El pasado 3 de julio en el pleno de la Cámara de Diputados se dio inicio a la discusión de la moción parlamentaria que busca modificar el Código de Aguas en su artículo 5° para impedir la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas sobre glaciares.
Las organizaciones sociales agrupadas en la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, que llevan más de 15 años exigiendo una ley de protección a todos los glaciares y sus ecosistemas, siguieron de cerca este proceso y antes de la votación del pasado 3 de julio enviaron a las diputadas y los diputados del Frente Amplio y Nueva Mayoría una carta alertando sobre las serias implicancias, errores y falencias que tendría la versión final del proyecto emanado desde la Comisión de Medio Ambiente.
Dentro de las principales críticas contenidas en la comunicación, está el contemplar a los glaciares como Bienes Nacionales de Uso Público, ya que según la Coordinación, el Estado podría apropiarse de los glaciares, pudiendo disponer de ellos de forma incorrecta y atentatoria a la protección e intocabilidad que debiesen tener, lo cual también fue ratificado por la Corte Suprema.
Además, indican que la definición de glaciares propuesta en el proyecto es deficiente y termina excluyendo a muchos glaciares. El proyecto propone que sólo se considerarán como glaciares las áreas de hielo que sean igual o superior a 1 hectárea (0,01km2), dejando fuera a un sin números de glaciares que presentan áreas menores a la dispuesta en el proyecto y que precisamente son las que más agua aportan y se encuentran en las zonas del país, norte y centro, con mayor déficit hídrico producto de la privatización del agua y escasez. Lo mismo pasaría con los glaciares de roca, permafrost, área periglacial y otros conceptos, que también son excluidos por el proyecto.
Agregan que el proyecto no estaría protegiendo la vasta área que rodea a un glaciar, la que puede extenderse por varios kilómetros y es fundamental para la vida de este, por lo tanto tampoco se estarían protegiendo estos ecosistemas los que estarían quedando a merced del mercado y las industrias como por ejemplo la minería o la hidroelectricidad.
Por último alertan que las prohibiciones que se establecen en el proyecto presentan bastante deficiencias y se condicionan sólo a si alteran las funciones de un glaciar, lo que resta sentido a la protección, sobre todo cuando siquiera se han definido dichas funciones.