Previo a resolver el fondo de un recurso de ilegalidad interpuesto por Carabineros de Chile que busca negar acceso público a documentos relacionados con presuntas irregularidades en la adquisición de carros blindados, la Corte de Apelaciones de Santiago pidió revisar el contenido de la investigación que motivó la controversia.
El archivo fue acompañado al tribunal de alzada por el Consejo para la Transparencia, grabado en CD y en un sobre cerrado, con la finalidad de que los ministros dispongan «de la mayor cantidad de antecedentes» y puedan «ponderar fundadamente y en concreto la afectación alegada por la reclamante”, indicó en un oficio el abogado Rodrigo Reyes Barrientos, el 8 de mayo.
El año pasado, este medio solicitó por Ley de Transparencia – sin tener éxito – una copia del expediente abierto para indagar internamente el proceso de compra de 29 jeeps a la empresa Gildemeister S.A. en el año 2011. Estos presentaban serias imperfecciones técnicas en visibilidad, exposición de combustible y neumáticos, y costaron 3,5 millones de dólares.
A ello apuntó la denuncia efectuada en la época de los hechos por el ex jefe del GOPE de La Araucanía, Marcelo Lobos, quien además criticó la inobservancia que habría tenido sobre esas fallas el hoy director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, general Víctor Herrera.
A comienzos de este año, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, demostró tener una preocupación especial sobre la filtración del escándalo de los Mahindra, cuando entabló una acción legal para revertir la decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia (CPLT) en orden a publicitar los resultados del sumario, de acuerdo a lo requerido por El Ciudadano.
Villalobos argumentó que «revelar el resultado contenido de las indagaciones referentes a las eventuales falencias de seguridad que pudieran presentar los referidos carros blindados pondría en riesgo la integridad física de sus ocupantes y operatividad de los mismos, siendo esto en perjuicio del personal policial y del adecuado mantenimiento del orden y la seguridad de la comunidad”.
Aunque el caso fue traído al presente a raíz del proceso que tendrá que fallar la Corte en los próximos días, el mismo fue citado en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el denominado «Pacogate» por el general inspector Nabih Soza, quien refirió al listado de alertas previas al fraude emitidas por la Contraloría General de la República.
Ese mismo 15 de mayo, pero en la tarde, el contralor Jorge Bermúdez reveló en el ex Congreso una concentración de auditorías en la Dirección de Logística, unidad que frecuentemente debió ser fiscalizada por anomalías en licitaciones.
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