Un menor de 17 años se entregó a la Policía de Investigaciones por el asesinato en La Pintana del cabo primero de Carabineros, Óscar Galindo Sarabia. Si bien todavía falta la investigación de la justicia para determinar su culpabilidad, han comenzado a surgir voces que piden endurecer las penas para menores de edad infractores de ley.
Al término de la audiencia de formalización del menor y de otros dos adultos detenidos, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, afirmó que «se está estudiando el estatuto de responsabilidad penal juvenil”.
En entrevista con CNN Chile, la socióloga dedicada a temas de seguridad, Lucía Dammert, abordó la discusión generada a partir de la muerte del policía uniformado y un eventual aumento de penas. “Es parte del populismo punitivo, porque no hay ni un estudio que yo conozca que te demuestre que, aumentando los niveles de castigo o disminuyendo la imputabilidad penal –hay países que la tienen 10 o 12 años– se genere una revisión de los hechos delictuales”, sostuvo.
“La pregunta es si este muchacho de 17 años, si supiera que va a ir preso de por vida, ¿no hubiera agarrado el arma y disparado? Probablemente, estamos pensando en un actor racional y estamos enfrentándonos a otro tipo de actor”, añadió la académica de la Universidad de Santiago (USACh).
Adolescente que se entregó a la policía por caso del cabo Galindo.
La investigadora reconoce “que tiene que haber castigo” por el caso del cabo Galindo, pero advierte que la discusión debería “revisar por completo el sistema de responsabilidad penal adolescente”, fortalecer la agenda del Servicio Nacional de Menores (Sename) y de la prevención del delito, además de una reformulación de la política territorial.
“Empecemos a pensar cómo integrar mejor nuestras ciudades, cómo generar un programa para verdaderamente interrumpir carreras criminales. Sabemos que los jóvenes que abandonan el colegio, que además son cada día más, una posibilidad muy alta es que terminen en el mundo de la criminalidad”, expuso Lucía Dammert.
Si bien la socióloga descartó que “el narcotráfico domine comunas enteras”, sí puso el acento en sus altos niveles de presencia territorial en algunas poblaciones, las que definió como sectores “donde el Estado está bien ausente”. “Son sectores donde el trabajo policial ha sido históricamente mucho más reactivo, con intervenciones poco exitosas”, agregó.
En la conversación, Dammert planteó que “los grupos criminales organizados son una pirámide y lo que estamos mirando nosotros en estas poblaciones son la base. Son estos jóvenes que caen presos una y otra vez, que tienen problemas de consumo, que tienen un uso importante de armas”.
La experta en seguridad criticó el accionar estatal por ser incapaz de “interrumpir carreras criminales incipientes”, puesto que, según argumentó, “el común denominador de la mayoría de los delincuentes que están siendo procesados es una larga historia vinculada con un servicio del Estado, que una y otra vez, o le refuerza su carrera criminal –cuando lo mete a la cárcel–, o no logra disuadirlo”.
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