A través de un comunicado, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile y el Colectivo Sin Fronteras manifestó su preocupación por la criminalización de las personas migrantes en Chile, la cual -indicaron- ha sido reforzada por la agenda legislativa impulsado por ciertos sectores políticos.
«Lamentamos que el incremento del crimen organizado y la escalada de violencia que se está viviendo en Chile y el mundo venga generando una crisis en la protección de la vida y la seguridad humana», parte señalando la declaración de ambas organizaciones.
«Nos preocupa que la respuesta frente a esta crisis sea el generar medidas populistas que instrumentalizan y criminalizan a distintos sectores sociales, entre ellos a la población migrante, desarrollando iniciativas que no tienen sustento científico ni evidencia a su favor y muchas veces, tampoco cuentan con un marco normativo que resguarde los principios del Estado de derecho», añadieron las agrupaciones.
Agudización de criminalización
Para las organizaciones firmantes del texto, en Chile se está viviendo una «agudización del contexto de criminalización de las personas migrantes, que viene siendo reforzada por distintos sectores políticos y por una agenda legislativa que muy lejos de considerar a las personas migrantes como seres humanos, se les asume como sujetos indeseables a quienes hay que castigar, encarcelar o expulsar».
«A esta criminalización se suma, como uno de los más preocupantes episodios, el anuncio hecho por el Fiscal Nacional Ángel Valencia, de decretar prisión preventiva para todos los extranjeros imputados que sean detenidos, y no cuenten con cédula nacional de identidad, medida que ha sido cuestionada por organismos internacionales, así como nacionales como la propia Asociación Pensamiento Penal Chile, por no contar con normativas legales nacionales y menos internacionales que la respalde», añadieron.
«Queremos señalar que las personas migrantes que se encuentran irregulares, en su mayoría, se encuentran esperando que instituciones del Estado les den respuesta ya sea sus solicitudes de visa o sus procesos de autodenuncia para acogerse a derecho, demostrando con ello su ávido interés y propósito de residir regularmente», recordaron.
«Sin embargo, actualmente la mayoría de los sectores políticos en Chile y el propio gobierno, se han negado a habilitar un proceso de regularización que permita documentarles, incluirles con todos los derechos y responsabilidades de cualquier ciudadano en Chile y además identificarles para despejar toda duda sobre los posibles antecedentes negativos que puedan tener en sus países de origen», puntualizaron desde la Coordinadora y el Colectivo.
«Nos duele, el cómo este clima de criminalización afecta y angustia a los niños, niñas y adolescentes que son parte de las familias migrantes, quienes en un reciente encuentro con el comisionado del comité de Derechos del Niño, Sr. Luis Pedernera, denunciaron que han sido sujetos a un prejuicio y caracterización de criminales (…) Más grave aún el día 07 de abril, hemos conocido antecedentes de dos menores de edad residentes en la ciudad de Santiago, a quienes se les realizó control de identidad y se les retuvo sus documentos de identidad».
Invitación a la sociedad chilena
Frente a esta situación, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile y el Colectivo Sin Fronteras dieron a conocer tres puntos importantes para ellos:
-Convocar a la sociedad chilena a reflexionar sobre la importancia de preservar el Estado de derecho como garantía para la protección de la vida y la seguridad de todas las personas que habitan Chile, además de rechazar el populismo de distintos sectores políticos.
-Demandar a las fuerzas políticas, al Estado y sus instituciones que se implementen políticas que tengan sustento efectivo en la lucha contra el crimen organizado y la escalada de violencia que vivimos, y que se frene el populismo, la instrumentalización y criminalización de, entre otros, las personas migrantes.
-Insistir en que es urgente y necesario para el Estado, la sociedad en su conjunto y las propias personas migrantes, el que se implemente un proceso de regularización migratoria abierto a todas las personas que quieran regularizarse y se frene el responsabilizarlas de su irregularidad cuando el Estado no provee una vía para su regularización.
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