El ministro de Salud, Enrique Paris, respondió el lunes a la Corte Suprema por qué se negó a entregar los correos solicitados por la Fiscalía en el marco de la investigación penal por la presunta desinformación de cifras de fallecidos por COVID-19.
El titular de la cartera, se negó a la solicitud en primera instancia, por lo que obligó al Ministerio Público a insistir por la vía judicial ante el máximo tribunal del país, a modo de forzar al jefe ministerial a entregar los mail del exministro Jaime Mañalich; la exjefa de gabinete, Itziar Linazasoro; y la subsecretaria de Salud, Paula Daza.
Paris respondió este lunes pese a que había pedido más plazo, argumentando sobrecarga del Minsal y que fue mal notificado, en un texto de 35 páginas, en el que apuntó contra la Fiscalía y en particular contra el persecutor Marcelo Carrasco.
En el informe enviado el lunes, aseveró que la solicitud realizada por el Ministerio Público «no se limita a ninguna forma, ni en razón de materia, ni en razón de tiempo, ni respecto de comunicaciones relevantes, o siquiera pertinentes, ni para el esclarecimiento de los hechos objeto de la investigación».
De acuerdo con Paris, la diligencia de la Fiscalia «resulta indiscriminada, imprecisa y de un alcance excesivo».
Aseguró que la Fiscalía “derechamente ha entorpecido la actuación del ministerio que dirijo”, ya que los funcionarios del Minsal están “trabajando a tiempo completo en la contención de la pandemia dedicando incluso parte de la jornada de nuestros funcionarios a extensas declaraciones” ante el Ministerio Público.
Asimismo, afirmó que la información requerida compromete la seguridad nacional.
«La correspondencia electrónica de las autoridades del Ministerio de Salud comprende decisiones en instancias de coordinación, estratégica y logística, respecto a la adquisición de insumos necesarios para enfrentar la pandemia, en un contexto de riesgo real de pérdida de dichos insumos por acciones de terceros países, y por otro, comprende decisiones sobre acceder a información relevante en el ámbito de la defensa nacional«, dijo Paris en el documento.
A juicio del secretario de Estado, la «realización de una diligencia de incautación (…) compromete el acceso y examen de documentos e información de carácter reservado, cuyo conocimiento puede afectar la seguridad nacional, en medio de las acciones del Ministerio que dirijo, para controlar dicha pandemia».
En este contexto, aseveró que «la adquisición de implementos necesarios para enfrentar la pandemia, en un contexto de una verdadera ‘guerra comercial y política’ entre potencias mundiales, con riesgos de incautación en cualquier territorio, que pueden frustrar la futura recepción de los referidos insumos y su utilización a nivel nacional».
Además, explicó que los correos tenían datos relacionados al despliegue de las Fuerzas Armadas a nivel nacional: «La destinación de recursos y efectivos policiales, y especialmente militares, a labores estratégicas y logísticas, cuya información en detalle, es evidentemente relevante para la seguridad nacional».
«Hoy se encuentra iniciando en los países del hemisferio norte, la denominada ‘segunda ola’, lo que hace necesario, que tanto el Ministerio de Salud como las Fuerzas Armadas resguarden la información que de divulgarse podría ser contraproducente a las decisiones presentes», agregó.
De igual forma, según Paris, la solicitud quebranta la reserva los datos de los contagiados: «Corresponde a información sensible pues corresponde a datos de pacientes, lo que otorga el carácter de dicha información reservada».
Con información de Cooperativa y Bío Bío.
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