Ninguna explicación solicitó a Carabineros el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, por los antecedentes que El Ciudadano publicó en un reportaje sobre la desaparición de Jorge Matute Johns, apuntando a la existencia de una presunta red de encubrimiento policial y drogas que estaría relacionada con el actual edecán de la presidenta Michelle Bachelet.
Así lo aseguró la misma policía uniformada ante una solicitud por Ley de Transparencia que realizó este medio. En dicha petición se consultó qué requerimientos de información efectuó La Moneda a su edecán de Carabineros, coronel Rafael Rojas Agurto, tanto antes como después del reportaje – avisado con una semana de anticipación a la ministra Ximena Rincón de Segpres y al gabinete de la Presidenta – y qué medidas tomó Peñailillo como responsable directo de las instituciones de orden.
Recordemos que el mismo día en que la publicación “Caso Matute: Los secretos del Edecán de Bachelet” apareció en los kioskos del país, el vocero de gobierno, Álvaro Elizalde, desestimó su contenido, afirmando que Carabineros había emitido un comunicado público desmintiendo los hechos y que el gobierno acogería esa versión.
El referido comunicado fue redactado en tiempo récord por el coronel Mario Rozas del Departamento de Comunicaciones Sociales de la institución, y dedicaba un párrafo a “condenar la línea periodística” del medio.
El documento oficial de Carabineros que está en poder de El Ciudadano levanta más preguntas. En primer lugar, afirma que ni antes ni después de los dichos de Elizalde hubo contacto entre La Moneda y la policía sobre el tema. Luego sostiene que el comunicado redactado por el coronel Rozas se basó en una presunta rendición de cuentas efectuada por el edecán aludido, la que ni siquiera fue registrada.
“La afirmación de que el Coronel Rafael Rojas Agurto ‘no ha declarado en ningún proceso judicial o administrativo’ (sobre las acusaciones vertidas en el reportaje de El Ciudadano), provino de la propia versión del Oficial Superior. No hay soporte sobre el particular”, escribió el jefe del Departamento de Información Pública y Lobby, Ramiro Larraín.
Este punto representa la mayor debilidad del comunicado, ya que en el proceso judicial del “cartel de Coronel”, iniciado tras la detención del traficante “Mañungo” en julio del 2000 y que fue solicitado por la ministra Carola Rivas para ser analizado en su investigación por la muerte de Jorge Matute, consta que el edecán de Bachelet sí fue citado a declarar por la justicia a raíz de dos testimonios que lo vinculaban con redes de cocaína.
En esa causa – seguida en paralelo a la de Matute, y que hoy cobra relevancia ante la aparición de nuevos testigos como ex uniformados – se incautó una libreta perteneciente a un burrero del traficante que contenía numerosas tarjetas de presentación de oficiales de Carabineros, entre las que se hallaba la del coronel Rafael Rojas.
Junto al nombre de Rojas apareció escrito un número telefónico del Palacio de La Moneda. Esto último se explica porque al momento del allanamiento, el ahora guardián de Bachelet se desempeñaba como escolta del presidente Ricardo Lagos.
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