La agudización de la crisis de seguridad ha elevado la tensión política en nuestro país. Tras una oleada de crímenes ocurrida entre la madrugada del domingo y el martes que dejó un total 16 homicidios, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric anunció este jueves un conjunto de medidas para hacer frente a la situación.
El jefe de Estado propuso construcción de una cárcel de máxima seguridad en la región Metropolitana; así como la urgencia de varios proyectos en materia de seguridad, incluyendo el de la propia cárcel, y que serán ingresados la próxima semana.
Asimismo, anunció la creación de una Fuerza Especial en Gendarmería concebida para enfrentar las amenazas del crimen organizado en cárceles de alta seguridad. Unas facultades que deberán ser visadas por el Congreso mediante la aprobación de un proyecto de ley.
Sin embargo, esta batería de medidas ha generado reparos por parte de la oposición desde donde las consideran insuficientes y dilatadas ante la escalada de violencia.
El senador Javier Macaya, presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), aunque indicó que todos los anuncios son valorados, ninguno tendrá impacto sin autocrítica ni convicción.
“Eso exige que desde el Gobierno y sus aliados haya respeto al Estado de Derecho y a la fuerza legítima de policías y las Fuerzas Armadas; respaldo a Carabineros; anular pensiones de gracia a delincuentes y expulsiones de migrantes ilegales e infractores de la ley”. dijo.
Esta colectividad de derecha solicitó la salida de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, y de los subsecretarios del Interior, Manuel Monsalve, y Prevención del Delito, Eduardo Vergara; la cual fue rechazada por el presidente Boric.
En la misma línea, desde el Congreso, el diputado Andrés Longton, de Renovación Nacional (RN), cargó contra los anuncios realizados por el Gobierno y señaló que carecen de estrategia y no tienen incidencia en el corto plazo.
“Traslada el problema al Congreso y no a La Moneda y a él (Boric), que es el encargado de la seguridad en nuestro país”, dijo, citado por El País.
A su vez, para alcaldesa de Providencia y posible carta presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, la responsabilidad política de la crisis de seguridad recae, en primer lugar, sobre el presidente Boric.
Fracaso migratorio de la oposición
Desde la oposición critican y responsabilizan a la actual administración sobre la crisis de seguridad e incluso sobre la migración irregular que afecta a nuestro país.
No obstante, pasan por alto su alta cuota de responsabilidad en esta materia.
Sin ir muy lejos, basta con repasar las acciones ejecutadas durante el Gobierno del expresidente Sebastián Piñera, las cuales condujeron a un fracaso migratorio, con efectos en escenario actual.
En diciembre de 2018, Chile, bajo la administración de Piñera abstuvo de firmar el Pacto Migratorio de las Naciones Unidas, suscrito por más de 150 países, con la intención de mostrar que el país no sería blando con la migración ilegal.
El entonces ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, defendió la polémica decisión señalando que “se han fijado reglas claras para tener una migración ordenada, segura y regular”, y que el Gobierno contaba herramientas para evitar el ingreso “descontrolado y desordenado” de migrantes, algo que el tiempo terminó desmintiendo.
El error de Cúcuta y su impacto en la crisis migratoria
Posteriormente, el 22 de febrero de 2019, Piñera se trasladó a la ciudad colombiana de Cúcuta, justo en la frontera con Venezuela, para asistir a supuesto concierto benéfico a favor de la nación caribeña.
El denominado Venezuela Aid Live, organizado por líderes de la derecha latinoamericana, en papel, tenía por objetivo presionar al gobierno legítimo de Nicolás Maduro para que éste aceptara el ingreso de ayuda humanitaria al país. En la práctica, sin embargo, el evento buscaba generar la caída del mandatario venezolano y su reemplazo por el autodenominado «presidente encargado», Juan Guaidó.
Finalmente, la operación fue un rotundo fracaso: la mayoría de los presidentes que habían confirmado su asistencia terminaron restándose a última hora del evento y Piñera terminó siendo, junto con Iván Duque, el único mandatario presente. La ayuda humanitaria no logró ingresar a Venezuela y la movilización masiva con la que Guaidó esperaba ser escoltado hasta Caracas no llegó a producirse.
Si bien la presencia de Piñera en Cúcuta no logró influir en el gobierno de Maduro, distintos analistas han coincidido en que sí tuvo impacto en la masiva llegada de venezolanos a Chile. Un par de meses después del viaje a Colombia, el 9 de abril, Piñera anunciaba la implementación de una «visa de responsabilidad democrática» que buscaba facilitar la regulación de los migrantes venezolanos en el país.
«Tomando en consideración la grave crisis democrática que atraviesa Venezuela, país que acogió a muchos chilenos que buscaban refugio en sus fronteras, se crea una visa de responsabilidad democrática», señaló el entonces mandatario nacional en esa oportunidad.
Cinco años después de estos sucesos, nuestro país sigue siendo blanco de una profunda crisis migratoria producto de la masiva llegada –justamente– de ciudadanos venezolanos.
Cabe recordar que durante la segunda presidencia de Piñera el ingreso por pasos no habilitados se disparó a cifras nunca antes vistas.
Cifras oficiales solicitadas vía transparencia y reveladas por el analista Ignacio Ortega, demuestran que durante el segundo período presidencial de Sebastián Piñera ingresaron 87.792 personas (especialmente venezolanos) por pasos no habilitados.
En 2018 ingresaron 101 venezolanos, y tras el viaje del exmandatario a Cúcuta en 2019 la cifra aumentó de forma exorbitante a 3.333 personas.
Para 2020 la cifra subió a 12.935 y en 2021 marcó un récord de 43.449 personas. Entre enero y marzo del 2022 se sumaron casi 10.000 más.
Cabe destacar que estas estadísticas se suman las estimaciones del Servicio Jesuita Migrante y de la PDI (2021), que señalan que el 87% de los ingresos por pasos no habilitados de toda la última década se produjo bajo la segunda administración Piñera.
De acuerdo con estos registros, son ciudadanos venezolanos quienes concentran el mayor porcentaje de ingresos por pasos no habilitados: 2019 (41,4%), 2020 (76,8%), 2021 (75,2%).
Asimismo, cabe mencionar que raíz de la carta blanca otorgada por Piñera, integrantes de la megabanda criminal El Tren de Aragua ingresaron a nuestro país en 2021, provenientes de Venezuela, para instalarse en Tarapacá, La Serena, Valparaíso, Quilpué, Talca y Temuco, entre otras ciudades de suelo nacional, aprovechándose de la ola de migración.
Base de datos desaparecida
Otro fracaso de la administración de Sebastián Piñera en materia de migración salió a la luz a solo semanas del cambio de mando.
Un reportaje de CIPER reveló que funcionarios del sistema del Servicio Nacional de Migraciones, a cargo de Álvaro Bellolio, informaron la caída y pérdida de la principal base de datos que contenía la ‘hoja de vida’ de todos los extranjeros residentes en Chile desde 1993 hasta 2021.
Según el medio digital, la falla ocurrió el 26 de octubre de 2021 en el sistema B3000 que contenía el registro. Además, no contaban con el respaldo de antecedentes penales, cambios de residencia, solicitudes y consultas que el Estado realizó a migrantes.
De hecho, funcionarios del servicio indicaron que solamente se pudo rescatar información entre el 11 de agosto y el 25 de octubre de 2021.
Detenidos por masacre de Lampa recibieron visa durante Gobierno de Piñera
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó recientemente que siete de las personas detenidas por la masacre registrada en Lampa son ciudadanos venezolanos, mientras que uno es dominicano.
De los cinco que se tiene información se sabe que entraron al país entre el 2018, 2010 y 2020, período en cual recibieron visa por la administración de Sebastián Piñera.
También son de nacionalidad extranjera las víctimas, tanto las cinco que fueron asesinadas como los siete que quedaron lesionados.
«Tenemos información de cinco de esas personas, que son personas que ingresaron y tuvieron visa entre el 2018, 2019 y 2020, y esto vuelve a colocar el foco en la necesidad de tener un control migratorio más efectivo y por tanto vamos a fortalecer el control migratorio en la Región Metropolitana», informó Monsalve.
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