Patrimonio Cultural en Chile: La fragilidad misma bajo amenaza

Partamos con una fría cifra. Tras el paso del rally Dakar por Chile, resultaron dañados 318 sitios arqueológicos, reconocidos mundialmente por resguardar restos de ocupaciones humanas que poseen hasta 12 mil años de antigüedad. Un patrimonio cultural cuyo eventual daño, de acuerdo a la Ley, reviste carácter de delito. Sin embargo, el rally fue autorizado durante siete años consecutivos. ¿Por qué?

Según el Colegio, de Arqueólogos de Chile, la respuesta está en la contradictoria legislación vigente, que indica que la competencia deportiva “no puede ser sometida al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) pues se trata de una empresa privada extranjera llevando a cabo un emprendimiento comercial -disfrazado de competencia deportiva-, pasando por alto la legislación chilena vigente y los conductos regulares que rigen el accionar de las empresas nacionales o extranjeras en suelo chileno, en específico la Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y Ley N°17.288 de Monumentos Nacionales».

Así, se perdieron segmentos de caminos y senderos prehispánicos, incluyendo partes del camino del Inca y rutas vinculadas al ciclo salitrero, geoglifos, aldeas, cementerios, conchales y talleres líticos, entre otros, ubicados en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, situación que llevó al Colegio a elaborar un Protocolo de Trabajo Arqueológico, donde se consignaron las exigencias mínimas que debe tener el relevamiento arqueológico frente a la realización de los rallys en Chile.

El documento fue entregado y recepcionado por el Instituto Nacional del Deporte y el Consejo de Monumentos Nacionales en noviembre de 2014, pero igual no fue considerado y el rally pudo realizar lo que sería la última versión de su carrera en 2015. Costaría caro: 91 sitios fueron dañados ese año.

En el mundo sólo hay 1.007 sitios denominados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. De esos, 6 están en Chile: el parque Rapa Nui y sus moais, en Isla de Pascua (1995); las iglesias de Chiloé (2000); las oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura (2005); el Campamento Sewell (2006); la zona andina Qhapaq Ñan (2014), que comparte con Perú y Ecuador (conocida también como el Camino del Inca); y Valparaíso (2003), único puerto del Pacífico en tener dicha declaratoria.

Pasemos del desierto al puerto. Uno de los panoramas “fuertes” en el Día del Patrimonio es Valparaíso. Enormes filas de turistas esperando subir en ascensor a algún mirador, restaurantes llenos, extranjeros fotografiando los murales y los edificios históricos de la ciudad, como la ex Intendencia, abiertos a un público diverso que año a año concurre masivamente desde los cerros y desde el Interior.

Pero este año hay un guiño: una manifestación realizada por distintas agrupaciones sociales, convocadas por el Pacto Urbano La Matriz, “para recordar a las autoridades que el gran Patrimonio de nuestra ciudad es el mar, el cual es nuestra identidad, economía y riqueza cultural y ambiental”. Esto, en el contexto de un proyecto que para muchos es absolutamente contrario al Sitio UNESCO por el cual se nombró a Valparaíso Patrimonio de la Humanidad: el T2.

“Valparaíso puede ser portuario y patrimonial al mismo tiempo pero para eso es indispensable que se modifique el T2. Una costanera abierta en el centro del anfiteatro es la mejor manera de potenciar el patrimonio de Valparaíso, diversificando su economía en paralelo de lo portuario, ya que a través  de un turismo ligado al rescate de su legado del pasado, generará recuperación económica, de espacios públicos, de arquitectura y servicios”, señalan en La Matriz.

En ese sentido, además de la amenaza del T2, que propone ampliar el puerto hacia el mar frente al anfiteatro natural, desde la Comisión de Patrimonio del Consejo Regional de Valparaíso alertan sobre el nulo avance que existe en la recuperación de varias obras emblemáticas, como la Iglesia San Francisco, icono de la ciudad.

Según el Consejero Manuel Millones, “aún el Ministerio de Obras Públicas no soluciona las observaciones para poder conseguir el financiamiento y poner esta Iglesia de pie. $7.500 mil millones se requieren y no tenemos un solo peso. Ese templo está en situación de riesgo de colapso, de incendio nuevamente y a nadie le importa nada. El MOP se había comprometido a tener las observaciones en septiembre del año pasado y a la fecha no ha cumplido. Esa es la triste realidad del patrimonio regional».

La situación no para ahí. El Consejero agrega a la lista de inmuebles en riesgo la Iglesia 12 Apóstoles, ubicada en avenida Argentina al lado del Congreso, “y que podría derrumbarse en cualquier minuto”. “Está el Palacio Subercaseaux, destruido en el incendio de calle Serrano y donde originalmente se iba a emplazar el Ministerio de Vivienda o la empresa portuaria, pero tampoco pasa nada. El edificio Astoreca aún no es intervenido, el Mercado Puerto, el Edificio de Aduanas, etcétera”, añadió Millones.

En el resto de la Región, preocupa especialmente la casa de la poetisa Gabriela Mistral en Los Andes, al igual que la situación de Viña del Mar, “donde más de 600 propiedades que tienen características patrimoniales están en riesgo de ser intervenidas para construir edificios de departamentos. Hay una desidia total, una despreocupación y lo que es peor, no tenemos los recursos para hacer frente a estas demandas», concluyó el Core.

Chile requiere una nueva Ley de Patrimonio

1300 Monumentos Históricos, 1400 Monumentos Públicos, 140 Zonas Típicas, 45 Santuarios de la Naturaleza. Esas son las cifras constituyentes del Patrimonio Cultural de Chile. Y como gran parte de estos lugares se encuentra bajo amenaza, desde la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales creen que llegó el momento de dotar al país de una nueva Ley de Patrimonio, “que reemplace a la añeja Ley de Monumentos Nacionales”

“Mientras se demuelen o incendian los inmuebles o territorios propuestos para su protección, las declaratorias deben acelerarse. La autorización de demoliciones en Zonas Típicas, la falta de fiscalización y la grave destrucción del patrimonio arqueológico de Chile, por el paso del Rally Dakar, son algunos de los casos históricos en el que el Consejo de Monumentos Nacionales actuó de forma permisiva y atentando contra la creciente demanda de protección real de nuestro patrimonio cultural. Eso se ha ido revirtiendo de manera definitiva, pero debemos estar atentos”, dicen desde la Asociación, que el pasado mes de abril realizó en Cartagena su Sexto Congreso de Barrios y Zonas Patrimoniales.

Con 10 años de trabajo como carta de presentación, en la Asociación ponen especial énfasis que “en este escenario de una creciente ciudadanía patrimonial, la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales ha cumplido un rol relevante para una época. Con las reflexiones y acciones que a nivel internacional y nacional se han producido en los últimos años, requerimos de una nueva ley, que pase de lo monumental a lo patrimonial. Chile requiere de una nueva Ley de Patrimonio y las comunidades estamos mandatadas a escribirla, proponerla y lograr que el parlamento legisle y la promulgue”.

El punto tiene vital importancia por cuanto en Chile no se ha hecho una discusión sobre lo que es “lo cultural”. ¿Qué es “lo cultural” en Arica, Punitaqui, Los Ríos, en Aysén o en Juan Fernández? ¿Qué pasa con el patrimonio cultural intangible? ¿Oficios, artesanías, servicios? ¿Si se resguardan las iglesias, por qué no se resguardan también los sitios sagrados mapuche, por ejemplo, frente a los proyectos energéticos que los amenazan?

Desde la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales entregan una buena respuesta: “La participación ciudadana es imprescindible para salvar el Patrimonio. Por ello, nuestro objetivo ahora, tras nuestro Sexto Congreso, es realizar una propuesta participativa de una nueva Ley de Patrimonio. El congregar a organizaciones y vecinos, dirigentes sociales, trabajadores, historiadores locales, artesanos, estudiantes, gestores culturales y profesionales interesados en poner en valor el legado histórico de sus territorios, en un espacio de discusión democrática, contribuye a enfrentar de mejor forma este desafío”.

Con una legislación frágil y obsoleta, y una cartera de proyectos inmobiliarios, urbanos y energéticos insistiendo por ser aprobados, la organización y participación vecinal y comunitaria parece urgente. Porque finalmente, de acuerdo a la definición estricta del concepto, el Patrimonio Cultural es nuestra herencia cultural propia, que viene del pasado hasta la actualidad y es transmitida a las generaciones presentes y futuras. O sea, somos nosotros mismos, proyectándonos hacia adelante. Algo bastante romántico, a estas alturas.