Posición de Fundación Terram respecto a las principales deudas ambientales en el marco de la crisis sociopolítica de Chile

Considerando el estallido social que irrumpió con fuerza en el país desde el día 18 de octubre hasta la fecha, desde Fundación Terram tenemos la necesidad de relevar algunas demandas mínimas vinculadas a temáticas socio-ambientales existentes en nuestro país, las que dan cuenta que muchos de los abusos que hoy tienen a los habitantes de Chile manifestándose en las calles se relacionan y, en definitiva, se gestan desde diversas injusticias vivenciadas y sufridas en los mismos territorios donde ellos habitan.

Observamos con desconfianza la agenda social que pretende instalar este gobierno, pues en ella no se reflejan ni satisfacen verdaderamente las demandas de las comunidades ni se solucionan de manera alguna los problemas de desigualdad que las afectan, los que en buena parte se explican por la existencia y profundización de un modelo que, desde la dictadura, ha tendido a una injusticia social y una segregación ambiental de la que los distintos gobiernos que han estado en el poder, durante casi 30 años en democracia, no se han hecho cargo.  

En este sentido, siendo el foco de este gobierno la reactivación de la agenda económica, así como la implementación de algunas mejoras sociales y la generación de fuentes de empleo desde el sector privado, solucionar estructuralmente los problemas y conflictos socio-ambientales pareciera no ser un asunto prioritario para la gran mayoría de las autoridades políticas, como tampoco para buena parte del sector empresarial que desarrolla proyectos de alto impacto ambiental, cuyas consecuencias en los territorios han sido largamente denunciadas por las comunidades que no han sido escuchadas ni validadas en sus demandas justas y legítimas. 

Por lo anterior es que, bajo el contexto de la crisis estructural que actualmente afecta a nuestro país, desde Fundación Terram creemos imperioso reiterar y enfatizar algunas demandas fundamentales en temáticas socio-ambientales desde el punto de vista de las políticas públicas, algunas de las cuales ciertamente son de larga data y han sido promovidas desde las mismas comunidades y organizaciones locales. Estas son:

Firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú para avanzar en la generación de espacios de diálogo informados e instancias de participación significativas por parte de la sociedad civil en distintos niveles, logrando así una mayor incidencia en el proceso de toma de decisiones en asuntos ambientales;

Modificar el actual Código de Aguas en términos que, al menos, se reconozca el acceso al agua potable y saneamiento como un derecho humano y se establezca una priorización de usos del componente hídrico que privilegie el consumo de las personas, releve la importancia del mantenimientos de los ecosistemas y garantice el acceso al agua en economías de subsistencia, tanto para los nuevos derechos como para los ya otorgados;

Implementar un plan de acción integral que garantice el fin de las llamadas “zonas de sacrificio”, considerando el cierre y desmantelamiento, en el corto plazo, de centrales termoeléctricas a carbón así como un cronograma definido para la revisión, actualización o, en su caso, elaboración de nueva normativa sobre calidad del aire de acuerdo a estándares de la OMS;

Retirar de tramitación legislativa diversos proyectos de ley presentados por el Ejecutivo que insisten en una visión privatizadora de los componentes ambientales y, en su mayoría, en una reducción del rol estatal frente al resguardo de la iniciativa privada, siendo ellos los siguientes:

-Proyecto de Ley sobre Administración del Borde Costero y Concesiones Marítimas (Boletín Nº 8.467-12);

-Proyecto de Ley Pro-Inversión I (Boletín Nº 11.747-03);

-Indicación sustitutiva Nº 369-366 formulada con fecha 10 de enero de 2019 al Proyecto de Ley que reforma el Código de Aguas (Boletín Nº 7.543-12);

-Proyecto de Ley que introduce modificaciones en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Boletín Nº 12.714-12);

-Indicación sustitutiva al Proyecto de Ley sobre Protección de Glaciares (Boletín Nº 11.876-12).

Finalmente, nos parece imperativo abrir espacios de diálogo transversal entre los distintos actores nacionales y locales, así como avanzar en ofrecer señales claras para la resolución de los distintos problemas socio-ambientales existentes en nuestro país. Para salir de esta crisis, no solo son importantes las mejoras sociales, sino que el gobierno de Sebastián Piñera debe asumir una agenda de trabajo relacionada con la justicia ambiental. El rol del Estado es garantizar el acceso a derechos fundamentales en diversas materias y, en lo particular, el derecho a un ambiente sano, a la salud, y al agua potable y saneamiento de todos los habitantes, sin excepciones. 

Fundación Terram, 25 de octubre de 2019.