Pablo Sepúlveda Allende plantea Manifiesto Constituyente por la renacionalización del patrimonio natural de Chile y la construcción de un modelo alternativo de desarrollo económico

El médico Pablo Sepúlveda Allende, nieto del ex Presidente Salvador Allende y candidato por el Distrito 10, anunció la semanapasada la creación de un bloque orientado a instalar uno de los temas que debería ser clave en la Convención Constituyente: la renacionalización de todo el patrimonio natural de Chile, tanto renovable como no renovable, entre los que se encuentran minerales como el cobre y el litio, además del agua, los bosques y los recursos marinos, riquezas que se encuentran en manos de grupos económicos chilenos o trasnacionales debido a una estrategia de desarrollo entreguista, oligárquica y antichilena.

«Este es un llamado a la ciudadanía en general, a los trabajadores del cobre, para que juntemos fuerzas para que instalemos este tema en el debate constituyente», señaló Sepúlveda Allende, en un acto realizado frente a La Moneda, en el que planteó que Chile no puede seguir regalando su riqueza en vista de las múltiples y acuciantes demandas sociales que, entre otras cosas, propiciaron el estallido social de 2019.

A través de la plataforma Peticiones.Cl, Pablo Sepúlveda Allende formuló una propuesta para recolectar firmas de apoyo al proceso de renacionalización de los recursos naturales del país.

A continuación el texto completo:

Manifiesto Constituyente por la renacionalización para la construcción de un modelo alternativo de desarrollo económico

El futuro de Chile está estrechamente ligado a la renacionalización y a la soberanía popular de nuestros minerales estratégicos y esenciales, a la recuperación de las inmensas riquezas de nuestros bienes naturales, especialmente del cobre, el litio, el agua y a nuestro extenso mar chileno. Recursos hoy en su gran mayoría privatizados controlados por los grandes grupos económicos.

«El colosal saqueo»

La riqueza regalada a las 10 más grandes mineras privadas del cobre alcanza un valor piso de $114.000 millones de dólares solo entre los años 2005 y 2014.

¡No son 30 pesos, son más de 30 años de saqueo!

Entre los años 1990 y 2019, las empresas que corresponden a la gran minería privada han exportado alrededor de 88.823.500 toneladas de cobre fino, considerando el precio real del cobre para cada año, los ingresos por producción de cobre son 497.670.272.466 de dólares. El cálculo es muy por debajo del real, ya que se debe agregar otros minerales presentes, como el molibdeno, el oro, la plata, entre otros ricos minerales que van en el  concentrado de la pulpa que se exporta. Si llevamos estas cifras a viviendas, es equivalente a llevarse más de 6 millones de casas o departamentos de unas 2000UF.

Según los datos de la Comisión Chilena del Cobre, durante esos mismos casi 30 años, el impuesto a la renta más impuesto específico a la minería, ha sido solo de $ 47.057 millones de dólares que esas mineras han aportado a las arcas públicas del país. Muy lejos de los $497.670 millones de dólares por ingresos por exportaciones. La cifra aportada por concepto de impuestos alcanza para comprar sólo más de 600.000 viviendas, de unas 2000 UF.

¿Cómo es posible que hayan recibido de nuestro país el equivalente de US$ 497.670 millones de dólares, y hayan pagado impuesto por solo US$ 47 mil millones de dólares?

Es realmente un escándalo que, en estos 30 años, nuestros gobernantes hayan permitido y sigan permitiendo este colosal desfalco.

En medio de este proceso histórico que OCTUBRE nos abrió, la historia nos da señales simbólicas mostrándonos el camino: este año se cumplen 50 años de la Nacionalización del Cobre, hecho histórico que el presidente Salvador Allende calificó como, “quizás el acto más importante desde nuestra independencia nacional”. Aquél el 11 de julio de 1971 fue nombrado como“El Día de la Dignidad Nacional.”

No podemos seguir permitiendo este saqueo, por ello queremos hacer un llamado a tomar conciencia y desde las raíces del pueblo protagonizar este proceso constituyente para recuperar la propiedad y el uso racional de nuestras riquezas como asunto medular para el futuro nuestro país.

De la nacionalización de nuestros bienes comunes naturales dependerá el país que entreguemos a las próximas generaciones.

Sin el control público y soberano de nuestros abundantes bienes comunes naturales, seguiremos condicionados y a merced de los grandes capitales trasnacionales los cuales continuarán explotando sin límites, exportando sin mayor valor agregado nuestros recursos no renovables hasta acabarlos sin ninguna consideración socioambiental y sin ningún beneficio para nuestros pueblos poniendo en grave riesgo el bienestar y la vida de las futuras generaciones. 

Recuperar nuestras aguas, nuestros bosques, nuestro largo mar y los minerales estratégicos es clave para poder construir una democracia soberana donde los cambios por los cuales luchamos tengan financiamiento y solidez económica.

Sólo así, las demandas sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales que dieron origen a este proceso constituyente podrían ser garantizadas plenamente por el Estado.

Por eso, la nueva Carta Magna debe mandatar un modelo de desarrollo económico que sea capaz de garantizar los Derechos Humanos, incluyendo los Derechos económicos, sociales y culturales. La Nueva Constitución debe mandatar un uso racional y medido de los recursos naturales procurando mayores grados de valor agregado a los minerales estratégicos, generando una diversificación productiva basada en tecnologías limpias para poder ir disminuyendo gradualmente su explotación; con políticas públicas que tracen mecanismos de transición hacia un nuevo modelo económico que supere el actual despojo extractivista.

Por eso, los Derechos de la Naturaleza y la Protección de los Ecosistemas están estrechamente ligados al dominio estatal, público, soberano y democrático de los Bienes Comunes Naturales.

La soberanía popular sobre estos es la base fundamental para transitar a un modelo económico pos-neoliberal y más temprano que tarde, en una mediano plazo, a un modelo pos extractivista garantizando así el Derecho a la Vida de las próximas generaciones.  

Para eso necesitamos participación popular y votos conscientes, candidaturas valientes y comprometidas. Pero sobre todo, se necesitan conciencias honestas y organización y movilización social constante para poder recuperar nuestros derechos y nuestras riquezas.

Pablo Sepúlveda Allende. Distrito 10 ZL 51. Candidato a la Convención.