La reciente intervención de las comunicaciones de Miguel Crispi mientras integraba el segundo piso de La Moneda, pone de manifiesto que se ha instalado e impulsado por este propio gobierno un modelo persecutorio incompatible con un orden democrático. En efecto, la frondosa legislación represiva de Boric ha apuntado a normalizar un Estado policial en el que acciones escandalosas como la Operación Huracán ya no serían necesarias, por encontrarse legitimadas por el orden punitivista imperante.
El fondo de esto es la conformación de un Estado policial que no es en modo alguno iniciativa de este gobierno —hasta en eso ha de considerársele un mero repetidor de antiguas recetas— sino que corresponde a una política de lo que se ha llamado el «Estado profundo»: una política impulsada por la burguesía en su conjunto y que tiene como base una concepción contrainsurgente, preventiva de nuevos estallidos.
Una tangible demostración de este aserto lo constituye la reedición de la siniestra «Operación Cóndor» de coordinación represiva entre Chile y Argentina durante las Dictaduras en los 70, por una nueva versión Bachelet–Macri, denominada «Operación Andes». Mediante esta operación represiva internacional se encubrieron acciones como el asesinato de Santiago Maldonado —cuyo cadáver habría sido descubierto gracias a la policía chilena— y el encarcelamiento del mapuche Facundo Jones Huala.
Impúdicamente, en su mensaje presidencial a la nueva Ley Antiterrorista, el Presidente Boric manifestó explícitamente que esta normativa facilitaría la represión de las organizaciones subversivas, lo que en derecho significa erosionar aún más el precario estatuto chileno del debido proceso, construyendo figuras de inconstitucional presunción de conducta punitiva.

En resumen, no corresponde escandalizarse frente a la «Operación Huracán» arguyendo un anecdótico caso de «corrupción». El montaje a que hacemos referencia tiene una primera contención institucional reduciendo su persecución a los policías de baja graduación, salvando al Ministerio Público, al Ministerio del Interior y al propio General Villalobos. Seguidamente —y esto es quizá lo más importante— la «Operacjón Huracán» prefigura un modelo represivo en que se reinstala la doctrina del «enemigo interno» y el derecho penal de autor, institucionalizando la represión a la militancia organizada que se alce en contra del orden capitalista.
Por Gustavo Burgos
El Porteño, 27/04/2025
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