La noche de este viernes 6 de octubre (2023), más de 300 pobladores de la toma del cerro La Virgen de San Antonio bajaron al centro de la ciudad para manifestarse en contra de su desalojo, ordenado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Según señalaron las y los dirigentes del campamento, la acción fue «para demostrarle al Estado que ante la orden de desalojo (los pobladores) pueden dejarse caer sobre la ciudad en cualquier momento».
«Demostramos nuestro total rechazo a la medida y nuestro rechazo a la ley anti tomas o ley anti usurpaciones», añadieron las y los representantes de la toma, quienes hicieron llegar a El Ciudadano algunos videos de su manifestación.
15 mil personas viven en el campamento
De acuerdo al fallo emitido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la toma debe estar desalojada la segunda semana de noviembre de 2023.
En ese sentido, según estimaciones del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), actualmente residen en el campamento cerca de 15 mil personas, agrupadas en unas 5.600 familias.
Por ello, diversas voces del mundo político han llamado la atención sobre el alcance social y humano que tiene la resolución judicial en curso. Desde el Parlamento, el presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara, diputado Tomás Hirsch, calificó de «delirante» la idea de intentar un desalojo de esa magnitud.
«Creo que en eso coincidimos todos y todas, en que es imposible siquiera pensar en un desalojo de 15.000 personas. Francamente, es delirante la idea. Tampoco es aceptable el desalojo de un porcentaje o de un pequeño número, dadas las condiciones en las cuales están las familias», expresó el legislador humanista.
En esa línea, los dirigentes del campamento han informado a las autoridades que el 33% de los habitantes de la toma son niños, y el 27% son extranjeros, muchos de ellos indocumentados.
Finalmente, desde el Gobierno, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, declaró a La Tercera que esta situación «ocurrió antes. Ocurrió en la toma de Peñalolén, que hubo una gran presión de un propietario y terminó comprándose».
«La verdad que iniciar ese camino, que por el hecho de que haya una cierta presión se termine comprando, es el camino que no nos parece el más adecuado. Tenemos que comprar terrenos en muchos lados para muchos objetivos y hay un sistema de prioridades», dijo Montes.
«¿Qué estamos haciendo nosotros respecto a ese campamento? Nosotros queremos primero aclarar cuál es la situación de las familias. Aquí hay un plazo que estableció la justicia, no nosotros (…) y también tienen que operar otras instituciones», puntualizó el secretario de Estado.
Seguiremos informando sobre este tema.
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