Por Daisy Alcaíno
A Pablo Montiel, las Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile le dispararon un proyectil en la cara, que acabó con la visión de su ojo izquierdo para siempre. Este carpintero de oficio, de 41 años, se encontraba resistiendo en la Primera Línea, entre las calles Ramón Corvalán y Alameda, en el centro de Santiago.
Era el 1 de noviembre de 2019, a dos semanas de iniciado el Estallido Social chileno.
En tan solo un instante, alrededor de las 20 horas, Pablo se sacó su antiparra para acomodársela, y un impacto lo tumbó; dice que sintió como si fuera un “tablazo” y cayó de espaldas. Su compañera de vida, Pía, de nacionalidad argentina y madre de su bebé, estaba detrás de él, también intentando resistir la represión policial.
“Yo estuve todo el día luchando por la Alameda, pero me dispararon tarde, cuando quedaba poca gente; ya nos estábamos retirando para irnos a la casa, porque los que estábamos ahí teníamos que llegar caminando a nuestros hogares”, recuerda Pablo.
Y añade: “Ahí me llevaron a la Cruz Roja y me dijeron que yo aún tenía mi ojo. Me pusieron unas gotas y un parche, yo veía todo plomo, pero algo divisaba, entonces creí que aún lo tenía, pero después ya nunca más pude volver a ver”.
“Fue como una escena de guerra, me estaban curando a mí y al lado había una cabrita [jovencita] como de 18 años que fue a buscar su bicicleta y los pacos [apodo usado en Chile para designar a carabineros] le dispararon por la espalda, estaba llena de perdigones y más encima su mamá la estaba retando, y en ese momento, yo con mi ojo parchado y con todo el dolor que sentía, los pacos pasaron igual, tirando bombas lacrimógenas, disparando, no permitieron que la Cruz Roja nos auxiliara, dispararon también a los equipos médicos“, rememora Pablo.
Estadísticamente, ese primer día de noviembre, fue uno de los días más violentos que se recuerden desde la revuelta popular que comenzó el 18 de octubre de 2019. Para esa fecha, 2.500 manifestantes habían resultado heridos desde el inicio de las protestas.
En comparación con las cifras otorgadas por el INDH, el presidente de la Cruz Roja, Patricio Acosta, declaró: “Las cifras de heridos que dio el Instituto Nacional de Derechos Humanos [INDH], de 1.570, se quedaron cortos (…) Hay muchos atendidos que no van al puesto ni a los hospitales por temor a quedar detenidos, por lo tanto, la cifra creo que es mayor».
Según información oficial de la ONU, más de 28.000 personas fueron detenidas entre el 18 de octubre y el 6 de diciembre. En cuanto a las manifestaciones entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre, Human Rights Watch denunció a través de un informe, que los servicios de urgencias médicas del país atendieron a 11.564 personas heridas, por armamento disparado por efectivos de Carabineros.
PROMESAS INCUMPLIDAS, NEGLIGENCIAS Y HUMILLACIONES
El 11 de noviembre de 2019, el Gobierno de Sebastián Piñera por medio del ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció el Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO) para sobrevivientes de daño ocular. Según datos del Minsal, este programa a la fecha asiste a 449 personas en el Hospital Salvador, a través del UTO (Unidad de Trauma Ocular), el único hospital público que cuenta con una especialización en esta área.
Para cuando se inauguró, el ministro Jaime Mañalich y el ex presidente Piñera se comprometieron con un equipo multidisciplinario integrado por: oftalmólogos, psicólogos, cirujanos plásticos y terapeutas ocupacionales. Pero, las promesas no se cumplieron. En 2020, el presupuesto disponible para este programa fue de $2.203 millones, pero solo se ocupó el 32%: $718 millones.
A pesar de la gravedad de la mutilación ocular de Pablo, igualmente tuvo que esperar un año para ser operado. “Aquí es donde empiezan las negligencias”, nos dice.
“Se suponía que el PIRO, era un programa de reparación ocular integral, que teníamos que tener todo eso que nos prometieron, pero ellos cumplieron a medias, y fue porque nosotros pegamos el grito y por todo lo que hemos luchado con la Coordinadora”, manifiesta Pablo.
Y añade: “Ahí nos dimos cuenta de que todos teníamos los mismos problemas; nos retrasaban las operaciones, teníamos problemas con los guardias, los médicos nos decían que nos había pasado esto ‘por estar hueviando’, y ahí empezamos a pelear, para que ese tipo de personas no nos atendieran a nosotros”.
El 6 de noviembre de 2021, los sobrevivientes decidieron tomar las oficinas del PIRO, exigiendo un petitorio de once medidas, y junto a ello, la renuncia inmediata de Victoria Pinto, directora del Hospital Salvador, donde funcionaba este programa.
SECUESTRO, TORTURAS Y AMEDRENTAMIENTOS
Pablo Montiel señala que en la época en que sufrió el trauma ocular, él y su compañera, Pía, vivían en un departamento en la comuna de Pudahuel, y que eran vecinos de una pareja de carabineros, quienes, al parecer, los escucharon cantando una canción alusiva a esa policía militarizada.
“A las tres de la mañana llegaron los pacos, el 22 de diciembre de 2019, con amenazas de muerte, y se metieron a nuestra casa sin orden; revolvieron todo”, relata Pablo.
“A Pía la bajaron arrastrando por la escalera, se la llevaron sin zapatillas, con un vestido que se le bajó hasta el ombligo; hubo violencia sexual (manoseos) también con ella. Fue terrible, porque llegaron como si se hubieran estado metiendo a la casa de un traficante”, recuerda.
Y agrega: “Ellos sabían que yo era un sobreviviente de trauma ocular; el paco de al lado me había visto con un parche en el ojo, así que esto fue persecución policial (…). A mí también me torturaron, fui esposado, me golpearon y me patearon en el piso, nos tuvieron esposados toda la noche y a Pía le negaron la llamada al consulado argentino”.
Ella denuncia: “Cuando entraron a la casa robaron más de 600 mil pesos, rompieron el celular de Pablo, que él se compró con esfuerzo trabajando en el Metro vendiendo agua. Y, después, en la comisaría, cuando me hicieron firmar el papel de consentimiento, yo lo leí, vi que era todo mentira y firmé en disconformidad, entonces me sacaron violentamente el documento y el oficial Quintana me dijo que si quería volver a imprimir el papel y firmarlo en voz baja, a lo cual me negué”.
Montiel expresa que, después de ese episodio, comenzó el amedrentamiento por parte de la policía uniformada. “Pía se había dado cuenta de que estaban pasando muy seguido los autos de Carabineros afuera de la casa, pasaban unas 10 veces al día tocando la bocina y, después del secuestro, pasaron hasta disparando los pacos afuera, el hostigamiento también fue con autos civiles, y esto fue durante meses, por lo que nosotros nos tuvimos que mudar de esa casa en Pudahuel”, cuenta Pablo.
DECEPCIÓN, IMPUNIDAD Y RE-VICTIMIZACIÓN
La investigación sobre violaciones a los DDHH ocurridas durante el Estallido comenzó en 2019 y puso el foco en el actual director de Carabineros, general Ricardo Yánez, por su rol como jefe de Orden y Seguridad en el Gobierno de Sebastián Piñera.
El 6 de febrero de 2021, el entonces diputado Gabriel Boric escribió en su cuenta de Twitter:
No obstante, el ahora Presidente de la República decidió que Ricardo Yáñez será quien lidere la «reforma» a Carabineros durante el gobierno de ‘Apruebo Dignidad’ (Frente Amplio y Partido Comunista). Luego de una reunión conjunta, Boric declaró el 28 de diciembre de 2021:
«Independiente de las críticas que yo pueda tener y de las mejoras que tiene que tener la institución, tenemos que hacerlas en conjunto con Carabineros, y eso fue lo que conversamos con el general director de Carabineros, el señor Yáñez, hoy día”.
Con respecto a este cambio de actitud de Boric, Pablo Montiel afirma:
“No se ha conseguido nada con el Gobierno de Boric; yo lo interpelé antes de que terminara su campaña, le dije que había firmado el pacto con el diablo cuando le dio la mano a Piñera el 15 de noviembre [de 2019 (Firma del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución)]. Él se comprometió a perseguirlos a todos ellos, y aún no hay justicia para ninguno de nosotros, incluso ni los cabros que supieron quién les disparó han tenido justicia, están todos [los carabineros] libres”.
Y continúa: “Lo primero que tendrían que haber hecho, es apartar a todos los altos mandos y empezar a investigar, y no lo quisieron hacer, eso fue fome [decepcionante] para nosotros los sobrevivientes, sobre todo cuando vimos que Gabriel Boric, ya siendo Presidente, ratificó en su puesto al General Yáñez y lo sigue manteniendo».
“Tú ahora ves caleta de cabros tuertos y sabís porqué es po`, tú los miras y la vibra te eriza la piel, al toque te das cuenta de que eso se lo hicieron los pacos; entonces es terrible esta impunidad porque yo cada vez que voy al Hospital y veo gente con parches en el ojo me recuerda lo que nos pasó a nosotros, y es súper re victimizante, sobre todo cuando no hay justicia”, sentencia Pablo.
Hasta la fecha no están individualizados los uniformados a cargo del operativo que le quitó la vista de uno de sus ojos a Pablo, como tampoco han sido identificados ni se ha hecho un sumario interno a quienes torturaron y agredieron sexualmente, dentro de las dependencias policiales, a Pía.
El 24 de agosto de 2022 fue citado a declarar en calidad de imputado, el actual director de Carabineros de Chile, Ricardo Yáñez, por casos de graves violaciones a los DDHH durante el estallido social, producto de dos querellas que lo vinculan a la omisión de apremios ilegítimos. El llamado fue realizado por la fiscal jefa de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Ximena Chong.
En esa ocasión, el abogado de Yánez afirmó: “Carabineros está seguro de que durante el 18 de octubre y durante los 162 días que duró la contingencia social, no afectó los derechos humanos de los chilenos, sino que le tocó actuar en un cuadro, en una situación extrema de orden público”.
Según Pablo Montiel, otra persona que debería ser juzgada por su actuación en todo el proceso es Sergio Micco, ex director del INDH.
“Él accedió a conversar con los sobrevivientes solo una vez, y no se le movía ni una ceja para negar las cosas; fue capaz de bajar los números de traumas oculares, según él eran 160, y nosotros teníamos contabilizados más de 560 traumas oculares en la Coordinadora”, asevera.
El 9 de agosto de 2022, Micco admitió que negó reconocer violaciones sistemáticas de DDHH para salvar el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera. Esto fue lo que señaló en un programa de la radio El Conquistador:
«Yo estuve ahí, y en parte enfrenté eso, porque sabía que si decía que habían violaciones sistemáticas a los derechos humanos, en ese mismo momento le iba a poner la firma a que el Estado de Chile se había transformado en ilegítimo desde un punto de vista democrático».
Sin embargo, y pese a esta complicidad ante las graves violaciones a los DDHH, aún este ex funcionario no ha enfrentado ningún proceso judicial e incluso apoyó abiertamente la opción Rechazo a la Nueva Constitución.
Finalmente, Pablo Montiel reflexiona: “Piñera y toda la clase política son los responsables de lo que nos pasó, ellos, al no tomar en cuenta las demandas que exigíamos, contribuyeron a que esto ocurra; a él no le importaba nada, todo lo que hizo en su gobierno lo planeó en su primer mandato, el necesitaba ser presidente por segunda vez para terminar lo que empezó, y ahora lo consiguió, ¿a costa de qué? A costa de ojos, de vidas, de gente presa, por nada”.
Por Daisy Alcaíno