Operación Huracán: la responsabilidad política del subsecretario Aleuy

Luego que se confirmara que la «Operación Huracán» había sido un montaje de Carabineros, los dardos políticos apuntaron, entre otros, al subsecretario del Interior, Mahmun Aleuy, quien incluso viajó a Argentina «a desmantelar» una presunta red de internación de armas iniciada por los imputados de Huracán.

Al respecto, en una entrevista con la radio de la U. de Chile, la abogada Patricia Cuevas, defensora de Héctor Llaitul, recordó que ellos siempre habían alertado de la debilidad de las pruebas con las que se pretendía levantar la investigación, por lo que advirtió que revisarán otras causas en donde hay mapuches involucrados, para tener certeza jurídica de que este tipo de montajes no se ha repetido antes.

“No sabemos cuáles son las consideraciones de Carabineros para investigar a unas personas y no a otras; tampoco por qué se saltan el curso natural del proceso y se las vincula (a los imputados), a estas personas, con la violencia rural. No puede ser que Carabineros investigue sin ninguna razón. Es Fiscalía quien debe llevar estos temas. Ellos son los que tienen el deber de objetividad”, expresó Cuevas.

Por su parte, Héctor Llaitul acusó que el único fin de este operativo era el de desarticular a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), apuntando directamente a las responsabilidades políticas detrás de este caso.

“Hay responsabilidades en este montaje de parte del Gobierno, del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, pero la participación operativa la tiene la Agencia Nacional de Inteligencia, y la unidad de inteligencia de Carabineros, bajo la responsabilidad del general Gonzalo Blu”, dijo a Llaitul a la prensa.

En palabras de la abogada Cuevas, es incomprensible que pruebas tan débiles e imposibles de sostener hayan derivado en reuniones bilaterales entre Chile y Argentina, lideradas por Aleuy y la ministra Patricia Bullrich, para lograr desmantelar una supuesta red de internación de armas entre movimientos mapuches de ambos países.

“Esto confirma los montajes que nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo”, señaló el werkén del lof Rankilko, respecto a estos últimos antecedentes, y coincidió en que es el subsecretario Aleuy el que debe asumir la responsabilidad política de los errores que se cometieron en el caso.

En esa línea, comentó que no descartan presentar acciones judiciales contra los miembros del Gobierno, Carabineros y la Fiscalía que resulten responsables: “Desde el punto de vista político Aleuy tiene toda la responsabilidad. Él no solo fue a Argentina, sino que además aseguraba que habían dado con una organización que estaba desestabilizando la zona de La Araucanía. La acusación que hace para criminalizar a los mapuches ha sido grave y hoy se cae a pedazos. Es legítimo que la sociedad chilena se dé cuenta quiénes están a cargo de investigar y quiénes están a cargo de hacer responsable a los mapuches”, sostuvo Curipán.

Finalmente, Rodrigo Román, abogado defensor de Llaitul, dijo que la primera responsabilidad debe recaer en contra del Ministerio Público. A su juicio, el fiscal nacional, Jorge Abbott, “sabía desde un comienzo de la inviabilidad de este caso y decidió insistir, toda vez que él ha actuado como receptor de la inteligencia policial”.

“Hay responsabilidades también del subsecretario del Interior e incluso de la Presidenta de la República Michelle Bachelet, porque esto se enmarca en la política represiva que se ha desatado en Wallmapu. Aleuy es quien coordina el trabajo de inteligencia, por lo que él debe responder”, afirmó el abogado.

Así, pese a la explícita petición de que el Gobierno asumiera responsabilidades políticas por los ribetes que ha alcanzado la investigación, el subsecretario Aleuy sólo se refirió al procedimiento formal a seguir, indicando que se van “a mantener los canales judiciales y en el caso de la investigación misma y en el de Carabineros, vamos a pedir la máxima celeridad posible en el esclarecimiento de estos hechos (…) El Gobierno va a tomar decisiones en función de cómo avancen las investigaciones administrativas y judiciales”.

También indicó que “de ser ciertas” las acusaciones que recaen sobre carabineros, “el costo institucional será alto”.

Fuente: Radio Universidad de Chile