Nuevos nombres y números telefónicos se suman a la lista de personas que fueron víctimas de espionaje por parte del Ejército, en el marco de la denominada Operación Topógrafo, con lo que se totaliza, hasta ahora, 17 líneas interceptadas de militares activos y en retiro y sus familiares, involucrados en las denuncias de eventuales irregularidades al interior de la institución.
El Centro de Investigación Periodística (Ciper) logró tener acceso a documentos secretos de esa medida intrusiva por parte de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine), que de manera fraudulenta obtuvo autorizaciones jurisdiccionales para espiar a cuatro funcionarios: capitán Rafael Harvey, exsargento Juan Pablo Díaz, exteniente Carlos Farías Ramírez y el cabo primero Sergio Tudesca; además del periodista Mauricio Weibel.
Sin embargo, los nuevos nombres que ahora surgen de las otras personas que también fueron sometidas y perjudicadas por la interceptación, no fueron mencionadas en las declaraciones que llevan realizando desde hace dos años oficiales de inteligencia ante el fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Jaime Retamal.
Entretanto, Ciper constató que entre cuatro de los propietarios de esas otras líneas telefónicas, hay personas que han realizado denuncias internas en el Ejército no relacionadas con temas que deban ser revisados por el área de Inteligencia y quienes negaron estar vinculados con la filtración de documentos militares reservados, la excusa utilizada por los agentes.
“Operación Topógrafo”
Los hechos se remontan a los años 2017 y 2018 a raíz de presuntos hechos de corrupción ocurridos al interior de la institución castrense. Durante al menos seis meses en 2017 se ejecutó la operación que habría sido precedida por la Operación W, una indagación dirigida contra Weibel, autor en 2016 del libro Traición a la patria, el que relata detalles del desfalco al interior de la institución de dineros provenientes de la Ley Reservada del Cobre.
El caso detonó en agosto de 2019, cuando La Tercera destapó la “Operación Topógrafo” e informó que las comunicaciones de estas cinco personas fueron interceptadas por el Ejército de forma ilegal, luego de que la Dine pidiera autorización al Poder Judicial ocultando el nombre de los verdaderos propietarios de las líneas telefónicas.
En este sentido, por ejemplo, para intervenir el teléfono del periodista Weibel, aseguraron que ese número pertenecía a una ciudadana boliviana que supuestamente recababa antecedentes estratégicos del Ejército.
De acuerdo a Ciper, del total de documentos con que la Dine solicitó autorización judicial para las 17 intervenciones telefónicas, solo uno contenía el nombre real del usuario de la línea interceptada.
Vale acotar que todos los documentos involucrados llevan la firma del entonces jefe de la inteligencia militar, Schafik Nazal, y fueron autorizados por el ministro de la Corte de Apelaciones, Juan Antonio Poblete.
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