Ñuble: Conflicto por construcción de embalse motivó visita del INDH a comunidades afectadas

Este martes 3 de noviembre, la sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Ñuble, realizó una visita de observación en terreno a un sector de la comuna El Carmen, a solicitud de diversas organizaciones sociales que expresaron su preocupación por el impacto socioambiental que podría generar la realización de un proyecto que requiere intervenir el río Diguillín.

Los funcionarios de la sede INDH, acudieron al llamado del Comité Salvemos Diguillín y JJVV sector “El Zapallar”, organizaciones sociales de la comuna, y fueron a realizar las primeras indagatorias, que buscan velar por el respeto de los derechos humanos de las 500 personas que viven en el sector, aproximadamente, y que tienen el derecho a realizar observaciones al proyecto, mediante el mecanismo de participación ciudadana contemplado en la ley.

Recordemos que hace algunos días, los habitantes de la zona dieron a conocer una carta abierta donde informaron a la opinión pública sobre la problemática que los afecta:

«CARTA ABIERTA

«El Estado a través del Ministerio de Obras Públicas pretende construir un embalse en el río Diguillín, denominado “Embalse Zapallar”, en la Región de Ñuble. El proyecto se pretende emplazar en el sector Zapallar de la comuna de El Carmen. Tendrá un costo de más de 212 millones de dólares. El volumen de almacenamiento será de 80,0 millones de m3. El área de influencia será de 1.093,19 hectáreas y 389 hectáreas serán inundadas aproximadamente. Las comunas afectadas con este proyecto son Pinto, San Ignacio y El Carmen.

Más allá del millonario gasto fiscal que implica una iniciativa de estas características, gasto que podría destinarse a áreas prioritarias para la sociedad chilena como salud, educación o vivienda, en especial en una de las regiones más pobres del país como lo es Ñuble. Con el dinero destinado al embalse se podrían construir 1.970 farmacias populares, 21 centros de formación técnica estatales (la Región de Ñuble no cuenta con ninguno) y cerca de 10.000 viviendas sociales (en Ñuble aún hay 9.239 familias que no tienen casa propia).

El proyecto tendrá un costo ambiental y social irreparable. Respecto del costo ambiental, desaparecerán cientos de hectáreas de bosque nativo con la consiguiente pérdida del hábitat de la fauna local -parte importante de la flora y fauna que será depredada pertenece a la Reserva de la Biosfera Corredor Biológico Nevados de Chillán – Laguna del Laja. El daño a la biota acuática será irreversible, tanto en el río como sus afluentes, debido a que sus caudales disminuyen cada año, por lo que desaparecerán aguas abajo.

Los costos sociales no son menos graves. En el área de inundación desaparecerán más de 20 hitos arqueológicos, pues es imposible trasladarlos. Familias que viven de la agricultura de subsistencia y de la pequeña ganadería se verán forzadas a abandonar sus tierras, y a emigrar del campo a la ciudad, lo que traerá como consecuencias el desarraigo y la precarización de sus modos de vida. Algunas tendrán que irse a causa de las expropiaciones, y otras por falta de acceso al agua se verán obligadas a vender sus propiedades en una zona donde, coincidentemente, la industria forestal se expande sin ningún tipo de control.

En los países asentados en democracias reales existe lo que se denomina la participación temprana. Esta se entiende como un proceso previo a los estudios de impacto ambiental donde las empresas presentan sus proyectos, las comunidades discuten si son beneficiosos o no y la decisión que tomen estas son vinculantes. 

Es decir, las comunidades realizan observaciones en caso de que consideren que la ejecución traerá beneficios, las empresas adecuan el proyecto de acuerdo a los estándares que exigen las comunidades o suspenden la realización en caso de que la mayoría afectada considere que el proyecto disminuirá su calidad de vida. La participación temprana permite que las iniciativas empresariales de esta envergadura adquieran lo que se denomina Licencia Social, que significa que cuentan con legitimidad social, credibilidad y confianza por parte de las comunidades.

El proyecto Embalse Zapallar adolece de tales características y desde un inicio el proceso para llevarlo a cabo ha estado viciado. En ninguna etapa temprana del proyecto el MOP trabajó con las comunidades afectadas, tampoco se les informó sobre los alcances, positivos o negativos, de este y menos se incorporó o se validó el conocimiento local. Tampoco lo hizo la empresa a cargo del estudio (consultora Consorcio MN Ingenieros-LEN Asociados). Según testimonios de los habitantes del sector, de un momento a otro comenzaron a aparecer personas extrañas al lugar a realizar mediciones y trabajos con actitud prepotente y sin siquiera identificarse.

En el caso de que algún residente negara la entrada a su propiedad se le amenazaba con Carabineros o con la fiscalía. Solo después que se publicó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) realizó algunas reuniones donde se explicaron generalidades, no se aclararon dudas y se le mintió a la gente exponiéndoles que serían beneficiarios del proyecto cuando el caso es el contrario.

Respecto del mismo estudio el MOP lo retiró del SEA por la gran cantidad de observaciones y cuestionamientos, a un estudio a todas luces superficial y carente de rigor técnico, por parte de otros organismos del estado y de la ciudadanía.

Hoy los promotores de esta iniciativa -principalmente el sector agroindustrial de la Región Ñuble- nuevamente presionan al gobierno de turno para que acelere el proyecto y en una carta dirigida al Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno (diario La Discusión, 29/01/2020), exigen comenzar cuanto antes las expropiaciones a las familias que viven en el sector amenazado con la construcción del embalse sin siquiera contar con un EIA serio y riguroso que dé cuenta de las reales dimensiones que tendrá una obra de esta envergadura.

Como organizaciones que defendemos el río Diguillín y nos oponemos a la construcción del embalse, esperamos que el gobierno no ceda a las presiones del grupo interesado. En un proyecto que no cuenta con la legitimidad, credibilidad y confianza de los afectados ni de la ciudadanía, no es posible que el Estado se ponga al servicio, con financiamiento y coerción, de los intereses economicistas de un grupo particular sin medir costos sociales y medioambientales.

En un contexto de crisis hídrica nacional es inconcebible que se siga permitiendo el crecimiento desregulado de la agroindustria, sector que junto a la minería, son los principales responsables de la falta de acceso al agua de cientos de comunas del país y de daños medioambientales incalculables. El Estado no puede seguir siendo aval y propiciador del despojo del agua (y con ello de las tierras) de las comunidades rurales. 

Es momento de que nuestras autoridades dejen de estar al servicio de las élites económicas, principales responsables del saqueo de los recursos naturales. La ciudadanía en la actualidad ha adquirido consciencia y responsabilidad sobre el cuidado del escaso patrimonio que aún queda y no está dispuesta a que una élite, que insiste en ver el país como un latifundio, lo siga depredando bajo el amparo del Estado y de los gobernantes de turno.

Firman:

Somos Diguillín
Unión Diguillín».