La Contraloría General de la República volvió a solicitar que la Policía de Investigaciones restituya los fondos públicos invertidos indebidamente en camas, televisores y aparatos electrónicos de cocina para equipar la casa fiscal de uso particular del prefecto regional de Aysén, Alfredo Espinoza Ugarte.
Tal como informara El Ciudadano a comienzos de año, el ente fiscalizador emitió el Informe de Investigación Especial 740/2016, desarrollado a partir de una denuncia con reserva de identidad que alertó sobre la recepción, descarga y traslado de pertenencias al hogar de Espinoza, en la ciudad de Coyhaique, «por personal subalterno de la jefatura».
Y aunque esta acusación no fue acreditada por el organismo, sí se constató que la PDI gastó varios millones de pesos en la compra de objetos que fueron «prestados» al denunciado, sin existir reglamento para ello. También se descubrieron errores en el acta de entrega de los bienes, ya que se identificaron 21 elementos adquiridos y no 39.
Otro punto del documento se centró en la existencia de un sobrepago superior a los $3 millones en el traslado de los muebles del jefe policial desde Concepción a la Región de Aysén. Esto porque el flete de la empresa Transportes Logísticos SpA se calculó y canceló como si los enseres de Espinoza hubieran sido recogidos en la Región Metropolitana y no en el Biobío.
De acuerdo a un pronunciamiento reciente de la Contraloría, al que accedió en exclusiva este medio (ver aquí), la entidad consignó que Investigaciones, «mediante el Acta de Entrega de Documentos Contables del 27 de junio de 2017, proporcionó el boletín de ingreso Nº 6, de fecha 24 de marzo de igual año, que acredita, mediante boleta de depósito del Banco de Chile, la restitución de la suma de $3.635.286, pagados en exceso al proveedor».
No obstante ello, el oficio mantuvo su objeción para el caso de los $8.351.956 gastados en el amoblado de la casa del prefecto Espinoza, indicando que «no se tuvieron a la vista nuevos antecedentes que certifiquen haber resarcido el daño al patrimonio fiscal» a ocho meses de emitido informe.
INVOLUCRADO NEGÓ «CORRUPCIÓN»
El prefecto Alfredo Espinoza eligió las páginas de «El Diario de Aysén» para contestar a la primera publicación de El Ciudadano, en enero de 2017.
El oficial declaró en una entrevista que “no hay enriquecimiento ilícito, no hay ningún tipo de conducta tipificada como delito, no hay mala fe, ni dolo”, y que los aparatos y muebles fueron pagados a nivel central con recursos que no estaban en la región.
“Lo que sí existe y la Contraloría así lo concluye, es que hay observaciones a procedimientos internos que no se están cumpliendo de acuerdo a las normas y lo que haremos es adecuarnos a lo que nos dice la Contraloría”, agregó, señalando que “no hay corrupción, al contrario, consecuente con uno de nuestros valores hemos sido transparentes, entregando toda la información”.
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