Mediante una declaración pública, la Red de Acción por los Derechos Ambientales, RADA y el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente, Modatima Wallmapu, enumeraron las diversas irregularidades que existen en torno al proyecto geotérmico que pretende realizar la empresa Adobera SpA en el volcán Tolhuaca, en las comunas de Curacautín y Quilaco.
En el texto se establece que “el 6 abril de 2021, Adobera SpA preguntó al Servició de Evaluación Ambiental (SEA) si el ‘Programa de Perforación Exploratoria Área Adobera’ requería ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En esta solicitud aseveraron que desarrollarían uno o más proyectos de generación de energía eléctrica en base al recurso geotérmico del Volcán Tolhuaca”.
Según denuncian ambas organizaciones, el SEA determinó que el proyecto no debía ingresar al SEIA, principalmente porque no se trataba de una iniciativa de generación eléctrica de más de 3MW, tal como estipula la ley.
“Sin embargo, la empresa ha declarado que pretende construir un proyecto de 9MW, cuestión que no lo informó en la consulta de pertinencia enviada. Además, la concesión de explotación geotérmica sobre el área indica que la empresa ya calculó que existe un potencial de al menos 50MW”, afirman.
Asimismo, denuncian que este proyecto considera la construcción de 6 pozos exploratorios de una profundidad entre 1.500 a 2.000 metros con un total de 20 meses de ejecución, lo que se traduce en potenciales perjuicios y de riesgos posibles para las personas y para el medio ambiente, de acuerdo a estudios internacionales que así lo señalan.
“En este tipo de infraestructuras existe el riesgo potencial de contaminación por minerales, sales y metales pesados afectando directamente los cuerpos de agua, fauna y vegetación. Además, con una potencial afectación a cursos de agua como lo es el Río Blanco, tributario del río Cautín, el cual nace en las faldas del Volcán Tolhuaca”, indicaron las agrupaciones.
Finalmente, la denuncia establece que a cinco años de que se originara este proyecto, no se ha entregado información completa a las comunidades.
“Instamos a la empresa a desarrollar un diálogo transparente, siendo claros sobre sus intereses y proyecciones, sin manipular a los actores locales. Las necesidades de acceso a servicios básicos de energía de la población requieren ser garantizadas, y para ello las comunidades deben ser informadas del desarrollo de este tipo de iniciativas considerando una visión holística que incluya dimensiones culturales, sociales y medioambientales, así como los impactos acumulados del conjunto de inversiones que existen y se proyectan sobre el territorio”, plantearon ambas organizaciones.
Finalmente, recordaron que todas las instituciones deben actuar “conforme al derecho internacional, garantizando los derechos de los pueblos indígenas, los principios de autonomía y libre determinación, así como la participación vinculante que respete sus derechos colectivos. Como organizaciones defensoras de los Pueblos y la Naturaleza comprendemos que los actores del territorio son los primeros en conocer cuáles son las prioridades para la mantención y resguardo de la vida”.