“Nuestra posición es clara. Nosotros decimos que la migración no es un derecho humano. El derecho lo tienen los países de definir las condiciones de ingreso de los ciudadanos extranjeros”, afirmó el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, sobre la decisión de Chile de no suscribir el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular promovido por Naciones Unidas.
La determinación del Gobierno de restarse de la firma, que tendrá lugar en la ciudad de Marrakech, se da a pesar de que el instrumento no es vinculante y respeta la soberanía de cada país para gestionar las políticas migratorias.
A partir del camino tomado por Chile, la Red Nacional De Organizaciones Migrantes y Promigrantes manifestó que el Gobierno de Sebastián Piñera “decide revelar sus verdaderos enfoques en derechos humanos y en migración particularmente, contradiciendo los compromisos internacionales anteriores, sumándose así al grupo minoritario de quienes tienen las posiciones más retrógradas en la materia”.
Junto a Chile, existe un conjunto de naciones que han rechazado el pacto. Hungría lo hizo el año pasado y desde entonces se han sumado Australia, Israel, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Austria, Suiza, Bulgaria, Bélgica, Letonia, Italia y República Dominicana.
Desde la Red explicaron que para el Gobierno, la suscripción del pacto “representa la pérdida de la soberanía, obligación de aceptar migrantes indeseados, compartir los derechos sociales, y dependencia de Naciones Unidas, entre otros”. En realidad, explicaron, la iniciativa multilateral sólo “se trata de un pacto no vinculante que parte del principio de soberanía de los Estados y del derecho que tiene cada uno de definir su propia política migratoria, solo con el compromiso que esta no sea arbitraria y que respete los derechos humanos de las y los inmigrantes”.
“Podríamos decir que es un pacto conservador, no vinculante que no sustituye lo que ya forma parte de la legislación chilena en: materias como la Convención de los derechos de los migrantes, la Convención Internacional sobre los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiaslos, los acuerdos de la OIT, las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todos los instrumentos de Derechos Humanos firmados y ratificados por Chile desde 1948 hasta hoy”, destacaron desde la Red.
Parte del pacto implica un tratamiento especial contra la trata y tráfico de personas. También contiene medidas para evitar la separación de familias con motivo de los flujos migratorios y las detenciones de migrantes.
“Es muy grave cuestionar los derechos humanos porque eso tiene efectos concretos en los cuerpos y vidas de seres humanos, particularmente de quienes no tienen la libertad de comprar los derechos en el mercado que las élites crearon y defienden sacrificando la justicia y dignidad humanas”, concluyeron desde la Red.
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