¿Por qué Sergio Micco debe renunciar a la dirección del INDH?

Por Mauricio Carrasco y Luis Guerrero, Voceros de la Asociación Nacional de Defensores (ANDEDH) y Defensoras de Derechos Humanos (INDH).-

El director del INDH, Sr. Sergio Micco Aguayo, una vez más ha puesto a la institución a merced del escrutinio público. Y en esta ocasión, sus dichos han hecho un daño incalculable al sostener que “no existen derechos sin deberes”, desconociendo con ello el alcance y obligatoriedad del derecho internacional para los Estados sobre esta materia, y poniendo en jaque el sentido de esta institución, que es el proteger y promover una cultura de los derechos humanos. 

Lo que para algunos será un desliz comunicacional, para las y los trabajadores del INDH, así como para las organizaciones de la sociedad civil – quienes son la piedra angular para la existencia de esta institución- es una práctica que lamentablemente se vuelve más habitual, y responde a un intento consciente por introducir una visión conservadora y limitada de los derechos humanos. Si fuese lo contrario, entonces nos encontramos ante una persona que carece de los mínimos exigibles para ser vocero y director del INDH, porque si cada vez que sale en prensa termina diciendo que lo malentendieron, entonces el problema no es la prensa, sino su interlocutor.

Desde el inicio de su gestión ha incurrido en actos comunicacionales y administrativos que evidencian una acción consciente por intervenir y limitar los alcances del INDH, por lo tanto, el discurso “victimista” sobre una presunta confabulación de la izquierda en su contra, que tanto él, como el ala del Consejo que lo apoya intentan imponer, carece de fuerza y de justificación como relato.

Los hechos que respaldan las afirmaciones anteriores, se inician a partir de la crisis social del 18-O. Primero, sus declaraciones sobre la no sistematicidad de las violaciones a los DDHH ocurridas durante el estallido social, limitaron la labor de observación de las manifestaciones, que tuvo que disminuir considerablemente pues el rechazo y molestia ciudadana que generaron esos dichos pusieron en riesgo a todos los trabajadores del Instituto.

Luego, el Informe Anual 2019, se vio empañado por la contratación de un equipo paralelo, externo al INDH (todos cercanos a RN, UDI y DC), para supervisar e intervenir el trabajo realizado por las y los trabajadores, lo que en la actualidad, ha dado pie a una investigación por parte de Contraloría. Esto permitió, entre otras cosas, el homologar “el que baila pasa” con la brutal e ilegal violencia institucional con la que han actuado las fuerzas del orden, desdibujar la responsabilidad del Estado, y finalmente, perder credibilidad ante una población que puso sus esperanzas de protección en la institución, 

La gestión de esta dirección encamina peligrosamente al INDH a la irrelevancia política, social, y a la condescendencia para con el Gobierno. Es efectivo que durante la mayor crisis de derechos humanos desde el fin de la dictadura, el proceso de endurecimiento de las políticas de represión y el cuestionamiento de diversos derechos asociados a la manifestación, la libertad de opinión, entre otros, han sido promovidos e impuestos por el Estado.

En ese marco: ¿Dónde ha estado la defensa de esos derechos por parte de la dirección del INDH? ¿Cuál ha sido la estrategia para promover una cultura de los derechos humanos? ¿Dónde está la labor de seguimiento legislativo a proyectos de ley que pueden vulnerar derechos humanos? Lo cierto es que el director ha preferido priorizar otras acciones de impacto comunicacional inmediato, por sobre el incidir de manera directa en la protección y defensa de los derechos fundamentales, y en esta estrategia, el INDH ha dejado de cumplir su mandato legal de manera efectiva.

La dirección actual también ha caído en una deficiente gestión administrativa. En enero de este año presentó un cambio reglamentario que fue aprobado sólo por la facción conservadora del Consejo, que vulnera la permanencia y autonomía de los equipos técnicos, pues en adelante las jefaturas que son elegidas por Alta Dirección Pública, y que gozaban de estabilidad con independencia de la dirección de turno, en adelante serán de su exclusiva confianza.

Del mismo modo, el nuevo reglamento consolida el aumento del número de asesoras/es de la dirección, respecto de quienes no hay información de cuáles serán (y son) sus funciones, ni tampoco de la experiencia y/o conocimientos en materia de DDHH, pero que sí poseen un vínculo con tiendas partidarias que co dirigen la dirección, como la DC y RN.

Todo este cambio reglamentario se aprobó sin  contar con un presupuesto para su ejecución, ni con una planificación clara para implementarlo. Como consecuencia, hay unidades desmembradas y áreas completas de trabajo que no tienen clara su dependencia y lugar dentro de la estructura organizacional.

Esto afecta directamente la labor de las y los funcionarios para vigilar las acciones del Estado, como también a que se pueda entregar libertad en las líneas de trabajo que el mismo Instituto impulsa. Todos estos cambios han ido en desmedro de la labor imprescindible de los equipos regionales.

Es importante señalar que estos aspectos, sin embargo, no eximen de responsabilidad el actuar del Consejo en su conjunto. El nivel de quiebre interno es evidente para la opinión pública y termina por inmovilizar al Instituto a la espera de que lleguen a acuerdos, que por lo demás, terminan siendo limitados y lejanos a los estándares de DD.HH que deben guiar el actuar institucional.

Gran parte de estos problemas, refieren directamente a la lógica binominalizada de este cuerpo directivo, que se aleja de los Principios de París, y que rigen a este tipo de institucionalidad. Esta lógica ha permitido, entre otras cosas, que el Consejo tenga personas que no cumplen con requisitos mínimos de conocimiento en derechos humanos, y que buscan imponer sus visiones políticas, filosóficas y/o religiosas en discusiones que deben encontrar su fuente en el derecho internacional. Este aspecto, ha sido profundizado por el Sr. Micco, enmascarando peligrosamente el binominalismo por el “principio del pluralismo”.

Ante esto, la necesidad de revisar la estructura de la Ley que rige el Instituto se hace imperiosa. En este punto es importante resaltar que todos los vicios del Consejo han recrudecido bajo la actual administración, y por tanto, junto con esperar un cambio sustantivo en la articulación del Consejo, se hace más urgente abordar el tema del actual director. No es por nada, que es él la cabeza que dirige el Instituto, y que es él quien ha llevado a este punto de quiebre a una institución clave, sobre todo en el marco actual de vulneraciones ocurridas desde octubre en adelante, y aquellas que refieren a la crisis sanitaria que atraviesa el país.