En días pasados la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a los cuestionamientos que han surgido hacia la Comisión contra la Desinformación, que fue anunciada a través de un decreto ley el pasado 12 de mayo. La secretaria de Estado señaló que se han dicho «muchas falsedades» sobre la iniciativa y recalcó el carácter transitorio y no vinculante que tendrá la comisión.
En ese contexto, la ministra consideró que «es muy llamativo que se hayan construido muchas falsedades entorno a esta comisión, se ha dicho que se va a imponer lo que es verdad y lo que es mentira que es casi como crear un Ministerio de la verdad y eso no es lo que está en el decreto de esta comisión».
Vallejo señaló que el trabajo de la Comisión contra la Desinformación buscará «hacerse preguntas» respecto al fenómeno de las noticias falsas en el mundo y elaborar propuestas para enfrentarlo. Estas propuestas, sin embargo, no se traducirán en medidas llevadas a cabo de manera unilateral por el Gobierno, sino que deberán ser discutidas en el Congreso Nacional.
«Es una comisión transitoria que tiene por objeto emanar dos informes o propuestas que van a ser públicas y transparentes, que vienen desde la comunidad científica. Es un aporte al debate para que después venga un debate que obviamente es público y es político», explicó.
Cabe recordar que la comisión es una entidad creada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, con el objetivo de asesorar en el análisis del fenómeno global de la desinformación y su manifestación a nivel local. Es de carácter temporal y está compuesta por académicos y profesionales que ejercen sus funciones ad-honorem , y cuyo desempeño no implica la creación de un cargo público.
Las funciones de la comisión incluyen:
-Recomendar medidas que contribuyan al desarrollo de la política pública sobre la base del análisis de la relación entre la desinformación y el debilitamiento de la democracia.
-Asesorar técnicamente la participación del Ministerio en el Hub de Desinformación de la OCDE y en las instancias internacionales relevantes para la temática de la desinformación y su impacto en la democracia.
-Elaborar informes de actividades que contengan las propuestas o conclusiones que surjan en el marco de su funcionamiento, proponer recomendaciones y resolver consultas sobre las temáticas señaladas.
OCDE respalda Comisión contra la Desinformación
Si bien la derecha y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) han advertido que subsisten «luces de alarma» por las funciones que tendrá la Comisión contra la Desinformación que podría afectar las libertades de prensa y de expresión, desde la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han saludado su conformación.
La primera sesión de la Comisión Asesora, que tuvo lugar el pasado martes 11 comenzó con un video enviado por Julio Bacio Terracino, jefe de la División de Integridad del Sector Público de la OCDE, que fue proyectado a los 9 integrantes de la iniciativa: Lionel Brossi, Claudio Elórtegui, Ingrid Bachmann, María José Escobar, Patricia Peña, Juan Carlos Lara, Pedro Anguita (que partició de manera remota), Paulina Ibarra y Fabián Padilla.
Entre los acuerdos más relevantes de dicha reunión, resaltan el alcance de la comisión al “estudio y análisis del fenómeno de la desinformación en plataformas digitales, excluyendo del análisis los medios de prensa”.
Apoyo de relatora de la ONU
Irene Khan, relatora especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU, también brindó su apoyo a la Comisión contra la Desinformación y envío un saludo a todos los comisionados.
En su mensaje, destacó la a necesidad de hacer frente a este fenómeno global mediante respuestas multidimensionales y multipartitas. Señaló que la iniciativa chilena no sólo reúne a académicos y expertos, sino que también a voces de la sociedad civil.
Khan planteó que se requiere el compromiso activo del Estado, las empresas, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y los medios de comunicación, destacando especialmente la necesidad del diálogo y la colaboración entre las partes interesadas.
De igual modo, recomendó que la información mediática y la alfabetización digital formen parte de los programas escolares nacionales en todos los países del mundo, para capacitar y hacer resistentes a niños/as frente a la desinformación y la información errónea.
La relatora manifestó su interés en escuchar las conclusiones y los resultados de la Comisión, cuando visite Chile durante el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en mayo de 2024.
Estados deben garantizar acceso público a la información
Los dichos de Irene Khan van en concordancia con su informe sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, titulado «Desarrollo sostenible y libertad de expresión: las razones».
En el documento planteó que la «libertad de expresión es un factor esencial que propicia el desarrollo sostenible», ya que «además de empoderar a las personas, las comunidades y la sociedad civil, facilita una serie de otros derechos, incluidos los que sustentan el desarrollo sostenible, como los derechos a la salud, a la educación, al agua y a un medio ambiente limpio».
Asimismo, permite a los Gobiernos estar mejor informados y responder mejor a las necesidades de su población; permite a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a los ciudadanos exigir responsabilidades a los Gobiernos y las empresas, lo que asegura una verdadera democracia».
También genera dividendos económicos, ya que las investigaciones han demostrado que en las sociedades en las que el debate público es abierto y la información de diversas fuentes fluye libremente, los mercados funcionan con mayor eficiencia y las instituciones públicas son más eficaces y responsables».
Khan recordó que la Agenda 2030 respalda la libertad de expresión, tanto en lo que respecta a la información como a la voz.
En tal sentido, resaltó que el Comité de Derechos Humanos indicó en 2011 que los Estados partes deberían hacer todo lo posible para garantizar un acceso fácil, rápido, efectivo y práctico a la información del Gobierno que sea de interés público, a través de medidas legislativas y de política proactivas.
Mientras que la Agenda 2030 también exige a los Estados que adopten leyes y políticas que garanticen el acceso público a la información.
A la par, la relatora señaló que los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos reconocen la responsabilidad de las empresas de respetar el derecho a la información en relación con sus
operaciones y actividades.
«La Agenda 2030 anima a las empresas a adoptar prácticas sostenibles, ejercer la diligencia debida y divulgar la información», planteó en su informe.
La relator abordó detalladamente los peligros que suponen la desinformación y la información errónea para los derechos humanos y formuló recomendaciones a ese respecto.
Según Khan, la desinformación y la información errónea en línea constituyen una grave amenaza, no solo para la libertad de expresión, sino también para la vida, la salud, la igualdad de género, la respuesta eficaz al cambio climático, las crisis humanitarias y un sinfín de otras cuestiones que hacen al desarrollo sostenible. Al erosionar la confianza de la población en las instituciones y los conocimientos científicos, no solo agravan los problema.
Recordó que la desinformación en línea suele dirigirse contra científicos, periodistas, defensores de los derechos humanos y grupos vulnerables, como minorías étnicas e identidades de género, y puede alentar la violencia, el odio y la discriminación.
Para Khan, los Estados deberían promulgar leyes nacionales de acceso a la información, o revisar las vigentes para garantizar que se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos, incluido el principio de máxima publicidad en favor del interés público.
Asimismo, deberían crearse órganos de supervisión independientes para controlar la aplicación efectiva de las leyes sobre el derecho a la información. Así, como directrices claras sobre la gestión de los registros y establecerse, con aportaciones de la sociedad civil, mecanismos de supervisión sólidos para hacer un seguimiento de los datos sobre la aplicación y evaluarlos y publicarlos, con el fin de garantizar una presentación de informes exhaustiva sobre los progresos a nivel nacional e internacional con respecto al indicado.
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