Piñera ignora a la ciudadanía y por octava vez pone suma urgencia a votación del TPP-11 en el Senado

El presidente Sebastián Piñera renovó la “suma urgencia” a la votación en el Senado del proyecto del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como TPP-11.

Actualmente, la iniciativa se encuentra en su segundo trámite legislativo y con la implementación de la “suma urgencia” la Cámara Alta tiene un plazo de 15 días para el despacho del proyecto.

Esta es la octava vez consecutiva que Piñera renueva la suma urgencia y ejerce esta presión a los parlamentarios para que despachen el proyecto ingresado en el Parlamento a finales de octubre de 2018, durante el gobierno de Michelle Bachelet.

El TPP-11 ha sido motivo de controversia y rechazo, principalmente por representar una amenaza a la soberanía de Chilea la hora de tomar decisiones en distintos ámbitos del quehacer local.

El destacado economista y profesor de las universidades de Cambridge y de Santiago, José Gabriel Palma, ha alertado que con este acuerdo “se crea una jurisprudencia favorable al capital extranjero”.

“Aquí hay un problema básico de soberanía que incluso dificulta crear empresas estatales (…) Este tratado, de firmarse, instalará una serie de candados para que las cosas no se puedan cambiar. Por poner una sola situación, lo que se quiera hacer implicará compensar a las empresas transnacionales, si éstas estiman que son afectadas”, ha manifestado el académico, citado por La Voz de Los que Sobran.

A pesar de las claras intenciones desde el Ejecutivo de querer aprobar el Tratado Transpacífico, al que ya han adscrito Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, el propósito de agilizar la votación este año ha sido infructífero.

La noticia que Piñera pone nuevamente “suma urgencia” a votación del TPP-11 en el Congreso fue tomada por organizaciones como Chile mejor Sin TLC con una visible molestia, en gran medida, por el aparente desinterés del gobierno a escuchar las voces de la ciudadanía en contra del polémico acuerdo comercial. 

El tratado es rechazado por la mayoría de la ciudadanía -como indican la mayoría de las encuestas. Asimismo, cabe recordar que previo al «estallido social», en junio de 2019, diversas organizaciones sociales llevaron a cabo un plebiscito social respecto a este tema, en el que terminaron participando alrededor de 580 mil personas, y que arrojó como resultado un 92,7% de rechazo al TPP-11.

A mediados de mayo, comunidades y organizaciones Quechua y Rapa Nui, presentaron una demanda internacional para que la Comisión y la Corte Interamericana ordenen al Estado de Chile consultar a los Pueblos Originarios el TPP11, y en subsidio, que ordene al Estado de Chile a denunciar o salirse del mismo Tratado en caso de aprobarlo.

Alegaron que el tratado tendría un fuerte impacto y una grave afectación a la forma de vida de los pueblos originarios, al incentivar y asegurar un capitalismo extractivista en Chile, razón por la cual debió ser consultado a los pueblos originarios de acuerdo a las obligaciones estatales establecidas por normas internacionales de derechos indígenas.

Sostuvieron que en Chile no existen acciones judiciales efectivas para cuestionar proyectos de ley o tratados en trámite legislativo que no han sido consultados con los pueblos originarios.

Por otro lado, los convencionales constituyentes electos Yarela Gómez del distrito 27, Bastián Labbé por el distrito 20, Elsa Labraña del distrito 17, Ivanna Olivares del distrito 5, Alvin Saldaña Muñoz por el distrito 15, Constanza San Juan Standen del distrito 4 y Camila Zárate del distrito 7;  suscribieron una declaración emitida por Chile Mejor sin TLC, donde emplazaban al Congreso a “elegir entre congelar el TPP-11 hasta que Chile tenga una nueva Constitución, o dar la espalda definitivamente a los pueblos movilizados y, así enfrentar la ira de los pueblos con memoria”, manifestando un rechazo que ahora alcanza una instancia histórica de representación ciudadana.

¿Por qué la urgencia de Piñera en aprobar el TPP-11?

Este Tratado en múltiples ocasiones ha sido criticado tanto por la ciudadanía como por expertos en la materia económica, debido a los efectos que podría tener en áreas tan importantes como la salud, la agricultura nacional y los derechos laborales.

Sin embargo, lo preocupante del tratado y su legislación actual, reside en cómo este tratado podría afectar a la nueva constitución de ser aprobado antes de la formulación de la nueva carta magna. Esto se debe a que al tratarse de un Tratado internacional, el marco constitucional no podría limitarlo ni modificarlo, explicando así la urgencia del gobierno de Piñera en aprobarlo antes de la convención.

En La columna de Carlos Tromben: El TPP-11 con la mano del gato, se destacan los aspectos negativos del tratado más allá de su polémico contenido, donde se expone que el tratado beneficiaría por sobre todo al mercado internacional en desmedro de la autonomía nacional respecto a, por ejemplo, leyes laborales.

Tromben también explica en la columna que “si se aprueba el TPP-11, como quiere el gobierno de Piñera, la Convención Constitucional no podrá establecer una protección más fuerte para los glaciares, el agua o los derechos de quienes habitan en zonas de sacrificio.”

Sumado a esto, no hay que olvidar que en 2019, el gobierno de Sebastián Piñera, a través del ex canciller Roberto Ampuero y del jefe de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), Rodrigo Yáñez, extremaron recursos para conseguir aprobar el TPP-11, según consigna el medio Interferencia, diligencia que se desarrolló con absoluto sigilo, aumentando las criticas por la poca transparencia que ha habido en este tema.

Por otra parte, si bien el tratado ha sido calificado por el Ejecutivo como un beneficio para el comercio nacional, antes de este tratado, Chile ya tenía y mantiene acuerdos comerciales bilaterales profundos con cada uno de los 11 países miembros del acuerdo, según consigna la columna del escritor y periodista chileno.

“El TPP11 es en realidad un dispositivo jurídico vinculante destinado a proteger dichas inversiones no solo en caso de expropiación, sino de cualquier decisión política que afecten sus ganancias directas, sus royalties y sus patentes. Por ejemplo, la dictación de normas laborales o ambientales más estrictas.”, sentencia Tromben.

Advertencia de Provoste

Sin embargo, pese a las insistencia del presidente Piñera, la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), ha señalado en reiteradas ocasiones que no tiene proyectado poner en tabla el acuerdo para su votación.

En abril pasado señaló que ninguno de los Comités Parlamentarios del Senado parlamentaria ha planteado como «prioridad» la discusión del polémico acuerdo comercial y descartó que sea abordado en el corto plazo.

«Como presidenta del Senado, puedo asegurar que nunca una materia como el TPP11 podrá ser puesta en tabla y discutida sin que la ciudadanía esté plena y anticipadamente informada de ello», aseguró .

A través de un hilo de Twitter, planteó que muchas veces el Ejecutivo «renueva» las urgencias de proyectos que no alcanzan a ser discutidos y sobre los cuales el Presidente quiere reiterar su interés en darles preferencia de trámite. «Eso es lo que ha sucedido con el TTP11, ya en 5 ocasiones este 2021», detalló Provoste.

Aquí, «sin conocer la normativa, algunos interpretan la renovación de la urgencia como una reactivación del trámite del TPP11. Lo cierto es que en lo que llevo como presidenta del Senado, ninguno de los Comités Parlamentarios del Senado ha planteado como prioridad este tema», sostuvo la parlamentaria.

Por el momento, lo único claro es que el proyecto tendrá un plazo de 15 días para discutirlo, algo que no necesariamente obliga a votarlo.