Pacogate: Fraude de fondos fiscales ya alcanza los 26 mil millones de pesos

El fraude de fondos fiscales descubierto en Carabineros alcanza ya los 26.000 millones de pesos (unos 42,02 millones de dólares), llegando a un total de 115 de imputados, informaron este lunes fuentes judiciales.

La nueva cifra fue dada a conocer por el fiscal del caso, Eugenio Campos, durante una audiencia contra nuevos imputados. Según la Fiscalía, se trata del mayor fraude institucional desde que en Chile entró en vigor el nuevo sistema procesa procesal penal, hace más de una década y los imputados son en su mayoría oficiales, algunos de ellos de alta graduación.

El caso estalló a fines del año pasado, cuando se reveló que entre 2010 y 2015 funcionarios de la institución desviaron altas sumas de dinero desde cuentas corrientes de Carabineros hacia cuentas personales de los oficiales investigados y está en la Justicia desde marzo, por una denuncia del alto mando del cuerpo policial.

Las indagatorias de este desfalco, que involucra incluso a algunos generales, comenzaron a raíz de un informe de un banco a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) por una transacción de dinero «sospechosa». La UAF creyó que podía tratarse de una transacción relacionada con el narcotráfico y alertó a la unidad especializada en esos delitos de Carabineros, que comprobó que una suma cercana a los 450.000 dólares había sido depositada en la cuenta de un teniente de la institución.

Muchos de los implicados son oficiales que aceptaron que se depositara en sus cuentas personales esos dineros, como se constató nuevamente en la audiencia de este lunes, en la que fue imputada la teniente coronel Aída Silvana Marisio, oficial que era la segunda al mando de la Central de Comunicaciones (Cenco) de la institución, y que fue destituida tras descubrirse que recibió en su cuenta personal 80 millones de pesos (unos 129.000 dólares), depositados por Nelson Valenzuela, padre de una hija de Marisio y uno de los principales responsables del desfalco.

Los demás imputados de este lunes son personas que prestaron sus cuentas bancarias para recibir dinero desde las arcas de la policía y fueron formalizados por delitos de malversación caudales públicos, asociación ilícita y lavado de activos. En ese sentido, el plazo original de investigación, de cuatro meses, ya se cumplió y el tribunal concedió otros seis, que terminan en enero próximo.