El Consejo para la Transparencia (CPLT) dispuso la entrega de todos los archivos relacionados con el denominado «caso Chispas» que hubiesen sido elaborados por Carabineros en el área administrativa, judicial y de inteligencia.
La corporación acogió un amparo interpuesto por El Ciudadano, luego que la institución negara la existencia de los documentos. Carabineros citó dos pronunciamientos, uno de la Secretaría General y otro de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipolcar), que el Consejo estimó insuficientes.
En su decisión C3606-17, los consejeros indicaron que «la inexistencia de la información es una circunstancia cuya sola invocación no exime a los órganos de administración del Estado de su obligación de entregarla. Esta alegación debe ser fundada, indicando en forma clara el motivo por el cual ésta no obra en su poder, y debe ser acreditada en forma fehaciente».
El caso se enmarca en la presunta participación de uniformados, a fines de los noventa, en el doble secuestro de Marlene Martínez, quien fuera esposa del analista Mark Klugmann, estadounidense que representó los intereses de accionistas minoritarios en la oscura venta del consorcio eléctrico Enersis a Endesa España.
El escándalo bursátil, denominado también como «el negocio del siglo», reventó cuando en 1997 se conoció que un grupo de empresarios, comandados por el ex colaborador de Pinochet y militante de la UDI José Yuraszeck, había logrado obtener un precio desmedido en la venta que resultó desfavorable para otros accionistas.
En este contexto, de acuerdo a una entrevista realizada por El Mercurio en agosto del año 2000, Marlene Martínez contó que «fue conducida con su hijo Leonardo, por ese entonces de siete años, al subterráneo de la Dirección General de Carabineros y sometida a preguntas intimidatorias sobre las actividades de su ex esposo».
Por la denuncia, la Justicia Militar interrogó a dos oficiales de inteligencia de Carabineros acusados de confeccionar un informe para exculpar a la institución y afirmar que Martínez había sido llevada, en realidad, a un edificio del Ejército, situación que nunca se aclaró.
En la época, el abogado de Martínez planteó en estrados la existencia de «un montaje de Dipolcar destinado a encubrir la participación de carabineros».
INFORMES PARA CIENFUEGOS
En respuesta a la solicitud de El Ciudadano, y por intermedio del Departamento de Información Pública y Lobby, el ahora ex general director Bruno Villalobos señaló que no hay antecedentes de algún miembro de Carabineros que hubiese sido investigado en esta arista del caso Chispas, ni tampoco respecto a la materia en términos genéricos.
Lo anterior fue cuestionado por el CPLT. En la etapa de estudio del amparo, la entidad accedió a notas periodísticas que reproducen las declaraciones emitidas en 2001 por el entonces director de la policía uniformada, Alberto Cienfuegos. «He pedido los antecedentes que hay acumulados en Carabineros respecto de este caso que ya viene desde el año 1997», señaló.
Dicha intervención confirmaría que hubo informes realizados a petición de Cienfuegos para «adoptar una postura» frente al eventual involucramiento de funcionarios en el hostigamiento que Martínez denunció.
El CPLT dio 15 días hábiles a Carabineros para entregar los documentos o acreditar el motivo de extravío. En su resolución también pidió a la Dirección de Fiscalización del Consejo efectuar un «especial seguimiento» al cumplimiento de la decisión.
Matías Rojas – [email protected]