A principios de junio de este año, Jacqueline Van Rysselberghe, confirmó su renuncia al Servicio Médico Legal (SML), tras la polémica generada por el peritaje, en el que declaró como enajenado mental a un condenado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, el cual que fue invalidado por el ministro en visita, Carlos Aldana.
La militante de la UDI fue contratada el pasado abril para realizar pericias psiquiátricas y brindar apoyo al programa Brecha Psiquiátrica, orientado a disminuir listas de espera sobre salud mental en el organismo.
Según reveló Resumen, Van Rysselberghe debía realizar «pericias psiquiátricas conforme a la metodología y normativa interna de la institución, y asistencia a los juicios orales a los que pudiese ser citada», con la finalidad de contribuir a disminuir las listas de espera en lo que respecta a pericias de salud mental.
El contrato establecido por los meses de abril, mayo y junio, contemplaba el pago de un honorario de $350.000 por cada informe de pericia psiquiátrica realizada. Para recibir esta suma la psiquiatra debería «elaborar y presentar un informe de desempeño que contendrá la agenda de las pericias con su respectiva asistencia, el registro de los informes periciales realizados y entregados para despacho al solicitante».
Asimismo, se estableció que el pago de los honorarios se realizaría «el día 05 del mes siguiente al de la prestación del servicio, previa visación del Jefe de Presupuesto y Finanzas, una vez recepcionado el informe de desempeño y la boleta de honorarios respectiva».
Según reveló Resumen a fines de junio, el primer mes de trabajo de la ex presidenta de la UDI en el SML de Concepción había cerrado sin recibir el pago de honorarios, ya que de acuerdo a lo señalado en el sitio de transparencia del SML, no habría entregado los informes de las pericias para las que fue contratada.
Sin embargo, una actualización de la plataforma muestra un escenario distinto.
Durante el transcurso de julio se publicó la nómina de funcionarios, pagos e informes del Servicio Médico Legal, donde figura el nombre de Van Rysselberghe . En dicha nómina se puede observar que la remuneración líquida mensualizada de la ex presidenta de la UDI alcanza los $4.830.000, y que el pago se encuentra «contra entrega de informe».
Al analizar el detalle del pago, se pude constatar que el informe de funciones desarrolladas «se encuentra en estado de Proceso de ejecución», por lo que en teoría el pago aún no se te habría podido tramitar. No obstante, en la plataforma de Transparencia Activa aparece establecida la remuneración líquida mensualizada.
La información sobre si la remuneración fue finalmente pagada a Jacqueline Van Rysselberghe no ha podido comprobada ser hasta el momento, ya que pese a estipularse un monto de honorario, el informe en cuestión aún se encuentra en ejecución.
Ante esta incógnita, Resumen decidió contactar al Servicio Médico Legal para consultar ya se efectuó el pago de honorarios. Sin embargo, hasta el momento en que el artículo del medio digital fue publicado, el organismo no había entregado una respuesta.
Paralelamente, este medio citado lee escribió a Jacqueline van Rysselberghe por medio de n mensaje en su cuenta en Instagram, red social en la que mantienen una alta actividad-, pero tampoco ofreció una respuesta.
Polémico peritaje llevó a Van Rysselberghe a renunciar al SML
El polémico peritaje por el que Van Rysselberghe debió renunciar al SML fue realizado al sargento en retiro de Carabineros, José Otárola Sanhueza, de 82 años de edad, quien en marzo pasado fue condenado 15 años y un día de presidio, por su responsabilidad como autor de los delitos de homicidio calificado de 19 personas, ocurrido en septiembre de 1973, conocido como la Matanza de Laja y San Rosendo.
Dicho informe fue invalidado por el ministro en visita, Carlos Aldana, ordenó designar a un nuevo perito psiquiátrico para examinar al excarabinero.
La polémica surgió luego de que Aldana solicitara al SML de Concepción realizar un examen psiquiátrico sobre el estado mental del ex uniformado, tras una petición de su defensa, que pide bajar su condena-que cumple en la cárcel El Manzano- por presentar una patología mental.
En el documento del SML realizado por la psiquiatra y expresidenta de la UDI se establecía la enajenación mental del excarabinero Otárola Sanhueza
Sin embargo, el abogado querellante, Patricio Robles, cuestionó el peritaje realizado por Van Rysselberghe, en el que declararía imposibilitado mentalmente a Otárola para cumplir su condena en el recinto penitenciario, argumentando que la psiquiatra no fue contrada para causas de Derechos Humanos.
Ante la posibilidad de que el condenado por la masacre de Laja y San Rosendo pudiera quedar sin condena gracias a los peritajes psiquiátricos realizados por la exalcaldesa de Concepción, los querellantes expusieron el largo historial de declaraciones y gestos de la militante UDI a favor de Augusto Pinochet y violadores de los derechos humanos durante la dictadura por lo que se apuntaba a que debió inhabilitarse.
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