Milton Colombo Astroza, quien frecuentemente solicita información a la Policía de Investigaciones de Chile bajo el amparo de Ley de Transparencia, elevó una petición escrita al contralor general de la República, Jorge Bermúdez, para revisar los procedimientos adoptados en el contexto de la censura de antecedentes relativos al director de esa institución, Héctor Espinosa Valenzuela.
El 4 de julio de 2016, Colombo pidió que la PDI entregara copias de la carpeta personal y hoja de vida institucional de Espinosa, omitiendo incluir detalles de los sumarios administrativos incoados en su contra. El 29 de agosto del mismo año, la jefa jurídica, Rosana Pajarito, negó acceso a los documentos, argumentando que su recopilación distraería a funcionarios de sus labores habituales.
El 20 de septiembre, el peticionario interpuso un reclamo ante el Consejo para la Transparencia (CPLT), el cual, meses después, fue acogido.
El organismo señaló que la PDI había informado que «se requeriría revisar más de 1.500 (páginas) sin mayor explicación y sin hacer referencia alguna, en concreto, al tiempo y a los recursos humanos como materiales que requeriría para su entrega, como tampoco al modo en que entregar la hoja de vida de la máxima autoridad de la Policía de Investigaciones de Chile constituiría en definitiva una afectación al debido cumplimiento de las funciones de la entidad policial».
En su decisión de amparo, el Consejo recalcó que los archivos debían ser entregados a Colombo tras aplicar el mentado «principio de divisibilidad», tarjando «todos aquellos datos personales de contexto de dicho tercero (el director Espinosa), y que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada, tales como el domicilio, estado civil, enfermedades, estado de salud, entre otros».
Aunque esta era la única información que la policía civil debía tachar, el 28 de diciembre, la Jefatura Jurídica remitió a Milton Colombo una breve transcripción de dos páginas, sin timbres o logos, de la hoja de vida de Espinosa, conteniendo datos relativos a destinaciones y calificaciones, sin proporcionar los documentos originales, acto que, en opinión del reclamante, no cumplió lo ordenado por el CPLT.
Colombo expresó sus quejas a la Unidad de Seguimiento de Decisiones y Sumarios del CPLT, sin ser oído, acorde a la versión que relató en el texto que fue presentado este lunes en la oficina de partes de la Contraloría, en el cual se acompañó un intercambio de correos electrónicos con el Consejo.
De acuerdo con el documento – al que El Ciudadano tuvo acceso exclusivo -, la PDI excluyó información que está contenida en la hoja de vida original de su mandamás, tales como «calificadores directos, detalles de sus comisiones de servicio y diligencias ordenadas por los tribunales de justicia, cuentas escritas a sus superiores, entre otros datos no personales», por lo que incumplió la decisión y vulneró los derechos de Colombo.
En conversación con El Ciudadano, el también autor del libro «Mis investigaciones contra la mafia» dijo sospechar que Investigaciones se niega a entregar copia de los archivos originales con el propósito de evitar que se conozcan mayores pistas sobre una investigación a la que Espinosa habría sido sometido en la década de los ’80, a raíz de un «lío de faldas» que presuntamente lo dejó con varios días de arresto.
«Está claro que tiene sumarios en el sur del país y por eso no quieren entregar todos los antecedentes. En la policía hay muchos sumarios que no se conocen. A veces, de delitos que cometen funcionarios de Investigaciones y que no son informados a los tribunales de justicia. Hacen un juzgado chico», declaró Colombo.
En este sentido, aseguró que «la PDI está haciendo caso omiso de una orden del CPLT al entregar un papel con datos sumamente vagos o de bajo calibre», y que su director Espinosa encaja con el perfil de «un Hoover», ex director del FBI, puesto que «estuvo encargado de la inteligencia de la institución y por eso maneja mucha información».
«No tienen por qué haber cosas ocultas en este país», puntualizó.