Un nuevo antecedente relacionado con posibles sobresueldos en Carabineros entregó ayer el diario La Tercera, al informar sobre una conversación que tuvieron el fin de semana los diputados Gustavo Hasbún (UDI) y Gonzalo Fuenzalida (RN) con el coronel (r) Jaime Paz.
El oficial sindicado por el fiscal Eugenio Campos como uno de los cabecillas del fraude que involucra a la denominada «mafia de la Intendencia» en el robo de 20 mil millones de pesos, fue visitado el sábado por los integrantes de la comisión de la Cámara encargada de investigar el manejo irregular de recursos financieros en la institución policial.
Los parlamentarios sostuvieron que Paz, a quien contactaron través de su abogado Rodrigo Zapico, entregó detalles de cómo funcionaba la distribución de los fondos vinculados a gastos reservados cuando integró el Departamento IV de la Dirección de Finanzas de Carabineros entre 2005 y 2011.
Según Hasbún, Paz «veía el procedimiento en que se repartían los sobres con dinero» y, en ese contexto, señaló ser testigo de cómo traspasaban «los gastos reservados a la Subsecretaría de Carabineros y a todos los generales de la época. También a prefectos y coroneles».
Lo relevante, señaló, es que el ex subordinado del general Flavio Echeverría mencionó como «enlace» para entregar los presuntos aportes que recibió Javiera Blanco (hoy consejera del Consejo de Defensa del Estado), a Hans Picon, mayor que hoy está en servicio activo.
«Era $1 millón mensual (para la ex ministra de Justicia)», declaró el diputado gremialista al diario de Copesa, en base a lo expresado en la reunión.
De acuerdo a antecedentes recabados por este medio, el mayor Picon se desempeña actualmente como jefe de la Unidad de Finanzas de la Prefectura Aysén y está casado con la encargada regional de Inteligencia, capitán Soledad Escobar, ex subalterna del general director Bruno Villalobos.
En agosto de 2016, El Ciudadano relató pormenores de una causa radicada en la Fiscalía Militar de Coyhaique, donde se acusaba a la capitán Escobar de participar en la detención arbitraria de un sargento que denunció falsedad en tablas de servicios confeccionadas por la Subcomisaría de Fuerzas Especiales de Aysén.
Como se planteó en dicha ocasión, los documentos podían comprometer recursos públicos entregados en exceso para alimentación.
Cabe agregar que en el marco del reportaje que publicó este diario, numerosas voces al interior de las filas comentaron la evidente falta de imparcialidad de la capitán Escobar en la eventualidad de que Picon, su cónyuge, tuviera que ser investigado por la Sección de Inteligencia Policial (Sipolcar) de Aysén, organismo a cargo de ella.
La información traspasada por el coronel (r) Paz a los diputados, que sería parte de la declaración que él ya prestó a la Fiscalía, podría complicar aun más el escenario que enfrenta el Alto Mando.