Por supuesto incumplimiento de deberes militares, la Fiscalía Militar de Coyhaique instruye, desde el año pasado, una investigación contra el ex prefecto de Carabineros de la Región de Aysén y actual funcionario a cargo del Departamento de Cuarteles en Santiago, coronel Sergio Alarcón Torreblanca.
Fuentes policiales dijeron a este medio que Bruno Villalobos Krumm, general director de la institución, sacó a Alarcón de la región austral en medio de las denuncias realizadas en su contra por el ex fiscal y abogado coyhaiquino Lorenzo Avilés representando al sargento Miguel Riveros Maldonado, supuesta víctima de una persecución impropia de oficiales que fueron involucrados por él en actos de corrupción.
Como informó El Ciudadano en febrero de este año, la versión de Riveros fue conocida por Villalobos de boca del mismo afectado, cuando el general visitó Aysén para inaugurar un nuevo recinto policial en Villa O’Higgins.
Allí habló de los conflictos laborales que tenía con el teniente Nicolás Calderón, oficial implicado en la irregular baja de un funcionario de Fuerzas Especiales que denunció un montaje en el caso del pescador Teófilo Haro, destinado ocultar la identidad del autor del disparo que alcanzó al manifestante en las protestas del movimiento «Aysén, tu problema es mi problema».
En la misma conversación, Riveros puso en conocimiento del mando las acusaciones que había hecho contra Calderón por eventual falsificación de diversas tablas de servicios, lo cual llevó a abrir una causa en la Fiscalía Militar.
En este contexto, y aparentemente a raíz de sus roces con superiores, Riveros fue involucrado en una causa judicial por supuesta conducción en estado de ebriedad y daños a un vehículo. El citado expediente fue cerrado a inicios de abril de este año por el Juzgado de Garantía de Coyhaique, puesto que las pruebas aportadas a la investigación por Carabineros, en contra de Riveros, demostraron ser completamente inconsistentes.
El escándalo motivó una investigación interna que recogió las declaraciones de varios uniformados. Fuentes policiales dijeron a El Ciudadano que en el proceso se entrevistó, incluso, al persecutor aisenino José Morris, quien negó haber ordenado a Carabineros la detención del sargento Riveros por el delito que se le imputó.
Lo insólito es que pese a las conclusiones del proceso sumarial que absuelven a Riveros, el sargento no ha sido reintegrado a las filas policiales.
Una de las gestiones realizadas ante Carabineros por el abogado Lorenzo Avilés fue solicitar copia íntegra de la investigación que desnudó el montaje de los oficiales que participaron en la detención arbitraria del sargento. Lo pidió directamente al entonces prefecto Sergio Alarcón Torreblanca, pero le fue negado. Avilés acusó entonces al oficial de prevaricación administrativa, un delito contemplado en el artículo 228 del Código Penal.
La PDI todavía indaga este caso junto a la denunciada falsificación de tablas de Calderón, quien también fue sacado de la región por la Dirección General de Carabineros.
Cabe reiterar que actualmente Alarcón Torreblanca dirige el Departamento de Cuarteles, unidad cuestionada por el desfalco de más de $365 millones de pesos en la construcción de recintos policiales en Aysén bajo la administración del actual jefe de Zona del Maule, general Félix Flores Santis, caso indagado por el fiscal de Alta Complejidad Oriente, José Villalobos, que recientemente motivó una querella del Consejo de Defensa del Estado.
Antes del cierre de esta edición, El Ciudadano esperaba una versión oficial del Departamento de Comunicaciones Sociales de Carabineros sobre la acusación que enfrenta el coronel Alarcón. Sin embargo, no hubo respuesta.
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