A su «derecho a guardar silencio» se acogió el General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, evitando así declarar ante la fiscal Ximena Chong, quien lo investiga como imputado por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por funcionarios de la institución durante la revuelta de Octubre de 2019.
Recordemos que esta investigación es llevada por Chong, en su calidad de jefa de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, y se inició en 2019 en Valparaíso.
En este contexto, la persecutora y sus diligencias apuntan hacia el actual jefe de Carabineros, por su rol como director de Orden y Seguridad al momento del «estallido social».
«Se le imputa específicamente el delito de apremios ilegítimos por la figura homicida. Es decir, no haber realizado acciones tendientes a evitar que se materializaran los apremios ilegítimos y las torturas que se verificaron durante un periodo determinado. Esto, en su rol anterior en la institución, cuando él fungió como director de Orden y Seguridad», declaró la fiscal Chong tras reunirse con Yáñez en la Dirección General de Carabineros.
«La investigación continúa al margen de la colaboración que puede entregar, sin perjuicio de como señalaron sus abogados, lo más probable que en un horizonte de tiempo máximo de 3 meses, podría estar en condición de prestar declaraciones», agregó la fiscal.
Ya había declarado como imputado
El cuestionado general Yañez ya había declarado como imputado en febrero de 2022. Esa vez, siendo ya el director máximo de Carabineros, fue citado por la fiscal jefe de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien estuvo a cargo de la investigación del caso en una primera etapa.
Aquella vez, el uniformado descartó de plano la aplicación de una política sistemática de ataques contra la población civil, argumentando que una prueba es que «no haya existido ninguna persona fallecida por el actuar de Carabineros».
Ahora, Yáñez fue citado para pronunciarse respecto a dos querellas presentadas en 2021, que apuntan a establecer una responsabilidad superior o de «mando» tras de múltiples apremios ilegítimos registrados entre octubre de 2019 y marzo de 2021 en el país.
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