Vía Radio Minga / Como una “amenaza a los derechos de los pueblos originarios, pues promueve en la práctica, la extinción de la agricultura indígena”, calificaron las distintas organizaciones la tramitación del proyecto de ley que crea el nuevo “Ministerio de Agricultura, Alimentos, y Desarrollo Rural”, actualmente en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Las organizaciones denunciaron la iniciativa ante el Relator de Naciones Unidas para los Derechos Indígenas, el guatemalteco Francisco Cali, y el Relator para el Derecho a la Alimentación, el libanés Michael Fakhri, a quienes señalaron que esta ley “se concentra en la agroindustria, en el latifundio, en la agricultura intensiva, y por lo tanto niega y desconoce a la agricultura familiar campesina, a la agricultura indígena, que es la que alimenta al país y le entrega soberanía alimentaria”.
Los dirigentes de los pueblos originarios participaron en la sesión de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja el pasado 3 de agosto, señalando que “nos enteramos de este proyecto por la diputada Emilia Nuyado, quien nos invitó a la sesión, y nos dimos cuenta que el proyecto era nefasto para nosotros, que no contenía nuestra visión, pues además de no ajustarse a la realidad de los pueblos originarios, y estar diseñado expresamente para las grandes empresas agrícolas, carece de consulta indígena”.
Asimismo, denunciaron que “el proyecto nombra sólo una vez la palabra indígena, pero sólo en sus fundamentos, y con ello nos niegan, es como si no existiéramos. El proyecto además traspasa el Sernapesca al Ministerio de Agricultura, lo que convertirá al nuevo Ministerio en una ventanilla única para el monopolio o el cartel de los alimentos. Ahora la agroindustria, la pesca y la salmonicultura, tendrán un solo Ministerio, dedicado al fomento empresarial agrícola, y no al desarrollo de la agricultura a menor escala, que es la que resguarda las semillas, cuida la tierra, y alimenta a las grandes ciudades en las ferias libres, con productos orgánicos y frescos a precios bajos”.
En ese punto, advirtieron que“nada impide que el proyecto sea utilizado para fomentar los alimentos transgénicos, cuyo uso ha sido resistido por los pueblos originarios desde un principio”.
Por otra parte, denunciaron que “el articulado del proyecto se aplicará a nosotros aunque no nos nombren, y por lo tanto, se vulneran las medidas especiales que el Convenio 169 ordena que se cumplan para la protección de los pueblos originarios. Negar que existimos en un texto legal, es lo mismo que discriminarnos. Por eso decimos que este proyecto es racista, es un proyecto fundado en el colonialismo, pues el Estado fomenta y tolera que la agricultura industrial use nuestras semillas, tierras y aguas, sin ninguna compensación a sus legítimos dueños”.
“El Estado de Chile ya nos robó las tierras y el agua, ahora van por las semillas, pero también buscan asfixiarnos. El Ministerio de Agricultura actual entrega recursos a los pueblos originarios, pero es difícil acceder a ellos, pues nos ponen muchos requisitos que no podemos cumplir. Ahora, en el Nuevo Ministerio, con el énfasis casi exclusivo que le dan a las grandes empresas, sabemos que esta exclusión y discriminación se intensificará. Es por eso que presentaremos una denuncia ante organismos internacionales para que este proyecto detenga su tramitación, y que se consulte un nuevo texto, que contenga nuestra visión, nuestra realidad, mediante un diálogo honesto con los pueblos originarios”, concluyeron los dirigentes presentes en la sesión.
A iniciativa de la Asamblea Originaria por la Descolonización y la Plurinacionalidad, quienes se hicieron presentes en la sesión de la Comisión de Agricultura, y suscriben la denuncia, son: Verónica Henríquez Antimanqui, mapuche, presidenta Asociación Futa Trawun, Paillaco; Haydee Águila, kawésqar, presidenta Comunidad Indígena At Ap, Punta Arenas; Esteban Araya Toroco, likan Antai, presidente Asociación Indígena de Regantes y Agricultores Lay Lay, Calama; Ariel León Bacián, aymara – quechua, Iquique, Región Metropolitana; Denis Quichel Antillanca, mapuche, presidenta Asociación Newentwaiñ, Concepción; Ercilia Araya Altamirano, colla, presidenta Comunidad Indígena Colla de Pai Ote, Copiapó; Nancy Piñones Ormazábal, presidenta comunidad aymara Elba Sanjinés Huara, Región Metropolitana; María Navarro, miembro de la Comunidad Kawesqar Seno Obstrucción, Puerto Natales; Yaneth Challapa, aymara, habitante de la comuna de Colchane, Cariquima; Carmen Paine, werken de la Asociación indígena de Butalelbun, Alto Bio Bio; Wilfredo Bacián, presidente de la Comunidad quechua de Quipisca, Tarapacá; Ruth Godoy, presidenta de la Comunidad Quechua de Macaya, Tarapacá; Rosa Ovando, miembro de la Comunidad kawesqar Canoeros Australes, Región de Magallanes; Richard Fernández Chavez, Coordinadora Aymara de Defensa de los Recursos Naturales, Arica-Parinacota; Leticia Caro Kogler, presidenta de la Comunidad Kawesqar Grupos Familiares Nómades del Mar, Punta Arenas; y Haylen Chang Cutipa, miembro del pueblo de Belén, quechua, Arica-Parinacota.
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