Pandora Papers: Fiscalía podría abrir causa penal en contra de Piñera porque contrato original de compraventa de Dominga no fue investigado en 2017

El fiscal nacional, Jorge Abbott, encargó estudiar los antecedentes para saber si procedía o no la apertura de oficio de una causa penal contra el presidente Sebastián Piñera por presunto “cohecho”, tras las revelaciones de la investigación por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), conocida como los Pandora Papers.

El contrato original de compraventa de la minera Dominga no estuvo incluido en las indagatorias del 2017.

Para poder iniciar la causa penal, es necesario la indagatoria, debido a que los hechos ocurrieron hace 10 años, no obstante – cita el portal –, sería una nueva causa por cohecho.  

En la investigación realizada en 2017 – en la cual fue sobreseído Piñera –, en las más de 500 fojas de diligencias realizadas por el ex fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, solo figura un pre acuerdo de compra venta, en español, que da cuenta de la operación y que fue firmado tres meses antes del 10 de diciembre, fecha del contrato en Islas Vírgenes Británicas.

En ese momento, Piñera era candidato a La Moneda y fue denunciado por el diputado comunista Hugo Gutiérrez, quien acusó al entonces candidato de presuntamente haber accedido a información privilegiada de los resultados del litigio de Perú con Chile en La Haya, la que habría utilizado para favorecer sus negocios en la vecina nación.

A pesar del sobreseimiento definitivo, en ese momento, se está investigando reabrir la causa, tras las revelaciones de los Pandora Papers, en la que se detalla que las familias de Sebastián Piñera y Carlos Alberto Délano concretaron una millonaria compraventa de la Minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas.

La investigación revela que, en diciembre de 2010, el controlador de empresas Penta compró la participación de todos los otros socios en Minera Dominga, que incluía a la familia presidencial Piñera-Morel, en US$ 152 millones.

Parte de dicha operación se habría realizado en las Islas Vírgenes Británicas, donde se firmó un contrato de pago en tres cuotas.

La tercera cláusula que revela la investigación, estuvo a la vista de la Fiscalía en 2017, no obstante, es similar pero no es la misma que está en el documento, refiere el portal La Tercera.

No obstante, todavía se está en revisión la investigación, debido a que, en la resolución final, se habla del proyecto Dominga, pero se hace énfasis a un “eventual uso privilegiado de información en el desistimiento del proyecto Barrancones en supuesto favor de la minera de propiedad de los Délano”.

“Lo que dice relación a la Minera Dominga, en relación a lo que dice la parte querellante, en orden a que estamos frente a la infracción del 247 bis, dicho tipo penal exige el uso de información privilegiada, y como el mismo querellante ha referido, no se vislumbra cuál ha sido el uso de esa información, ya que fue un hecho público y conocido por todos, que efectivamente hubo un desistimiento, un llamado por parte del gobierno para que desistiera de Barrancones y la venta posterior a la que alude la querellante, es tres meses, es un antecedente que fue conocido por todos, de manera que tampoco se encuadra bajo ningún punto de vista, ese hecho en cuanto a la existencia de algún secreto y al uso de esa información privilegiada”, se lee en la sentencia dictada hace cuatro años, citada por La Tercera.

La decisión final está en manos del fiscal Abbott y su equipo, quienes resolverían en las próximas horas el inicio de una investigación penal.

“Fiscalía debe actuar”

El diputado Marcelo Díaz instó a la Fiscalía a actuar sobre la denuncia realizada recientemente, y ratificó que – tras estas revelaciones – es necesaria la presentación de una acusación constitucional, cuyo documento será presentado a la Cámara por los diputados de oposición, la próxima semana.

“Es de tremenda y enorme gravedad y amerita que la Fiscalía haga lo que debe hacer e investigar si el Presidente cometió delitos”, expresa Díaz, citado por el El Desconcierto.

“Además, este hecho que es de mayor gravedad, tanto nacional como internacionalmente, justifica la presentación de una acusación constitucional en su contra”, agregó.

Por su parte, Gabriel Silber expresó que “esto echa por tierra el principal argumento del propio Presidente, que todos estos antecedentes eran conocidos por la justicia”.

“Si esto ya era grave, ahora es gravísimo tener a la primera autoridad de la República, investigada por el delito de cohecho. La acusación constitucional que preparamos desde la oposición ahora toma más fuerza”, acotó.

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