Para proteger el salario de las y los trabajadores: fin de la UF

Por Marco Enríquez-Ominami

Suponga Ud. que es un trabajador que recibe un sueldo mensual de $500.000. Y que todos los meses, debe pagar un crédito de consumo por $50.000. Asumamos ahora que la economía presenta una inflación mensual de 0,4% durante los 12 meses del año. Eso quiere decir que el primer mes, Ud. ya no dispondrá de los $500.000 para sus gastos mensuales, sino de $498.000 en términos de poder adquisitivo. Por otra parte, su cuota del crédito ya no será de $50.000, sino de $50.200, debido a que este crédito se reajustará mensualmente en UF, y su sueldo no.

Así, mes a mes, y durante todo el año, su sueldo cada fin de mes tendrá menos poder adquisitivo, y sus deudas serán cada vez más caras. En base al ejemplo utilizado, a fin de año su sueldo tendrá un poder adquisitivo de $476.000, y su cuota del crédito, estará en $52.245.

Los defensores del modelo le dirán que no se preocupe, porque a fin de año, el sueldo se reajustará en la inflación acumulada (IPC anual, si así lo establece su contrato). Pero el problema, es que ya vendrá arrastrando una pérdida en su poder adquisitivo durante un año, mientras sus deudas siempre se fueron actualizando, mes a mes, así como muchos otros gastos: alimentos, arriendos, planes de salud, cuota de educación, etc. Siempre irá un año en pérdida, mientras los bancos, casas comerciales, Isapres, irán con un año de ganancia adicional. ¿Es eso justo?

No, no es justo ni correcto. A mi juicio, siempre la prioridad de la política económica debe ser el procurar proteger los ingresos de las y los trabajadores. Porque no hay activo o motor más importante para una economía, que sus trabajadores, y no puede la política económica generar instrumentos o políticas que terminen dañando sus ingresos, ganados dignamente mediante el trabajo.

Por eso, como candidato, he propuesto eliminar la UF como instrumento de reajuste de precios, hoy utilizados ampliamente en créditos, planes de salud, aranceles universitarios, arriendos, multas, entre otros. El uso de este instrumento, creado hace casi 60 años, con el objeto de proteger los ahorros en la banca, producto de bruscos cambios inflacionarios, ha terminado siendo utilizado indiscriminadamente por el sistema financiero para actualizar todo tipo de compromiso de los trabajadores con ellos, mientras tanto, los sueldos apenas son actualizados una vez al año (si es que el trabajador cuenta con un contrato que así lo establezca).

Hace casi dos años, duerme en el Congreso un proyecto de ley de los diputados Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, para eliminar los cobros en UF de los planes de salud, aranceles de educación, arriendos y dividendos. Llamo al Gobierno a poner urgencia y al Congreso a debatirlo con seriedad. No es aceptable que los ingresos de los trabajadores sufran una merma permanente. El sistema financiero obtiene hoy utilidades anormales, del orden de los USD 5.000 millones anuales, y por tanto, pueden perfectamente reajustar el valor de sus diferentes instrumentos, de forma anual, según variación del IPC. De la misma forma, debiese ser obligatorio, por ley, que todo contrato de trabajo deba ser reajustado anualmente según variación del IPC. Así, tendríamos trabajadores con mayor poder adquisitivo y menos presión en sus deudas, lo que impacta directamente en mayor gasto, y con ello, mayor actividad económica y más crecimiento.

Por Marco Enríquez-Ominami

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