Vía Radio Minga / Los acuerdos comerciales entre la Comunidad de la Unión Europea y el Estado chileno se encuentra este año en una fase de revisión y modernización, incorporándose recientemente diversos antecedentes que dan cuenta de una serie de violaciones a los derechos humanos en Chile con la responsabilidad del gobierno de Sebastián Piñera, y que significaría un incumplimiento en las cláusulas de cooperación, lo que constituiría nuevas medidas autoregulatorias e incluso la suspensión de tratados.
Los antecedentes fueron ingresados formalmente a mecanismos de la Unión Europea y a su Parlamento, a través de una carta comunicación e informe suscrito por más de 200 organizaciones y diversas personalidades internacionales de derechos humanos, sociales, de pueblos originarios, de comunicaciones, de mujeres, sectores académicos, de escritores y escritoras de Chile, y de representaciones de 15 países de América y Europa que respaldan la medida.
Dentro de lo referido están los miles de casos en el contexto del llamado “estallido o revuelta social” del 18 de octubre del 2019, y extendida hasta antes del confinamiento por la pandemia, así como diversos hechos críticos relacionados a la situación de la huelga de hambre de los presos políticos mapuche y “numerosos hechos de represión, asesinatos, montajes, odio, intolerancia y discriminación”, que involucra la responsabilidad de diversos agentes estatales.
Otra situación de envergadura, es la de los ministros del Interior, Víctor Pérez, y el de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, quienes, según se ha denunciado, han estado vinculados a sectas nazis dentro de Colonia Dignidad. Así también, mientras se violan Derechos Humanos de numerosas personas en el marco de protestas sociales o de reivindicaciones indígenas, el gobierno ha realizado diversos esfuerzos para liberar a criminales que han cometido delitos de lesa humanidad.
Por todo lo anterior, las organizaciones requieren el cumplimiento de las obligaciones de los principios, valores y normas en derechos humanos que son obligatorias a los estados, así como lo estipulado en el Acuerdo de Asociación entre la Comunidad de la Unión Europea y el Estado chileno.
“Apelamos a que dichas cláusulas no sean solamente retóricas, pues a las sistemáticas violaciones a los DDHH se les debe poner fin”, concluye la carta presentada ante la Dirección General de Comercio de la Unión Europea y delegaciones del Parlamento Europeo.
Más información sobre el Acuerdo Comercial Chile y Unión Europea:
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1793
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