Activistas y organizaciones en la lucha del VIH han denunciado una serie de aspectos cuestionables tanto en la elaboración como en el contenido del Ordinario N° 500, documento emitido por las Subsecretaría de Salud Pública y de Redes Asistenciales que consigna una serie de consideraciones a seguir en el proceso de vacunación contra el Covid-19 en personas viviendo con VIH (PVVIH).
El documento titulado “Consideraciones de vacunación contra SARS CoV-2 en personas con VIH/SIDA” ha sido objeto de críticas debido a que no especifica plazos ni lugares para llevar a cabo el proceso de inoculación en dicho grupo, además, tampoco especifica qué vacuna se utilizará.
En esta misma línea, la principal preocupación y crítica respecto de la salud e integridad de las PVVIH radica en que uno de los requisitos para la vacunación consiste presentar una orden emitida por profesionales del centro de atención que acredite el diagnóstico GES 18, es decir VIH/SIDA, lo cual vulnera el principio de confidencialidad establecido en la Ley 19.779.
Ante este escenario, el activista y periodista, Víctor Hugo Robles, presentó un recurso de protección en contra del Ministerio de Salud para que este protocolo se elimine, y se genere uno nuevo, esta vez considerando la visión de las personas viviendo con VIH y organizaciones dedicadas a esta materia.
“Nosotros llamamos al Ministerio de Salud a dejar sin efecto este documento, a elaborar un documento con la participación comunitaria, excluyendo cualquier certificado médico que pudiese acreditar nuestra condición y que nos exponga a que se vulnere el principio de la confidencialidad”, expresó Robles en sus declaraciones a El Ciudadano.
Vulneración a la confidencialidad
Activistas han señalado que la elaboración de dicho documento ha excluido totalmente a las diferentes organizaciones en la lucha del VIH, lo cual ha resultado en una política pública que no ha tomado en cuenta las diferentes dimensiones que afectan a las PVVIH.
Con relación a esta situación, Robles indicó que si bien valora que en Chile se haya tomado la iniciativa de incluir y catalogar como prioridad a las PVVIH en este proceso de vacunación, lamenta que el protocolo no haya valorado el resguardo de los datos personales y la confidencialidad en VIH establecido en la Ley del SIDA.
Asimismo, señaló que en ningún párrafo del documento se tomaron en cuenta aspectos relativos a situaciones psicosociales, psico culturales, y de discriminación que viven permanentemente las PVVIH.
“Hay muchas personas viviendo con VIH que están preocupadas, que están inquietas, que no quieren, temen, que su estado serológico sea conocido porque viven la discriminación, porque temen al estigma social (…) Entonces es un documento extremadamente técnico, es un documento que no recoge las opiniones, los sentires, las inquietudes, y los miedos de las PVVIH, más bien las excluye”, advirtió el activista.
En esta misma línea, Michael Díaz, director ejecutivo de la Fundación SIDA Maule, valoró que se reconozcan a las PVVIH como un grupo de riesgo para que así puedan aplicarse medidas y protocolos especiales para prevenir la infección por Covid-19, lo cual calificó como una “avance muy significativo”.
No obstante, expresó su preocupación sobre la exigencia del certificado que acredite el diagnóstico GES 18, y advirtió que esto haría que los usuarios que viven con VIH tengan que “exponerse a concurrir a un centro de salud, incluso vulnerando las normativas de distanciamiento social y cuarentena”.
“Nosotros como fundación solicitaremos formalmente a ambas subsecretarias una precisión respecto a ese certificado, porque consideramos que bajo el actual parámetro que establece la ley, sería vulneratorio de los derechos de las personas que viven con VIH”, manifestó Díaz.
Asimismo, advirtió que varias ciudades en la región se encuentran con cuarentena total obligatoria, y que la atención a los usuarios ha recaído en un 90% en los centros de salud más grandes, es decir, los de Curicó y Talca, lo cual dificultaría el proceso.
Con relación a esto, Robles planteó que este protocolo no dimensiona las dificultades de las personas con VIH que viven en regiones.
“Esta política, este protocolo es completamente centralista, porque omite realidades locales, realidades regionales. Hay muchas ciudades que están en cuarentena y personas viviendo con VIH que tienen dificultades para acercarse a sus centros de salud e ir a buscar este obligatorio documento, este papel médico, para acceder a la vacuna en contra de Covid-19”, aseveró.
Poca claridad en la vacuna a utilizar
Además de la nula especificación respecto de los tiempos y lugares para el proceso de vacunación para las PVVIH , también surgieron dudas respecto a cuál será la vacuna con la que se inoculará a este grupo.
En el documento se señalan los estudios realizados en 532 personas viviendo con VIH, correspondientes a las vacunas Pfizer (196), Moderna (176) y Oxford/AstraZeneca (160).
Al respecto, se indicó que sólo de la Moderna se conocen «datos de seguridad y eficacia«, pues de las 176 PVVIH que la recibieron, ninguna desarrolló Covid-19.
Sin embargo, Chile no está trabajando con dicha vacuna, y por el momento se está inoculando a la población de riesgo principalmente con la Sinovac/CoronaVac, de la cual no se han señalado estudios en personas viviendo con VIH, lo cual ha generado incertidumbre en la comunidad.
Sobre CoronaVac, el activista Víctor Robles enfatizó que “existen muchas dudas, inquietudes, incluso críticas respecto a la vacuna y no habría ningún estudio de ésta en relación a personas viviendo con VIH”.
“A nosotros nos gustaría saber cuáles son los estudios, si hay estudios en VIH, cuáles son las dificultades, cuáles pudiesen ser también las reacciones adversas de esta vacuna en PVVIH”, expresó el activista.
Al respecto, Vasili Deliyanis, director ejecutivo de la Fundación Diversifica, se sumó a estos cuestionamientos e hizo un llamado a que estas dudas sean resueltas.
“Sabemos que la vacuna china Sinovac es la que va a ser puesta masivamente en Chile. ¿Se le va a poner a las personas viviendo con VIH/SIDA, la vacuna Sinovac si no tienen los estudios pertinentes?”, cuestionó Deliyanis.
El silencio que mata
El documento emanado desde las Subsecretarías de Salud y de Redes Asistenciales también aportó estadísticas respecto al estado de las PVVIH en Chile, las cuales generaron preocupación en las organizaciones sociales.
En el texto se señaló que de acuerdo a estimaciones de ONUSIDA, en Chile viven 74 mil personas con VIH a diciembre de 2019, de las cuales 67.200 conocen su diagnóstico y 50.300 reciben tratamiento antirretroviral (TAR).
Al respecto, Deliyanis manifestó que “hay un silencio del SIDA”, lo que preocupa respecto de las 16.900 personas que no están tomando terapia. Además, señaló que es “extraño” ver estas elevadas cifras en Chile, un país que tiene una legislación y un protocolo que establece que una persona diagnosticada con VIH o en etapa SIDA debe tener acceso a medicamentos.
“Es un escándalo el olvido, el abandono, y la desidia del Ministerio de Salud, del ministro Paris, de, efectivamente, el silencio que él ha mantenido hacia las personas viviendo con VIH y la falta de información adecuada, precisa, y entendible, eso produce muertes”, aseveró.
Sobre este silencio y exclusión hacia las PVVIH, Robles destacó que no se les ha tomado en cuenta a pesar de los años viviendo con VIH, y señaló que es vergonzoso que el gobierno de Piñera haya destruido y desarticulado todas las mesas e instancias de participación directa para la comunidad. “Queremos que se nos escuche, que se nos integre”, exigió.
Asimismo hizo énfasis en los peligros que implica la falta de información e incertidumbre en este proceso de vacunación.
“Es muy probable que si se insiste en este protocolo y en esta certificación médica, existan y hayan muchas personas que no vayan a ponerse la vacuna por miedo a la discriminación. Entonces si esas personas enferman, si esas personas fallecen por el Covid-19 el responsable de esa situación aquí es el Ministerio de Salud y el ministro de Salud, el doctor Oscar Enrique Paris”, advirtió.
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