Opción Rechazo: La perpetuación de la rapiña y la segregación implantadas por Pinochet y la derecha

“Por muy importante que hayan sido las reformas que hemos compartido y consensuado, sigue siendo la Constitución de 1980. Se mantienen sus instituciones fundamentales tal como salió de su matriz”.

-Andrés Chadwick, El Mercurio 23/09/2005

La Universidad Abierta de Recoleta (UAR) presentó este lunes 25 de julio el primer informe sobre cobertura mediática, acerca del plebiscito del 4 de septiembre, realizado por el Grupo de Estudios de Medios de dicha institución. El reporte tiene por objetivo monitorear sistemáticamente cuánto y cómo informan los medios chilenos, su construcción de agenda y, al mismo tiempo, entregar herramientas a las y los ciudadanos para la formación de opinión pública. Casi 40% de la cobertura favorece explícitamente a la opción Rechazo, es decir, mantención del statu quo.

Uno de los aspectos más relevantes es que, de los 20 medios estudiados, El Mercurio (con agenda más que centenaria de conservadurismo y reacción), lidera una agenda absolutamente volcada hacia el Rechazo, con 104 titulares con esa tendencia, frente a solo 17 por el Apruebo. Dicha tendencia se replica en medios como La Tercera, El Dínamo, La Segunda, Publimetro, Canal 13, Biobío y Las Últimas Noticias.

Chile es un país profundamente desigual, resultado del modelo de acumulación surgido durante el laboratorio de pruebas del neoliberalismo mundial que significó la dictadura cívico-militar, y que no se ha visto modificado sustancialmente desde el retorno a la democracia. Si hablamos de desigualdad en cuanto a la distribución del ingreso, nos encontramos con que Chile es el país más desigual de toda la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). El 1% más rico de la población concentra el 30,5% del ingreso total del país incluyendo ganancias del capital. Y si nos fijamos en los súper-ricos, tenemos que el 0,1% de la población concentra el 17,6% del ingreso total (López, R., Figueroa, E. y Gutiérrez, P., 2013). A raíz de estos datos, es menester realizar un poco de historia para saber cómo se llegó a esta situación.

La gran contrarreforma económica y social de Pinochet radicó en las privatizaciones de las empresas del Estado como en su convocatoria a que los capitales foráneos vinieran a invertir a nuestro país. A un precio risible hubo apropiación, de los amigos y familiares de Pinochet, de las más importantes compañías eléctricas, mineras y de servicios, empezando a amasar sus actuales fortunas, sobre todo desde que empezaron a revenderlas a las empresas transnacionales. El famoso principio de la subsidiariedad del Estado, que hasta hoy protege la Constitución de 1980, fue la piedra angular ideológica del radical neoliberalismo que todavía nos rige. Asimismo, esto explica la pavorosa concentración de nuestra riqueza en solo unas pocas manos, constituyéndonos en uno de los países más desiguales del orbe.

La dictadura cívico-militar no solo trató de desprenderse de las entidades productivas más rentables y estratégicas sino, también, de traspasarle a entidades con afán de lucro nuestra educación, la salud, el transporte público y un sinnúmero de propiedades urbanas y rurales. Despojando, incluso, a los campesinos de sus tierras y, lo más grave y escandaloso de todo, al conjunto de los trabajadores de sus cotizaciones previsionales. Exceptuando, por supuesto, a las Fuerzas Armadas y policías.

Según los partidarios de la dictadura, el cambio de la estructura económica del país y la desnacionalización de la economía fueron legales. En efecto todo fue legal, dadas las nuevas normas y la nueva legalidad que impuso el terrorismo militar, especialmente con la Constitución Política de 1980. Sin embargo, dentro de esa legalidad, se destaca la información privilegiada con que contaron los más cercanos al régimen, especialmente funcionarios de la CORFO, como Julio Ponce Lerou, Bruno Philippi, Roberto de Andraca, el general Guillermo Letelier Skinner. Los que ponían precios y condiciones a las acciones que vendían desde la CORFO también compraban, como trabajadores, bajo el concepto de capitalismo laboral. Entre ellos se destacaron Jorge Yuraszeck y miembros de la Junta Militar que también compraron acciones de grandes empresas. El propio Pinochet adjudicaba parte de su fortuna a las acciones compradas de ENDESA. Fortuna denunciada por el Senado estadounidense por sus cuentas en el Banco Riggs y en otras que manejaba con nombres falsos, como Daniel López.

Quienes apoyan el Rechazo a la nueva Constitución aseguran que con algunas reformas el actual texto puede satisfacer las demandas sociales. Sin embargo, algunos abogados, como la constitucionalista Miriam Henríquez (2021), señalan que los fallos del Tribunal Constitucional (TC) desmienten esta idea, ya que consistentemente este organismo impide reformas sustantivas, argumentando que contradicen la Carta Fundamental. Lo anterior se debe a que la Constitución Política no es neutra: promueve un Estado subsidiario que por principio considera como servicios provistos por particulares aquellos que se quieren transformar en derechos sociales. Por ello, la actual Constitución y las demandas sociales no son compatibles.

Los pilares del extremista modelo neoliberal chileno son:

1. Plan Laboral (DL 2.756 y DL 2.758 de 1979). Como parte de un plan integral de transformación social, llamado “Las Siete Modernizaciones del Estado“, se reformula e institucionaliza un nuevo modelo de relaciones laborales (presente hasta el día de hoy). Más que un plan laboral, se define principalmente como una intervención sindical, que redefine el rol del sindicalismo en la sociedad: se rompe con la tradición de un sindicalismo de clase para instaurar un sindicalismo despolitizado y desmovilizado. Para cumplir con este objetivo, la nueva institucionalidad prohíbe la negociación colectiva por rama, limita sus contenidos y permite el reemplazo de los trabajadores en huelga, a la usanza anglosajona. La negociación colectiva pierde así su función distributiva (combatir la desigualdad). En 2015, Chile contaba con un 8 % de los trabajadores dependientes con contratos colectivos habilitados para la huelga (pero con la opción de ser reemplazados). Chile es el segundo país más débil de la OCDE en dicha dimensión. Lo que se conoce en nuestro país como negociación colectiva, en otros países no lo es.

2. Subcontratación. Previo al DL 2.950, la subcontratación del giro estuvo prohibida en Chile y el decreto levanta esa limitación. La subcontratación se reconoce como necesaria a todo nivel, como parte de las tendencias descentralizadoras de la producción para ganar competitividad. Esto se mantiene intacto durante todo el período de la Concertación. El año 2007, al legislarse la Ley de Subcontratación, existió la posibilidad de eliminar la subcontratación de la actividad principal o giro de la empresa, pero no se hizo. El régimen laboral “tercerizado“, aumenta la probabilidad de tener empleo desprotegido en un 30 % (sin estabilidad ni seguridad social), obstaculiza el pleno ejercicio de los derechos colectivos al tiempo que presiona los salarios hacia la baja.

3. Sistema de AFP (DL 3.500 de 1981). Se reemplaza el régimen de pensiones, hasta entonces solidario y de reparto, por uno de capitalización individual forzosa. El cambio significa pasar de un sistema cuyo beneficio era definido a uno de contribución determinada y beneficio incierto. Las cajas de seguro social son reemplazadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones, instituciones privadas que persiguen el lucro y que durante sus  años de existencia han provisto de capital de trabajo (dinero fresco) a un selecto grupo de empresas chilenas: las más grandes (20 conglomerados acumulan cerca de US$45.000.000.000 de ayuda de las AFP). La capitalización individual de la mano de las AFP da cuenta de un sistema que impulsa la acumulación de ingresos (a través de la especulación y uso de los fondos de pensiones de los trabajadores) y mantiene pensiones muy bajas y fuertemente sostenidas por el Estado.

4. Sistema Tributario. En 1974, se crea la integración de impuestos entre empresas y sus dueños a través del Impuesto Global Complementario: los impuestos que las empresas pagan por sus ganancias, son un crédito a los impuestos que pagan los dueños de esas empresas. Adicionalmente, en 1984, se crea el Fondo de Utilidades Tributarias (FUT), el que permite que los impuestos se paguen sobre las utilidades efectivamente retiradas y no sobre la base de su simple existencia. Ello ha permitido que los dueños de las grandes empresas se hayan beneficiado del uso de esos recursos a través de sociedades de inversión que operan como vehículos financieros, a fin de crear una zona franca donde no se pagan impuestos. El año 2017 se estimaba que se habían acumulado cerca de US$ 270.000.000.000 en el FUT. De esta manera, hoy tenemos un sistema tributario pro-rico, donde los que más ganan pagan menos impuestos en términos proporcionales.

5. Educación. En 1981 se municipaliza la educación escolar y se comienzan a financiar las escuelas a través de una subvención por número de alumnos que asisten a clases. También se permite que las escuelas particulares reciban subvención, sin embargo, éstas pueden seleccionar a los estudiantes, lucrar y, a partir de 1993, pueden cobrar aranceles (política de Financiamiento Compartido implantada en el primer gobierno de la Concertación). Mientras en 1981, existía un 78 % de matrícula en la educación municipal, hoy sólo queda un 36%, siendo el sistema educacional más segregado del mundo. En Educación Superior, a partir de 1981, se permitió la creación de Universidades, Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) privados, generándose un mercado de la educación y un crecimiento inorgánico de la matrícula. Hoy, las universidades estatales sólo cuentan con un 12 % de financiamiento fiscal basal; el 77 % del gasto en educación superior lo realizan las familias chilenas y prácticamente no existen CFT e IP públicos.

6. Sistema de Salud. Entre 1979 y 1981 se decretó el fin del sistema público de salud, surgiendo así Fonasa (1980) y las Isapres (1981). Mientras que la municipalización de los Centros de Atención Primaria (1980) reducía el alcance de la responsabilidad estatal. Los gobiernos democráticos no han modificado esos cimientos, limitándose a intervenciones en materia de regulación de precios, control y fiscalización. Los resultados son claros: hoy en día el “gasto público” en salud es uno de los más bajos entre los países OCDE, mientras que el “gasto de bolsillo” de los usuarios uno de los más altos. El negocio privado, al contrario, florece: en 2018 las utilidades de las ISAPRES alcanzaron los $81.383 millones, con un aumento nominal de 6,5 % (4,9 % real) respecto al año anterior.

7. Sistema Bancario. Desde 1975 se privatizan los bancos (excepto BancoEstado), se permite la entrada de bancos extranjeros y se liberalizan las tasas de interés, las cuales se ajustarán según una “máxima convencional”. Desde 1981 —producto de una crisis interna (previo a la crisis internacional)— la superintendencia interviene los bancos traspasando sus deudas al Banco Central (impagable hasta el día de hoy), dando acceso a divisas a precios preferenciales y la reprogramación de sus deudas (35 % del PIB de la época). En 1986 se crea la Ley General de Bancos (LGB) que, entre otros, estableció segmentación de carteras según tipo de riesgo (hogares de ingresos bajos es más riesgoso y por lo tanto mayor tasa de interés). En la misma línea, en 1999 se segmentan las tasas de interés según tramos de préstamo (menos y más de 200 UF). En 2001 se deroga el artículo XIV de la LGB que permitía el funcionamiento de financieras y se reduce a la mitad el requerimiento mínimo de capital necesario para constituir una sociedad bancaria (Art. 51 LGB), generando condiciones para la banca de retail, la cual no estuvo regulada hasta 2006.

8. Constitución Política. En 1980 se realizó un fraudulento plebiscito en el que se aprobó un nuevo Código Político. A los pocos días del Golpe de Estado, la junta militar designó una Comisión Constituyente (Comisión Ortúzar), integrada por miembros de extrema confianza del régimen, entre ellos Jaime Guzmán, quienes se encargaron de redactar el anteproyecto de la nueva Carta Fundamental. En ella, se consagra un rol subsidiario del Estado en la economía y el derecho de propiedad privada, relegando a un segundo plano los derechos económicos, sociales y culturales, tales como el derecho al trabajo. Además, se entregó a las Fuerzas Armadas un rol tutelar de la democracia. Pese a que en el año 2005 se aprobaron una serie de reformas tendientes a eliminar los “enclaves autoritarios”, el legado autoritario y neoliberal sigue presente. Hoy Chile continúa regido por una Constitución, cuyo origen, ilegítimo, no estuvo en la soberanía del pueblo, sino en las manos de un gobierno dictatorial.

9. Área Forestal. El DL Nº 701 fue promulgado en los primeros años de la dictadura (1974), con el objetivo de potenciar el sector forestal a través de una bonificación para la forestación de amplias extensiones de terreno con especies forestales exóticas. Este instrumento ha beneficiado principalmente a las grandes empresas del sector, donde existe una alta concentración (CMPC y Arauco y concentran el 64 % de las plantaciones forestales). Por otra parte, este instrumento económico ha tenido un fuerte impacto en el bosque nativo y su sustitución por especies exóticas. Las organizaciones de pueblos originarios han manifestado que no han sido previamente consultadas de acuerdo al Convenio 169 de la OIT y el derecho internacional respecto a esta temática, señalando además, que no ha habido restitución de sitios sagrados, ni la consideración de un nuevo enfoque indígena.

10. Desnacionalización del cobre. Consagrado en dictadura, se entregó la propiedad de los nuevos recursos mineros a los privados en un proceso conocido como la desnacionalización del cobre (Ley 18.097 Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras). Los posteriores gobiernos de la Concertación dieron la venia a esta política, renunciaron a la soberanía sobre los recursos. Hoy, el 70 % de la minería se encuentra en manos de privados. Todo lo anterior, a pesar de que la Constitución Política señala que “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”.

11. Privatización de las aguas. El Código de Aguas fue promulgado durante la dictadura cívico-militar a través del DFL Nº 1.122 el 21 de octubre de 1981. Este instrumento instaló de forma inédita un mercado del agua a través de la propiedad privada sobre el recurso, permitiendo que el titular de un derecho de aprovechamiento pudiera comercializar con éste. Asimismo, este dispositivo anuló el rol del Estado como garante del uso racional del agua, dejando en manos de privados la determinación de la necesidad de uso de acuerdo a criterios económicos particulares, desplazando así la relación histórica del recurso con la tierra.

Por otra parte, al sumar las riquezas de los chilenos más acaudalados, alcanzamos prácticamente una cifra de US$ 40.300 millones, guarismo que notoriamente representa la gran concentración de la riqueza que afecta a nuestro país. No obstante aquella grandilocuencia numérica y financiera, aproximadamente 2,3 millones de chilenos (as) de clase media (alrededor de un 19%), cayeron en vulnerabilidad, de acuerdo al Banco Mundial (2021).

Toda esta torcida realidad se ha traducido en que los sectores políticos, sociales y económicos más recalcitrantes, reaccionarios y conservadores, empleen como último recurso una retórica hueca y simplista, motejando a los manifestantes y, en general, a todos los que están contra este sistema de abuso y expoliación de marxistas, lumpen y delincuentes y, autodenominándose ellos mismos como “patriotas”. Dudo mucho que un verdadero patriota saquee el erario nacional, tenga cuentas bancarias en paraísos fiscales para no tributar en su tierra natal, que esté de acuerdo con violar los derechos fundamentales de sus compatriotas y que, en fin, se regocije de observar como la mayoría de sus connacionales debe hacer malabares financieros para costear, a punta de impagables deudas, los derechos sociales, básicos y esenciales de todo ser humano -como la educación, salud y vivienda-. Los que se hacen llamar actualmente “patriotas” son un conjunto de reyezuelos que granjearon sus privilegios, merced a sus contactos, en dictadura y que temen compartir siquiera una mínima parte de sus prerrogativas con el pueblo que han mantenido, durante toda la historia republicana de Chile, bajo un brutal segregacionismo… Son los mismos que apuntalaron un modelo de pseudo desarrollo, enriquecedor de las minorías y empobrecedor de las grandes mayorías.

La incapacidad para generar ingresos públicos que posteriormente se traduzcan en inversión pública vía transferencias o prestación de servicios básicos, es lo que está llevando al modelo chileno a un creciente nivel de conflictividad social que tiene sus principales puntos de conflicto en la educación, el sistema previsional de pensiones y la salud. Servicios básicos que han sido mercantilizados y puestos bajo el control del capital privado y que en los últimos tiempos están viendo como una cada vez mayor proporción de chilenos se ve incapacitada para acceder a los mismos.

Finalmente, siguiendo a Patricio Segura (2022):

“Ahora que cierta parte de la derecha dice comprometerse a cambios de fondo a la Carta Fundamental, es importante recordar su historial, el que nos llevó al estallido de octubre de 2019. Así ha votado la derecha:

-Titularidad sindical, rechazo.

-Agua para el bien común, rechazo.

-Fortalecimiento de los derechos del consumidor, rechazo.

-Fin del lucro en la educación, rechazo.

-Permiso post natal parental, rechazo.

-Despenalización del aborto, rechazo.

Pero veamos las materias en las que ahora se comprometen:

Reconocimiento constitucional a los Pueblos Indígenas en el marco de un Estado unitario y Multicultural. Sin embargo, cuando se votó en 1991 la primera reforma constitucional relacionada, se opusieron.

Protección decidida de nuestro Medioambiente y Biodiversidad.  Pero, los lugartenientes de la derecha presentes en las comisiones respectivas del Senado y la Cámara, sistemáticamente han votado en contra de cambios fundamentales en esta materia”.

Autor: Jorge Molina Araneda