Los diputados del Frente Amplio (FA), Partido Socialista (PS) y Partido Comunista (PC) llegaron a un acuerdo y este martes presentarán una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa por abandono del Estado en materia educacional.
“Impulsamos esta acusación porque existe un abandono evidente por parte del Gobierno y del ministro de Educación. Detectamos una serie de situaciones que constituyen infracción al derecho a la educación y que afectan el aprendizaje de niños y niñas», expresó la diputada Camila Rojas (Comunes), en entrevista a 24 horas.
Recalcó que, además, se evidencia en escuelas sin financiamiento o la entrega de muy pocos recursos a los colegios durante la pandemia, convirtiendo a Chile en el país que menos invirtió en educación.
“Chile es uno de los pocos países que no invirtió más en educación en pandemia, cuando muchos niños, niñas y adolescentes ni siquiera tienen acceso adecuado a la conectividad», recalcó Rojas, citada por El Mostrador.
De igual forma, la acusación constitucional incluiría el descuido a los trabajadores del sector educativo, donde no se aplica una ley de teletrabajo, por lo que su jornada laboral no se encuentra regulada.
«La ley de teletrabajo no aplica a profesores y profesoras. Por increíble que parezca, el Mineduc y el ministro no han jugado ningún rol en esto. Hay tratados internacionales ratificados por Chile que imponen al Estado el deber de mejorar de manera continua las condiciones del cuerpo docente, lo que evidentemente no se ha cumplido», señaló.
Aseveró que, a pesar de que se cuenta con las firmas necesarias para la acusación, se estás “intentado sumar a otros partidos para que sea lo más transversal posible”.
Por su parte, la parlamentaria del PC, Camila Vallejo, indicó que el abandono del ministro es tan evidente, que la acusación presentará las presiones por parte del ente ministerial para arrancar las clases presenciales, a pesar de que no se cuenta con las condiciones necesarias.
“Somos además un país que ha disminuido los recursos de acuerdo a 2020 en materia de educación (…) Bajo esa lógica de abandono, el ministro ha presionado de manera indebida al retorno presencial», sostuvo.
En este punto coincidió el diputado Juan Santana, quien aseguró que el ministro ha estado “exponiendo de manera permanente” la salud y la integridad de todos los trabajadores de los diferentes campus educativos.
«El artículo 19 señala la obligación de las autoridades a resguardar la integridad física y psíquica de las personas. Creemos que en estos llamados permanentes al retorno de actividades presenciales en condiciones que no son seguras el ministro está infringiendo en una grave causal al exponer no solamente la salud, sino que las condiciones generales de las comunidades escolares de nuestro país», manifestó.
La acusación constitucional ya había contado con el apoyo del Colegio de Profesores, quienes manifestaron su preocupación y rechazo a la vuelta a las clases presenciales, anunciada hace una semana y que forma parte de los cambios que realiza el Gobierno para “la vuelta a la normalidad”.
De igual forma, por las malas condiciones laborales, los gremios de profesores se han mantenido movilizados en reclamo de sus derechos.