El abogado querellante, Javier Gómez, solicitó al Ministerio Público citar a declarar a más de veinte funcionarios y ex funcionarios como testigos por el caso “Presupuestos Falsos de la Municipalidad de Viña del Mar”, entre los que se encuentra el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, la actual alcaldesa Virginia Reginato y dos diputados en ejercicio.
La investigación se abrió tras una querella criminal presentada por el propio Gómez en la que se acusa a la administraciónde Viña del Mar de aprobar presupuestos municipales adulterados entre 2011 y 2018, para ocultar el déficit de 17.500 millones.
Cabe recordar que el fiscal a cargo del caso es Patricio Toro, de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, a quien fue dirigida la solicitud. Toro reemplazó a Claudio Rebeco, que fue removido del cargo como persecutor tras presentarse una querella en su contra.
Funcionarios citados
En escrito de 10 páginas, Gómez solicitó, a través de una lista, que sean citados en calidad de testigos los concejales Marcela Varas, Sandro Puebla, Macarena Urenda, Jaime Varas y Víctor Andaur.
Se sumó al ex concejal y actual diputado, Andrés Celis (RN), quien reconoció en una entrevista concendida en 2018 a El Mercurio de Valparaíso que en sus tiempos como edil “el Departamento de Finanzas maquillaba mucho las cifras”.
También figuran los nombres del diputado activo, Osvaldo Urrutia (UDI) y la alcaldesa Virginia Reginato, quien respondió a Bio Bio que «no contesta temas jurídicos, y que eso lo debe hacer las personas correspondientes».
En el listado también aparece el nombre Jorge Bermúdez, actual Contralor General de la República, junto a ocho funcionarios de la misma institución pública, ya que elaboraron el informe que destapó el déficit del municipio viñamarino en 2018. El objetivo es que “rectifiquen o ratifiquen” puntos del documento que constató en ese entonces, que la Alcaldesa y el Consejo Municipal tenían consciencia del déficit presupuestario que afectaba a la municipalidad.
Lentitud en la investigación
Ahora solo queda esperar que la solicitud sea acogida o rechazada por el Ministerio Público, ya que todavía está en análisis el escrito entregado por el abogado Gómez. Pese a esto, confirmaron que hay diligencias en curso que aún no han sido formalizadas, por lo que no pueden dar un plazo definido.
El abogado querellante criticó el avance de la investigación, considerando que es fundamental apurar la causa, y arremetió contra la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, insistiendo que la tónica que se da en delitos vinculados con política es terminar “sin ningún tipo de resultados”.
“Son reacios a formalizar, a investigar y terminan estas causas cerrándolas por vía administrativa, que es lo que nosotros no aceptaremos. La corrupción hay que combatirla, hay que sancionarla, los tratados internacionales nos obligan y no se están cumpliendo”, declaró Gómez a Bio Bio.