Con una presentación ante la oficina regional de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), organizaciones socioambientales de Aysén iniciaron una ofensiva para que diversas mega subdivisiones prediales sean ingresadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), por corresponder a 80 o más lotes para destino habitacional.
La acción fue presentada por la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén y la Agrupación Aysén Reserva de Vida para solicitar la evaluación ambiental de 22 subdivisiones prediales, que cuentan con certificado vigente del Servicio Agrícola y Ganadero entregados entre 2016 y enero de 2022. La iniciativa cuenta con el respaldo de la ONG FIMA, organización especializada en protección socioambiental.
El argumento es el incumplimiento de la letra g del artículo 3˚ de Reglamento del SEIA. Éste señala que deben someterse al SEIA los “conjuntos habitacionales con una cantidad igual o superior a ochenta (80) viviendas” en cualquiera de sus etapas, susceptibles de causar impacto ambiental.
En este sentido, existen múltiples fallos de las cortes y la Contraloría que han establecido que el acto de subdivisión puede ser considerado una de las etapas de un conjunto habitacional, por lo cual debe ser evaluado como principio preventivo.
Al respecto, el presidente de la Agrupación Aysén Reserva de Vida, Peter Hartmann Samhaber, expresó que la subdivisión de mega lotes de forma desregulada ni control tiene un alto impacto para los ecosistemas de Aysén y los servicios que requieren las comunidades.
“Estamos poniendo en riesgo muchas cualidades de nuestro Aysén reserva de vida y por otro lado ellos hacen un muy buen negocio y externalizan todos sus problemas. Después vamos a empezar con las pedidas al Estado, como por ejemplo el agua potable rural, a sacarle el agua a los demás, electrificación, que el camino, que hay que arreglar, que vengan a recoger la basura cosas de ese tipo, no es menor el problema del cambio de subsuelo que está produciendo en gran escala en la región” señaló Hartmann.
En tanto el presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, Erwin Sandoval Gallardo, señaló que la presentación se ajusta a lo señalado por el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental: “Hemos hecho una investigación desde el año 2016 a la fecha y al minuto estamos denunciando estos 22 mega proyectos de loteo que consideran el más de 80 lotes, hoy día nuestra legislación ambiental en particular el artículo 10mo letra g de la ley 19.300 establece que los proyectos de urbanizaciones en suelos, por ejemplo, como en estos casos rurales tienen que ser sometido al sistema de 80 lotes”, indicó.
Por su parte, la gobernadora regional Andrea Macías Palma, también presente en la actividad, respaldó la medida, abogando porque las definiciones territoriales en Aysén se adopten planificadamente y con participación ciudadana.
“Se están vendiendo los terrenos de la Patagonia sin realizar estudios de capacidad de carga de agua, de abastecimiento, de humedales. Ponemos en riesgo, finalmente, a la población que históricamente ha estado habitando en estos lugares. No hay un cuidado a cómo resguardamos el territorio para que a futuro y en consideración al cambio climático, no se ha pensado en los efectos que se realizan con la alimentación, por ejemplo”, detalló la gobernadora.
“Hay empresas inmobiliarias que están realizando esta evasión, porque hablemos claro: aquí no son personas que viven en la región y que van a comprar media hectárea para poder vivir aquí, estamos hablando de mega loteos. Acá se está parcelando la Patagonia, acá hay empresas que están vendiendo por internet la tierra sin considerar todos los efectos que esto va a tener para el desarrollo de nuestra región”, agregó Macías.
En esa línea, se puntualizó que este requerimiento ante la SMA por el incumplimiento de subdivisiones para conjuntos habitacionales de 80 o más viviendas no excluye que se realicen a futuro otras presentaciones, sujetas a otras causales como afectar áreas bajo protección oficial como son las áreas protegidas, zonas de interés turístico o sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, entre otras.
Impactos de mega loteos
En los últimos años, el interés por comprar terrenos en Aysén ha aumentado significativamente. Por distintas vías (diarios, redes sociales, letreros en caminos), se conoce de la venta de parcelas y predios, en distintos sectores del territorio.
Esta ofensiva se ha profundizado producto de la pandemia y la crisis climática (problemas del acceso al agua, interés por vivir cerca de la naturaleza en lugares menos poblados, posibilidades tecnológicas de teletrabajo), presionando ambiental y socialmente la región y su capacidad de carga, además los riesgos para el sistema público por la futura provisión de servicios (agua, energía, disposición de residuos, alcantarillado, etc.), al margen de la planificación.
Históricamente, la subdivisión de los predios rurales de Aysén ha seguido diversas lógicas (sucesión hereditaria por fallecimiento de propietarios, creación una o dos parcelas para capitalizar), lo cual no sólo es necesario, sino legítimo al ser medidas que no significan una gran intervención del territorio.
Sin embargo en el último tiempo se han visto subdivisiones impulsadas por inmobiliarias, que compran terrenos con el único objetivo de rentabilizar su inversión independiente del interés público, tanto de quienes ya viven en dichos sectores como de los ecosistemas.
Algunos de los impactos de los macroloteos no planificados son mayor presión sobre fuentes hídricas, bosques para energía, deforestación (para construir y trazar caminos) fragmentación del territorio con impactos sobre corredores biológicos, contaminación del agua (disposición de aguas grises y negras), contaminación el suelo (disposición de residuos). Esto, además de dificultades de acceso al agua de comunidades ya existentes, cuando los loteos presionan las mismas cuencas; complejizan la provisión de servicios a comunidades ya existentes, por parte de nuevos habitantes de los loteos, entre otros efectos.
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