El posible nuevo director de la ANI que persiguió a «marxistas» y «homosexuales»

Preocupación ha generado el eventual nombramiento del ex contralmirante de la Armada Óscar Aranda Mora como el nuevo mandamás de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) del gobierno de Sebastián Piñera.

La designación resulta clave en el marco de las reformas de seguridad que el mandatario prometió impulsar tras el bochornoso episodio de la Operación Huracán, a raíz del cual partiría haciendo cambios al interior de Carabineros, como la salida del general director Bruno Villalobos.

Aunque la nominación de Aranda, nacido en Pensacola, EE.UU., es casi comentada como un hecho en algunos círculos del Palacio entrante, la elección no está exenta de reparos.

En 2015, el otrora jefe de inteligencia de la Armada fue denunciado por crear y distribuir un documento denominado Listado de Personas con Restricción para Interactuar con la Armada (EDI 4302), el cual mencionaba a quienes supuestamente desarrollaban «actividades al servicio de otros Estados o de organizaciones o de grupos extranjeros, o por sus agentes locales, dirigidas en contra de la seguridad del Estado y la defensa nacional”.

Uno de los nombrados fue Humberto Palamara, ex oficial naval, abogado y autor del libro «Ética y Servicios de Inteligencia», quien luego de ser considerado como un «traidor» por las Fuerzas Armadas demandó al Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, provocando la intervención del organismo internacional.

En 2005, la CIDH condenó a Chile por censurar la publicación de Palamara. Pese a esto, 10 años después, el ex contralmirante Aranda incluyó su nombre en la lista negra de enemigos internos.

Según Palamara, el instrumento incorporó a «personas y familiares de éstos, de los cuales la Armada tenía información (recopilada en el régimen de Pinochet y bajo la democracia) de que eran marxistas u homosexuales».

En conversación con El Ciudadano, el denunciante acusó al ex uniformado propuesto para la ANI de «vulnerar la ley de inteligencia» (artículo 21, inciso primero, de la Ley 19.974), al excederse en la atribución que fija los objetivos de la inteligencia nacional, y que debe ceñirse a los criterios establecidos por el Ministerio de Defensa.

«Hay que destacar que incluso después de terminada la dictadura, se persiguió a estas personas hasta el año 2015 (cuando la EDI fue retirada de los cuarteles). La denominada política de los acuerdos permitió que la Armada siguiera operando bajo la doctrina de la seguridad nacional», resaltó Palamara.