La investigación en curso por malversación de caudales públicos por parte de miembros de Carabineros, cuyo caso de corrupción se conoce también como el Pacogate, contempla un monto que ya asciende los $45 mil millones, al sumarse una denuncia criminal ante el Ministerio Público hace tres años por parte del entonces ministro de Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick.
De acuerdo al portal web Interferencia, el cual tuvo acceso al escrito presentado el 13 de julio de 2018 por Chadwick ante el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos -a cargo del caso-, la malversación de caudales públicos apuntaba a $10.934 millones “que no se encuentra en la cuenta contable de la institución” ni registra justificación millones.
Dicho documento fue presentado cuatro meses después de que se formalizara al exgeneral de Carabineros, Eduardo Gordon, en marzo de 2018, por el delito de los $21 mil millones defraudados por la principal fuerza policial del país
La alerta del ahora exministro, se originó el 11 de julio cuando -durante el proceso de elaboración del presupuesto de Carabineros para el 2019- se recibió información emanada de la institución policial, sobre la cuenta “anticipos a rendir”, detectándose el posible desfalco.
Las irregularidades fueron constatadas con la cantidad de $5.594 millones “correspondientes a personal lesionado más bono de permanencia”, $19.680 millones correspondientes a gratificaciones pagadas durante 2017 y $9.053 millones correspondientes a gastos en adquisición de activos no financieros, tales como terrenos, vehículos y equipos; rendiciones que no fueron solicitados debidamente a la Dirección de Presupuestos (Dipres).
A raíz de esto, el 12 de julio del mismo año, el entonces subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, se reunió con el general subdirector de la institución, Álvaro Altamirano, y el general director de finanzas, René Ureta, quienes supuestamente aseguraron que “toda la eventual documentación de respaldo habría sido incautada por el Ministerio Público”, refirió el citado medio.
Producto de los tres gastos mencionados anteriormente, se denuncia la malversación de $10.934 millones en la entidad policial. Cinco meses después de julio de 2018, Altamirano y Ureta presentaron su renuncia junto a otros ocho altos mandos de la institución, aceptada por el director para entonces, el general Hermes Soto.
Cinco años de investigación
El Pacogate comenzó a ser investigado en 2016, basado en hechos ocurridos entre 2006 y 2017. Aunque todo empezó por una situación que fue abordada por la Contraloría General de la República en el año 2011, producto de una serie de gastos cargados al apartado de «representación» -o gastos de carácter institucional para distintos tipos de eventos- que inicialmente fueron objetados.
Según consignó T13, en ese entonces Jorge Serrano -que al momento del fraude era director del departamento de Relaciones Públicas y antes de su baja era director de Gestión de personal-, recibió un pago a través de un vale vista por 21 millones de pesos de parte del general Gordon.
Si bien Contraloría consideró subsanada la situación, ésta fue indagada en profundidad por el equipo que investiga el fraude en la institución.
Ahora, se espera que en el próximo juicio oral, el cual está pautado para el mes de diciembre de este año 2021, sean tratadas todas las denuncias que rodean el caso.