Pandora Papers: Candidatos presidenciales exigen transparencia y diputados de oposición evalúan acusación constitucional contra Piñera

El presidente Sebastián Piñera podría enfrentarse a su segunda acusación constitucional, tras revelarse la investigación “Pandora Papers”, que lo vincula con la venta del proyecto minero Dominga, se adjudicó su amigo Carlos Alberto Délano en 2010.

En la investigación, que contó con la participación de Ciper, LaBotot y 600 periodistas de todo el mundo; se revela que Piñera y su familia estuvieron involucrados con la iniciativa a través de la empresa gestionada por Administradora Bancorp, que controlaba un tercio de la propiedad de Minera Activa Uno Spa, dueña de Minera Dominga.

La operación, se concretó en Chile, con un acta de 14 millones de dólares, mientras que otra operación se llevó a cabo en las Islas Vírgenes Británicas por 138 millones de dólares.

Las huellas de la operación, que involucra los negocios de la familia del Presidente de la República y del empresario condenado por evasión fiscal y cuestionado por el financiamiento ilegal de la política en el Caso Penta, se encuentran entre los más de 11,9 millones de documentos de Pandora Papers, revelado este fin de semana.

Tras revelarse el caso, se realizaron varias críticas por los parlamentarios, entre ellos el del diputado y expresidente de la Federación Regionalista Verde y Social, Jaime Mulet, quien señaló tajante que “Piñera tiene que irse”.

“La información Pandora Papers que involucra al presidente Piñera, causa tanto daño, es lo más grave que ha ocurrido. Creo que el Presidente tiene que irse, voy a pedir la acusación constitucional”, expresó Mulet, en un video publicado en su cuenta en la red social.

A este llamado, se sumó el subjefe de la bancada DC, Gabriel Silber, quien calificó como “altamente grave” y aseveró que, con esta nueva acusación contra Piñera, debido a “esto pone en entredicho la independencia de la autoridad del Presidente de la República».

«Desde la oposición vamos a pedir máxima transparencia respecto a las actuaciones del Presidente, su familia o quienes lo representan en cuanto al proyecto Dominga, y no nos vamos a inhibir de ninguna acción de fiscalización, ya sea desde una comisión investigadora o incluso analizar el mérito de una Acusación Constitucional», remarcó el también integrante de la Comisión de Minería y Energía.

Otro de los que se pronunció fue el diputado de la Región de Coquimbo, Marcelo Díaz, quien manifestío que “el problema de Piñera y la derecha es que han usado SIEMPRE la función pública para sus intereses económicos”.

Por su parte, el senador socialista Álvaro Elizalde, aseveró que, ante esta investigación, el presidente Piñera le “debe una explicación al país.

«Sebastián Piñera le debe una explicación al país», puesto que «conforme al contrato celebrado con el señor Délano, el tercer pago estaba condicionado a que el proyecto Dominga no fuera declarado una zona de protección ambiental», expresó Elizalde, citado por Cooperativa.

Según reveló la investigación de Ciper, la Minería Activa Uno Spa – involucrada en la venta – fue creada en 2008 por la corredora de bolsa Larraín Vial para invertir en proyectos mineros desde la etapa de prospección.

El fondo de inversión manejaba, a través de Minería Activa, la gestión de la empresa, mientras que una serie de inversionistas —la mayor era FIP Mediterráneo— ponían parte del capital. Buscando nuevos negocios llegaron a Santa Dominga Norte y Sur, en la comuna de La Higuera, en cuyas pertenencias mineras se hallaron reservas relevantes de hierro.

Además de la familia Piñera Morel, en Minería Activa Uno Spa hay inversiones menores de otros de sus cercanos, como el gerente general de Bancard, Nicolás Noguera (Asesorías e Inversiones Larraín y Noguera), y el ex gerente de administración de la misma empresa, Santiago Valdés (Asesorías e Inversiones Calatrava).

El segundo mayor inversionista es Inmobiliaria Duero, uno de los vehículos de inversión de Carlos Alberto Délano. Juntas, las familias Piñera Morel (33,33%) y Délano Méndez (22,73%) sumaban más del 56% de la propiedad de Minería Activa Uno Spa.  

Candidatos presidenciales llaman a Piñera a dar explicaciones

Tras darse a conocer la investigación, los candidatos presidenciales reaccionaron y aseguraron que Piñera “quería hacerse rico a costa del medio ambiente”.

El primero fue el abanderado por Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien emitió una carta, y aseveró que el proyecto de la Minera Dominga “es un atentado contra el medio ambiente”.

El presidente Sebastián Piñera “evade impuestos en paraísos fiscales, oculta información relevante y además siempre privilegia su interés personal por sobre el bien común”, expresó Boric.

“En esto no se diferencia nada del resto de sus candidatos Sebastián Sichel y José Antonio Kast. Por eso los cambios que nosotros proponemos son necesarios en términos de políticas públicas y también éticamente”, agregó.

Por su parte, el candidato presidencial del Partido Progresista, Marcos Enriquez Onami, instó a la unidad entre todos los que se disputan la silla del Palacio de La Moneda, para exigir la renuncia del actual mandatario y la acusación constitucional.

“Chile no debe seguir en manos de quien privilegia negocios familiares por sobre la credibilidad económica e intereses del país”, expresó en su cuenta en la red social Twitter.

La candidata presidencial del Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste (Democracia Cristiana), cuestionó la versión del Gobierno al tratar de explicar la vinculación del Presidente Piñera en el denominado “Pandora Papers”.

Provoste, en conversación con Radio ADN sostuvo este lunes que “la pregunta es bien simple: ¿le pagaron o no al Presidente Piñera para que no se declarara zona protegida a esa zona geográfica en La Higuera?”.

“Simplemente no es creíble que el Presidente Piñera no supiera de un negocio millonario entre su familia y su mejor amigo. Esta no es la primera vez que un representante de la derecha es sorprendido haciendo negocios en paraísos fiscales”, acusó.

La candidata presidencial también se refirió a una eventual acusación constitucional contra Piñera.

“Yo no me pronuncio respecto a este tema. Es una atribución que tiene la Cámara de Diputadas y Diputados, y creo que esto será una pregunta fundamental para nosotros. Mientras antes despeje las dudas el Presidente, creo que es mejor para el país”, cerró.

Los últimos en pronunciarse fueron los candidatos cercanos a Piñera. El aspirante ultraderechista del Partido Republicano, José Antonio Kast, expresó que las informaciones reveladas eran “graves y exigen una investigación urgente para determinar responsabilidades y transparentar todo”.

Finalmente, el candidato oficialista Sebastián Sichel escribió en Twitter: “La ciudadanía nos pide transparencia total. Y en este caso, se requiere ir más allá de lo legal y dar todas las explicaciones necesarias”.

Piñera hablará

La Presidencia de la República convocó a todos los medios de comunicación a una rueda de prensa para después de las 13:00 horas, en la que el presidente Piñera se referirá a la investigación sobre los “Pandora Papers”.

Hasta el momento; lo que se ha indicado por parte del Gobierno sobre los «Pandora Papers», es que los hechos ya fueron investigados.

Desde La Moneda explicaron que “el Presidente nunca ha participado ni ha tenido información alguna respecto del proceso de venta de Minera Dominga, operación que se produjo en el año 2010, cuando el Mandatario ya no tenía ninguna participación en la administración de esas empresas”.

«La Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito, ajustarse a la ley y la falta de participación del Presidente Sebastián Piñera en la mencionada operación”, aseguraron.

Por su parte, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, calificó como “una cuestión antidemocrática”, la idea de presentar una nueva acusación contra el mandatario chileno.

“Bueno obviamente no tiene absolutamente ningún sustento, toda vez que absolutamente todo lo que se ha conocido y que se ha dicho hoy día que era comillas nuevo, no lo es”, aseveró el portavoz de La Moneda, cita el portal BioBio.

“Querer hacer una acusación constitucional no es más que un aprovechamiento político y una lógica de golpe blanco que es inaceptable en una democracia”, puntualizó al referirse a la investigación.