Profesionales de Gendarmería respecto de la red de protección a oficiales que acosaron a una funcionaria en la “unidad de Copiapó”. En esa nota, se mencionaba que un grupo de oficiales estarían involucrados en una red de distribución de pornografía infantil.
En mayo de ese año, el entonces director nacional de Gendarmería, Tulio Arce, ordenó abrir un sumario administrativo para conocer la identidad de las fuentes del periódico El Ciudadano que revelaron detalles de una investigación por supuesto acoso laboral y distribución de pornografía infantil que involucra a oficiales de la Región de Atacama.
De acuerdo a la investigación que este medio realizó en aquella oportunidad, se supo que uno de los puntos que Arce ordenó investigar fue la filtración de un proceso interno que se instruyó a fines de 2015 en la ciudad de Copiapó, respecto al trato vejatorio y humillante denunciado Linda Cerpa Mena.
Ese mismo mes, el fiscal adjunto de Copiapó, Christian González, confirmó la existencia de una investigación que busca establecer responsabilidades penales en el caso que mantiene bajo sumario a un oficial de Gendarmería, acusado de enviar a colegas un video que muestra a una menor teniendo relaciones sexuales.
Al mes siguiente, la Contraloría General de la República ordenó a Gendarmería de Chile conceder una asignación de residencia a la subteniente Linda Cerpa Mena, quien denunció ser víctima de acosos laborales en Copiapó, luego de que la institución decidiera trasladarla en compañía de su cónyuge a la Región de Los Ríos.